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Fuera Santos ¡Fuera!

Tenemos muchas razones para salir a marchar el próximo 1 de Abril. Razones de conciencia, de responsabilidad ciudadana, de protesta, de patriotismo, de absoluto hastío y rechazo a todo cuando encarna Juan Manuel Santos.
Las palabras se acabaron y los hechos nos aplastaron. La impotencia y la rabia que crecen día por día bajo su gobierno,  no deja lugar a nada más.
Es hora de que los colombianos dejen de pensar que lo que vive el país hoy es un problema de partidos o de pugnas personales. Es hora de despertar al indiferente, porque su patria, esa que un día tuvo esperanza,  está siendo asaltada cínicamente por el poder encarnado en un solo hombre, por encima de lo más sagrado de una democracia: la voluntad popular.
Somos muchos más que los arrodillados, que los enmermelados, que los cómplices y que los ingenuos e indulgentes  que todavía piensan que hubo que “tragarse algunos sapos”  y que aquí no va a pasar nada. Somos muchos más que no justificamos tantos hechos de corrupción para avalar la falsa paz con la que nos convertirán en esclavos.
El cinismo extravagante con que el gobierno maneja su íntima y evidente relación de complicidad con las FARC, es inconcebible. La desfachatez con que asume la recién destapada corrupción con que financió sus campañas, la perversa capacidad para  acomodar sus fichas en el Congreso, en las Cortes, en la Fiscalía, está llevando a la ciudadanía a límites insuperables.
Santos tradujo en Reforma Tributaria el hueco fiscal que ocasionó con su re-elección robada.
Triplicó la deuda externa, abocando al país a un endeudamiento impagable.
Legalizó el narcotráfico, el abuso sexual, el reclutamiento de menores, el secuestro y la extorsión, todo por la paz.
Armó shows mediáticos para aplaudir secuestros y asesinatos.
Ha humillado a un país entero a cambio de nada.
Se ha hecho el indiferente con los secuestrados que aún están en poder de la guerrilla, ha evitado exigir la liberación de los niños reclutados, para no poner en evidencia un crimen de lesa humanidad. Ha sobornado al Congreso para avalar el Fast Track, mediante el cual, ilegalmente, ha hecho aprobar la Justicia Especial para las FARC.
Ha permitido el increible aumento de los cultivos de coca;
ha favorecido el blanqueo de dineros de los terroristas, disfrazándolo de “conexidad con la rebelión”.
El gobierno no tiene argumentos creíbles y las FARC han aprovechado su ambición de popularidad internacional para fortalecerse, re-inventarse y seguir delinquiendo a través de su “disidencia”, mientras hacen exigencias sin cumplir por lo menos con sus compromisos.
Santos debe salir del Palacio de Nariño. En un Presidente indigno. Por eso todos los marchantes este próximo 1 de abril, entonaremos la frase “Fuera Santos ¡Fuera!”  ¡Y que se vaya!
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Atrapados, sin salida.

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Bogotá, 23 de julio de 2017.

Recientes denuncias hechas por desmovilizados de las Farc y que han sido difundidas por Herbin Hoyos, dan cuenta una vez más del accionar maquiavélico y perverso de este grupo terrorista.

El Decreto 899 de Marzo 17 de 2.017 expedido por el gobierno, otorga beneficios y prebendas a los guerrilleros desmovilizados y liberados de las cárceles. Sin embargo, para tener acceso a estos beneficios, deben presentarse en las zonas veredales y someterse nuevamente a la disciplina guerrillera, hacer parte de su andamiaje político, carnetizarse y doblegarse a que sean las Farc quienes expidan la lista única de beneficiarios, aunque ellos comprobadamente hayan pertenecido a sus filas y quieran empezar a hacer una vida en la civilidad alejados de las estructuras terroristas.

Quienes se nieguen a continuar perteneciendo a la recién creada organización política de las Farc, no serán acreditados por ellos para hacerse acreedores a los beneficios que se les otorgará por dejar de delinquir.

Una vez más el gobierno está dando evidentes muestras de ser cómplice de un malintencionado y perverso accionar político calculado en contubernio con las Farc. Lejos de procurar el bienestar, la paz y la reinserción a la vida civil de los antiguos guerrilleros, los está obligando a permanecer dentro de sus estructuras, so pena de perder las prebendas ofrecidas por el gobierno.

Los recursos asignados para compensar la desmovilización están siendo manipulados por las Farc para vengarse de ex-combatientes que consideran traidores por no querer continuar en sus filas. Los denunciantes afirman querer salir a capacitarse en el SENA, trabajar y aportarle a la sociedad como hombres nuevos.

La pregunta para Juan Manuel Santos es: ¿Creó el Decreto 899 para seguir complaciendo a las Farc, por encima de la supuesta paz que dice perseguir?

¿Tendrán que someterse todos los ex guerrilleros, incluidos los ya desmovilizados y/o desvinculados ideológica y militarmente a ese grupo, a la tenaza del pcc/farc para acceder a beneficios y evitar ser perseguidos o asesinados por traidores a la causa revolucionaria?

LOS DIGNOS DUEÑOS DEL BULLYING

El gremio periodístico en Colombia pierde por completo el equilibrio informativo, cuando quien genera bullying es uno de sus miembros.

El Presidente Uribe ha sido una víctima constante de los agravios, amenazas, injurias, calumnias y atropellos de anónimos escondidos tras un monitor y de periodistas que se amparan en la “libertad de expresión”,  para matonearlo y ofenderlo sistemáticamente.

Daniel Samper Ospina dejaría de figurar en el panorama nacional si no hiciera mención del nombre Alvaro Uribe. Su popularidad se reduciría a unas escandalosas fotos de menores de edad desnudos, a sus mails secretos refiriéndose soezmente a las mujeres, a su debilidad por “lolitas” de 16 años, sus comentarios lascivos sobre ellas y su capacidad de decidir cuál de todas iba en la portada de Soho.

Sorprende mucho que las periodistas feministas que exigen respeto todo el tiempo, no hayan reaccionado a la libertad de Samper de referirse a mujeres “marimachas” y “gurrecitos arrechantes”.

Aunque Samper esté muy indignado, ¿Cuántas veces ha injuriado este personaje a Uribe sin que  él haya reaccionado, tal y como amerita el calibre de sus agresiones? Ostenta este señor la típica actitud “progresista” de posar de víctima después de lanzar las piedras.

Samper destila odio por Uribe y lo manifiesta de un modo virulento e incisivo, lo que demuestra claramente que los medios son capaces de actuar parcializadamente  exculpando a quien agrede todo el tiempo y atacando a quien reacciona, provocado por su matoneo y grosería.

Los medios de comunicación deben demostrar equilibrio e imparcialidad, especialmente en momentos como éste. Y yo, que bastante sé de burlas y matoneo ante la mirada, algunas veces impávida e indiferente, otras cómplice, de la prensa, apoyo incondicionalmente a Uribe, porque hay quienes quieren banderillar sin que lo embistan.

@MariaFdaCabal

¡Ni un paso atrás, Venezuela!

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Bogotá, 9 de julio de 2017.

¡Leopoldo López sale de Ramo Verde!

Esta es, sin duda, la noticia más alentadora en mucho tiempo para Venezuela. Aunque en términos de plena justicia, lo que corresponde verdaderamente es libertad total, no una prisión domiciliaria, es reconfortante que ahora esté con su familia.

El mensaje que ahora recibe el pueblo en las calles no puede ser interpretado de un modo distinto a que su intensa lucha siga siendo imperiosa y que, con mucho más ahínco y determinación, hay que mantenerse firmes allí, sin doblegarse.

El efecto después de más de 100 días de protestas y más de 90 asesinatos a sangre fría de jóvenes inocentes, no podrá ser nunca de complacencia. La lectura de esta “gentileza” de la dictadura es claramente que están acudiendo a salvavidas que los atornille al poder que día por día están perdiendo, no solo internamente por el caos miserable que viven a diario, sino internacionalmente, cada vez con menos apoyo.

Aquellos silenciosos prudentes como Rajoy, empiezan a reconocer una dictadura totalitaria en Venezuela. Y aquellos que le temen, como Santos y Holguín en Colombia, evitan las declaraciones o las hacen con una tibieza ridícula que evidencia un compadrazgo repugnante.

Venezuela está ad portas de recuperar su democracia. Adelante siempre. No hay nada que agradecer al genocida Maduro.

 

 

El silencio que mata. #Venezuela

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Bogotá, 3 de julio de 2017.

El silencio que mata.

El polvorín social en Venezuela pareciera no tener fin. Cada nuevo evento nos hace pensar que tocaron fondo y, aun así; después de más de 80 asesinatos, muchos de ellos cometidos con auténtico dolo y sevicia, la comunidad internacional calla.  Los organismos que agrupan a las naciones americanas, ignorando la ruptura del hilo constitucional, continúan completamente impasibles ante la desgracia y la ruina de los venezolanos.

En Colombia, solo se alzan las voces de quienes defendemos la democracia y la libertad. La canciller Holguín y Santos van actuando con su hipócrita silencio y convenientemente al ritmo de la vergonzosa lentitud de la OEA.

Mientras tanto, la pugnacidad política interna sobrepasa todos los límites. La Fiscal Ortega, funcionaria chavista que respaldó siempre al régimen, se desmarcó de él, para ponerse tardíamente del lado de los ciudadanos y la Constitución.

El Vicepresidente Tareck El Aissami, reconocido narcotraficante en la mira de Estados Unidos, la acusa de promover un golpe de estado para remover a Maduro del gobierno.

Es bizarro e incomprensible que tantos atropellos y humillaciones al pueblo venezolano se conviertan en lo cotidiano y normal para la comunidad internacional que está cruzada de brazos mientras la situación es completamente intolerable.

El asunto de intereses internacionales es tan hondo que hasta el papa minimiza la urgencia del pueblo venezolano y sus declaraciones no son coherentes con la barbarie que viven. La triangulación con Cuba y las FARC en Colombia es tenebrosa y se le empieza a encontrar la punta al ovillo. Los silencios hablan.

La oposición, encabezada por Maria Corina Machado, ha hecho una gran convocatoria a todos los sectores del país, en la que se reclama la separación de poderes, se rechaza la nueva constituyente que quiere imponer Maduro y se apegan a los artículos 333 y 350 de la Constitución. También convocan al pueblo para que el 16 de Julio elija lo que desea para encaminarse a la reconstrucción de la democracia y la constitucionalidad.

“Inversión revolucionaria” en los procesos judiciales.

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Bogotá 27 de junio de 2017.

Continuando en la misma línea de casos de “inversión revolucionaria” en los procesos judiciales, otro caso que significó la oprobiosa condena de 40 años de cárcel al General Jaime Uscátegui, sucedió en el corregimiento de Mapiripán (Meta) entre el 15 y el 20 de Julio de 1.997.                        

La noble causa de los derechos humanos, vilmente usada por el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, le mostró al país una masacre de más de 50 personas perpetrada por grupos paramilitares con la supuesta complicidad y apoyo de unidades del ejército.                     

El General Uscátegui fué puesto preso en 1.999 y absuelto de los cargos de responsabilidad en Noviembre de 2.007, pero en Noviembre de 2.011 el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y lo condenó a 40 años de cárcel como “autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples ocurridos en Mapiripán”.

En el entretanto, en Septiembre de 2.005, la CIDH, condenó al Estado Colombiano por colaboración entre miembros del ejército con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.                     

Lo irónico, triste y absolutamente repudiable de esto es que con la investigación adelantada por años se demostró que la inmensa mayoría de los supuestos asesinados no existían y que los muertes había sido realmente siete. Todos los demás fueron producto de falsos testimonios.                  

El montaje fué armado para cobrar millonarias indemnizaciones a dolientes de “víctimas” que están vivas, disfrutando de las millonarias erogaciones en su favor que tuvo que hacer el Estado, producto de los impuestos de todos los colombianos, como el caso de los hermanos Figueredo que fueron condenados a 8 años y 10 meses de cárcel por falso testimonio sobre el asesinato de su padre, difunto muy vivo que reside en Villavicencio.                

Falsos testigos arrepentidos, como la señora Mariela Contreras, quien recibió $3.000 millones, reconoció ante los fiscales de Justicia y Paz, que fué inducida por la desmovilizada María Bustos para mentir.

18 años estuvo preso el General Uscátegui quien nunca comandó la unidad militar, acusada de haber perpetrado una masacre.

Si para que esta gran mentira sucediera hubo un plan criminal orquestado ¿por qué no pasa nada? ¿van a la cárcel solo los falsos testigos pero no los cerebros que los contrataron? Este es el reflejo de la  justicia colombiana que premia terroristas y condena inocentes.

El caso Santo Domingo ha sido también todo un derroche de injusticia, por el que fueron condenados dos pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, por hechos ocurridos en Santo Domingo (Arauca) el 12 de diciembre de 1.998, durante los cuales murieron 17 civiles y 9 integrantes del ejército.                     

La FAC, en una operación legítima entró a la zona como parte de una acción de combate, para replegar a las FARC quienes esperaban una avioneta con droga y armas.                        

Se ha comprobado que el grupo terrorista tenía un camión lleno de anfo que explotó por las ráfagas de ametralladora M-60 que disparó alias Fercho durante el enfrentamiento.               

La CIDH declaró responsable al estado colombiano por no proteger a las víctimas y por, supuestamente, haber lanzado una bomba sobre el caserío, aún cuando Colombia aportó pruebas técnicas en torno a que la Fuerza Aérea nunca bombardeó civiles.                      

Lo que sucedió en Santo Domingo fué un atentado terrorista que fué utilizado, como siempre, por ONG’s afines a la ideología revolucionaria comunista, para revertir la realidad y ganar millonarias demandas a la Nación.

Después de revisadas las necropcias de las 17 víctimas civiles, se detectaron irregularidades en el proceso:                      

– Ausencia de cadena de custodia con las pruebas.                                                    – Irregularidades procesales en recaudo y valoración de pruebas.
– Alteración de evidencias.                   

Un ejemplo claro, es la gran diferencia entre el dictámen de Medicina Legal y el del FBI sobre una esquirla extraida del cuerpo de una de las víctimas.                     

¿Hasta cuándo el complot sistemático contra la institucionalidad y la justicia en Colombia?

La fiesta de la paz.

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Bogotá 19 de junio de 2017.

Es indignante, triste y condenable lo que está sucediendo nuevamente en Colombia. Desde la época de la guerra narcotraficante de Pablo Escobar, no se registraba un ataque urbano tan ruin y despreciable como el perpetrado el pasado sábado en el Centro Comercial Andino de Bogotá.

Los autores de este nuevo acto terrorista no pueden seguir esperando más favores del gobierno como respuesta a su accionar delictivo.

La desgastada palabra PAZ, convertida en fetiche y obsesión ególatra de un presidente tramposo, no puede seguir siendo el pretexto para perseguir a los ciudadanos que no alcahueteamos su distorsión, ni para colmar de premios inmerecidos a una banda delincuencial a la cual le han sido otorgados beneficios más allá de la impunidad y la participación en política.

Frente a las aberrantes ventajas concedidas a las farc, que desgraciadamente lograron imponer el terror como forma válida de hacer política, la justicia pasó a ser tan condenable como quienes la exigimos.

Los colombianos sentimos legítimo repudio por atrocidades como ésta y no queremos seguir viendo que los mecanismos de coacción y presión de los verdaderos enemigos de la paz, consigan prebendas, beneficios e impunidad a punta de terror.

Sembrar miedo, desconfianza y desesperanza, siempre en contra de víctimas aleatorias en absoluta indefensión, es la manera más cobarde y miserable para presionar al gobierno que, en su demostrada laxitud, le ha transmitido al país el mensaje de que la justicia no existe y se aplica sesgada y selectivamente, de acuerdo solo con los intereses particulares de unos cuantos.

El tiempo, las circunstancias y los hechos, nos ratifican todos los dias que sin verdadera justicia la paz es inalcanzable porque cada pandilla al margen de la ley recibió el mensaje de que el único modo de conseguir sus objetivos es recurriendo a toda clase de abominables delitos.

Juan Manuel Santos le abrió la puerta a una estrategia maquiavélica que no tendrá límites en ausencia de una verdadera autoridad que él está muy lejos de encarnar.

Los colombianos estamos en nuestro legítimo derecho de exigir al gobierno de Juan Manuel Santos que permita que las autoridades apliquen rigurosamente la ley sobre aquellos que están cumpliendo su amenaza de guerra urbana si el país no se doblega completamente a sus intereses y deseos, así como está en la obligación de gobernar para todo el país y no solamente para una minoría de delincuentes que quieren arrinconar la nación a toda costa.

La impunidad y falta de autoridad a la que nos están queriendo acostumbrar, no es el camino para combatir a los violentos.

¡Exigimos firmeza, veracidad, transparencia y justicia!

(Hemos pospuesto para la próxima semana la publicación de la segunda parte de “Los desaparecidos que aparecen y otras muchas historias”)

María Fernanda Cabal.

(II parte). Los desaparecidos que aparecen y otras muchas historias.

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Bogotá 11 de junio de 2017.

(II parte). Los desaparecidos que aparecen y otras muchas historias.

Tres casos emblemáticos de ignominia contra las fuerzas militares, deberían hablarle claramente a la opinión pública y a los organismos internacionales del ataque sistemáticamente planeado por fuerzas oscuras contra las instituciones colombianas.

Escándalos mediáticos, desinformación, versiones amañadas de falsos testigos avaladas por jueces y fiscales y colectivos de abogados con evidente sesgo político e inclinados en favor de la izquierda comunista, se convirtieron en Colombia en la versión moderna de David y Goliat.

Quizá el caso más trascendental de todos ha sido el del Palacio de Justicia, sin desconocer que el de Mapiripán,  Santodomingo y muchos otros, hayan causado un daño irreparable a oficiales que dieron su vida con mística y entrega por el país.

Debilitar desde todos los flancos a la fuerza pública era el objetivo y cada verdad fué ocultada, desvirtuada, alterada o acomodada en favor de falsos defensores de derechos humanos, con diversos intereses particulares, entre ellos, ganar millonarias demandas contra el Estado y oficializar internacionalmente que el ejército colombiano era un violador sistemático de los derechos humanos.

El desenlace del caso por el que fué acusado el Coronel Plazas Vega puso al descubierto la patraña orquestada de los desaparecidos del Palacio de Justicia, como resultado de la masacre provocada por el M-19, en Noviembre de 1.985.                        

El periodista independiente Ricardo Puentes Melo, hizo una juiciosa investigación que puso en evidencia un complot muy sagazmente elaborado, para condenar al Coronel Plazas.

¿Qué se comprobó en todos esos años de periodismo investigativo adelantado por Puentes?

– Que hubo 27 cadáveres en poder de la Fiscalía, sepultados en una fosa común en el Cementerio del Sur, que jamás llegaron a la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional para su correspondiente identificación, por lo cual nunca fué identificado allí ninguno de los “desaparecidos”.              

– Que el supuesto defensor de derechos humanos, René Guarín, abanderado contra el Estado por su desaparecida hermana, era un guerrillero amnistiado del M-19 y había sido acusado de secuestro del empresario Jorge Valencia Angel en 1.988.

– Que su hermana, Cristina del Pilar Guarín, quien fungía como humilde empleada de la cafetería del Palacio era graduada de Derecho de la Universidad Nacional.                     

– Que intentaron poner como testigo estrella a un hombre llamado Tirso Sáenz, de quien posteriormente se descubrió estaba en la cárcel en la fecha del asalto y se retractó, confesando que la Fiscalía le había ofrecido dinero a cambio de su falso testimonio, en el que relataba “con detalles” cómo Plazas había desaparecido a los “desaparecidos”.

– Que posteriormente apareció otro “testigo estrella”, Ricardo Gámez Mazuera, que ya había sido desestimado 1.992 por la Procuraduría Delegada para las FFMM.

– Que el único testigo de la Fiscal a cargo, Angela María Buitrago,  terminó siendo un personaje que suplantó a otro y que dijo llamarse Edgar Villarreal y cuyo número de cédula en el testimonio improvisado, no coincide con su nombre. Posteriormente corrigió y dijo llamarse Edgar Villamizar.

– Que las declaraciones de este supuesto “testigo estrella” estuvieron llenas de toda clase de inconsistencias de tiempo, modo y lugar.

– Que con base en un testigo a todas luces no creible y que no tenía claro nisiquiera cómo se llamaba realmente, la juez Jara condenó 30 años de prisión al Coronel Plazas.

¡Más claro imposible!  Yo sugeriría dictar una cátedra obligatoria sobre ignominia y falsos testigos en todas las facultades de Derecho en Colombia, tomando como ejemplo este y otros casos que ilustran el proceder maquiavélico de ese consorcio oscuro que carcome las instituciones.

María Fernanda Cabal.