La tiranía de las causas justas (II)

Bogotá, octubre 28 de 2018

Alfredo Briceño, campesino orgulloso de su quehacer rural, cuenta que su padre, don Ciro Briceño, ya fallecido, dedicó toda su vida a cultivar arroz y caña de azúcar, en el Distrito de Riego de El Zulia, en Norte de Santander.

Hacía más de 30 años el extinto Incora le había adjudicado una parcela, que logró pagar con el fruto de su intenso trabajo y que le había dado las utilidades para crecer. Toda la comunidad de la región lo conocía y daba testimonio de su honestidad y entrega al campo.

En 1987,  cuando Alfredo tenía 11 años,  la guerrilla invadió la tierra de su familia y los desplazó violentamente de su terruño. Son recuerdos trágicos porque ese ataque obligó a Don Ciro a acercarse al Incora para negociar su predio, aunque perdiera dinero, resignándose a recibir un valor inferior al verdadero.

El Incora entonces le otorgó bonos de la nación a 10 años, los que negoció también por un valor inferior -perdiendo más dinero aún-, a cambio de recibir la plata rápidamente.

Don Ciro, insistiendo en mantenerse como agricultor en la región, compró una finca en La Represa Pedregales e intentó empezar de cero otra vez con una nueva esperanza, pero la permanente situación de amenaza e inseguridad lo llevó a huir de nuevo. Así, en cada negocio, cada desplazamiento, cada abandono, su capital familiar se iba menguando.

Con el tesón de quien tiene agallas y determinación para sacar adelante a su familia,  decide en 2006 -con lo que le quedaba- comprar una parcela en la Vereda El Pajarito, lugar donde se establece con su familia y empieza a trabajar. De esta forma le compra al Señor Daniel Palencia la parcela número 20 denominada “Diana Milena”, por la suma de $72’000.000.

Un duro revés le llega con la ola invernal que azotó a Colombia en 2010 y en 2011, años en que sus cosechas se perdieron por completo. Don Ciro intentó acceder a los subsidios y ayudas que el gobierno otorgaba a causa del desastre agrícola en todo el país, pero no lo logró. Sin embargo, poco a poco consiguió sanear sus créditos y deudas.

El 26 de junio de 2013, sólo dos años después de la pérdida de todos sus cultivos a causa del invierno, la Unidad de Restitución de Tierras se presentó con la Policía Nacional en su parcela y ejecutó su desalojo, después de acusarlo de ser un paramilitar perteneciente a las Bacrim y que, según la sentencia del tribunal, habían desplazado a Daniel Palencia -el sujeto al que su padre le había comprado su parcela en 2006-.

Ese día empezó la tragedia que ha minado el prestigio, la honra y el patrimonio de Alfredo y de su familia, dejándolo  en la absoluta quiebra económica. El Estado, aplicando la ley 1448, sin previa investigación condenó a la miseria a la familia Briceño, revictimizándola.

“Toda la vida trabajando en el campo y ahora ver cómo cambió mi vida, mi familia, mis amigos, la situación económica se fue al piso y el Estado colombiano no me reconoce ni un peso de toda mi inversión y mi trabajo. Todos los días le pido a Dios que me dé mucha fortaleza para enfrentar esta situación”. Afirma Alfredo.

Daniel Palencia fue denunciado penalmente por falso testimonio y fraude procesal. Sin embargo la lentitud de la justicia, la estigmatización a los propietarios y la ruina al perder su único medio de producción, hacen de este caso uno más en el común denominador del despojo revestido de legalidad en el que se ha convertido la Ley de víctimas y restitución de tierras. Una ley que, a pesar de su fin restaurador, terminó haciendo daño.

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