¿Justicia Especial para la Paz o para las Farc?

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La noticia de la semana pasada fue la ausencia de quorum en la aprobación de la conciliación, mediante el instrumento dictatorial del “Fast Track”, del Acto Legislativo que da vida a la mal llamada Justicia Especial para la Paz. Lamentablemente el martes entrante el gobierno aplicará su sobredosis de mermelada, para que quede consumado el plan de destrucción de la sociedad y su fuerza pública. Lo aprobado no sólo desconocerá nuestra institucionalidad, sino que pondrá en riesgo las garantías y derechos fundamentales de todos los colombianos, excepto los de los criminales farianos.

Que la JEP sea un monstruo por encima de nuestra Rama Judicial con más poderes que cualquier institución, donde mecanismos de control efectivo contra los abusos como la tutela o la participación restringida de la Procuraduría como garante del debido proceso, no sean incluidos como lo ordena nuestra Constitución, es una clara muestra de lo que nos espera: Persecución pura y dura contra quienes defendimos el Estado de Derecho y contra quienes combatieron el narcoterrorismo.

Los indicios de venganza de esta “justicia” se tornan en pruebas más sólidas cuando vemos en el comité de escogencia de los magistrados, nombres de “ilustres” personajes como Álvaro Gil Robes y Diego García Sayán, que se han caracterizado por defender, e inclusive indultar, a criminales de lesa humanidad y perseguir hasta encarcelar a los miembros de la fuerza pública.

A ese grupo de extranjeros se suman desde ya, con el turbio propósito de hostigar a los miembros de nuestra Fuerza Pública, organizaciones no gubernamentales como DEJUSTICIA y la Comisión Colombiana de Juristas, que a través de una reciente nota publicada en El Espectador disfrazan de “inquietudes” una serie de mentiras alrededor del tratamiento a militares y policías en el marco de los acuerdos entre gobierno y FARC.

1. Difundieron que la JEP elimina el DIDH como regla para calificación de conductas de militares y policías. Falso. Solamente deberían leer el Art. 21.

2. Afirmaron que el Acto Legislativo de la JEP contempla un trato especial y una regla particular para la Fuerza Pública “sin razón alguna”. Si así fuera, habría miles de razones, pero tal afirmación también es falsa. Los remito a las páginas 149 y 290 del acuerdo final entre gobierno y FARC. El tratamiento especial solo se refiere a cuatro aspectos: Calificación de conductas, responsabilidad de mando, modalidad de ejecución de sanciones y formas de reparación a víctimas.

3. Sostuvieron que la JEP tendría competencia sobre delitos cometidos por la Fuerza Pública con el ánimo de enriquecimiento personal. Falso. Los invito a leer el Art. 22 en el que se excluyen expresamente de la JEP este tipo de conductas.

4. Tergiversaron el tema de la responsabilidad de mando, citando el caso de Jean Pierre Bemba, Vicepresidente del Congo, quien ostentaba mando de hecho sobre estructuras ilegales, no siendo éste el caso de nuestras FFMM.

Es curioso, cuando menos, que estas organizaciones que dicen “trabajar por la justicia”, sean extremadamente rigurosas con el trato a los militares y policías de la Patria, pero muy laxos con las reglas que se aplicarán a los terroristas. Mientras se rasgan las vestiduras con mentiras contra nuestros héroes, pasan de agache, callados, con el exceso de beneficios a los narcoterroristas. ¿Por qué no protestaron por la falta de castigo proporcional, entiéndase reclusión, a los responsables de crímenes atroces?¿Por qué no se han pronunciado en defensa de la proposición del senador Galán, de prohibir que reincidentes pudieran participar en política?

Ojalá en el futuro no repitamos, como hoy, que advertencias que hicimos, que nos costaron el rótulo de mentirosos, terminaron siendo ciertas.

No se puede vencer a quien nunca se rinde, salgamos a la calle, protestemos, que el pueblo unido es el muro de contención de la destrucción de nuestra democracia.

María Fernanda Cabal.
@MariaFdaCabal

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