Blog

Featured

Fuera Santos ¡Fuera!

Tenemos muchas razones para salir a marchar el próximo 1 de Abril. Razones de conciencia, de responsabilidad ciudadana, de protesta, de patriotismo, de absoluto hastío y rechazo a todo cuando encarna Juan Manuel Santos.
Las palabras se acabaron y los hechos nos aplastaron. La impotencia y la rabia que crecen día por día bajo su gobierno,  no deja lugar a nada más.
Es hora de que los colombianos dejen de pensar que lo que vive el país hoy es un problema de partidos o de pugnas personales. Es hora de despertar al indiferente, porque su patria, esa que un día tuvo esperanza,  está siendo asaltada cínicamente por el poder encarnado en un solo hombre, por encima de lo más sagrado de una democracia: la voluntad popular.
Somos muchos más que los arrodillados, que los enmermelados, que los cómplices y que los ingenuos e indulgentes  que todavía piensan que hubo que “tragarse algunos sapos”  y que aquí no va a pasar nada. Somos muchos más que no justificamos tantos hechos de corrupción para avalar la falsa paz con la que nos convertirán en esclavos.
El cinismo extravagante con que el gobierno maneja su íntima y evidente relación de complicidad con las FARC, es inconcebible. La desfachatez con que asume la recién destapada corrupción con que financió sus campañas, la perversa capacidad para  acomodar sus fichas en el Congreso, en las Cortes, en la Fiscalía, está llevando a la ciudadanía a límites insuperables.
Santos tradujo en Reforma Tributaria el hueco fiscal que ocasionó con su re-elección robada.
Triplicó la deuda externa, abocando al país a un endeudamiento impagable.
Legalizó el narcotráfico, el abuso sexual, el reclutamiento de menores, el secuestro y la extorsión, todo por la paz.
Armó shows mediáticos para aplaudir secuestros y asesinatos.
Ha humillado a un país entero a cambio de nada.
Se ha hecho el indiferente con los secuestrados que aún están en poder de la guerrilla, ha evitado exigir la liberación de los niños reclutados, para no poner en evidencia un crimen de lesa humanidad. Ha sobornado al Congreso para avalar el Fast Track, mediante el cual, ilegalmente, ha hecho aprobar la Justicia Especial para las FARC.
Ha permitido el increible aumento de los cultivos de coca;
ha favorecido el blanqueo de dineros de los terroristas, disfrazándolo de “conexidad con la rebelión”.
El gobierno no tiene argumentos creíbles y las FARC han aprovechado su ambición de popularidad internacional para fortalecerse, re-inventarse y seguir delinquiendo a través de su “disidencia”, mientras hacen exigencias sin cumplir por lo menos con sus compromisos.
Santos debe salir del Palacio de Nariño. En un Presidente indigno. Por eso todos los marchantes este próximo 1 de abril, entonaremos la frase “Fuera Santos ¡Fuera!”  ¡Y que se vaya!
@MariaFdaCabal 15965613_623640341155009_625288317863261449_n

El tribunal de la infamia

13417463_530001483852229_496389513066056656_n

Bogotá, agosto 12 de 2018

 

El viernes pasado se estrenó para los militares de Colombia el tribunal de la infamia, denominado “Justicia Especial para La Paz”, diseñado por el comunismo internacional.

En esta audiencia, se vio el anticipo de lo que va a ser la guillotina que terminará por destrozar a la fuerza pública.

Dado que la Jep se debía inaugurar con amplia connotación mediática, el caso seleccionado fue el de las  madres de Soacha, triste episodio en la historia de los denominados “falsos positivos” en Colombia.

Sin embargo, a pesar de ser un caso que se convirtió en inapelable por la presión mediática, tenemos conocimiento que entre los condenados hay al menos cuatro soldados que jamás estuvieron en ninguno de los hechos ocurridos, que son inocentes y están condenados en primera instancia por la justicia ordinaria a 36 años de prisión.

Tristemente, ellos aspiran a ser escuchados en este nuevo escenario de “verdad plena”, pero lo que vimos fue un espectáculo grotesco: Soldados con un papel en la mano, leyendo unas cuartillas escritas por sus abogados, obligados a reconocer su culpa y su arrepentimiento; sin  haber sido vencidos en juicio -de segunda instancia-, pese a que el autor intelectual -narcotraficante-, que era el jefe del reclutador -esposo de la hermana del soldado que organizaba las fechorías-, continúa impune;  y con la certeza que entre los condenados hay inocentes.

Es claro que quienes cometieron delitos como agentes del estado, reconozcan los hechos y pidan perdón. Pero es detestable que en un proceso mal llevado en la justicia ordinaria, los soldados sean tratados como ganado y que estén obligados a firmar un acta en la que deben reconocer lo que no hicieron, para mantener su libertad condicional.

Sin embargo, el espectáculo no terminó allí: Mientras leían las hojas escritas por sus abogados, el otrora fiscal y hoy magistrado de la Jep, Pedro Elías Díaz Romero, imputado por la Fiscalía por fraude procesal por la presunta alteración de pruebas en el caso Santodomingo, les gritaba y vociferaba -de la misma forma en que el Mono Jojoy maltrataba a soldados y policías recluidos dentro de un galpón en la mitad de la selva-:  “¡Reconozca”!

En medio de la ofuscación, un soldado levantó su voz y dijo: “Yo no soy culpable”.

En ese momento recordé lo que dos semanas atrás había sucedido con alias Timochenko, en ese mismo tribunal -donde está vez no se le permitió el ingreso a las víctimas-, quien hizo su aparición alzando su brazo en señal de victoria, visiblemente sonriente ante la comodidad de llegar al recinto de sus aliados comunistas.

Esta es la Jep: una “justicia especial” sin ningún tipo de equilibrio, que solo garantiza absoluta impunidad a una parte y humillación para su contraparte, sin garantías de imparcialidad.

¿A cuántos inocentes tendremos que ver doblegados ante la JEP, pidiendo perdón y confesando delitos que no cometieron? ¿Cuántos más decidirán cargar con culpas inexistentes para no perder los beneficios que les da acudir ante este tribunal?

El país merece la verdad plena, tanto de quienes cometieron delitos, como de aquellos que son víctimas jurídicas de las Farc y todos sus tentáculos en la rama judicial.

Los elenos y la danza de la paz

20180517_100219

Bogotá, agosto 5 de 2018

 

Juan Manuel Santos se va. No sin hacer daño hasta el último día de su mandato, con otra de sus nefastas “herencias”: El diálogo con los elenos, que cada día están más atrevidos y más sicópatas. Toda una pantomima que tiene un libreto que se repite con pésimos negociadores que desconocen la historia de esta guerrilla.
Con la certeza de recibir más dádivas que sus colegas terroristas de la farc, el ELN ha seguido manipulando al saliente gobierno, de quien saben obtendrán todo a cambio de nada.
Con evidente descaro, exigen al electo Presidente Iván Duque continuar con la farsa, bajo el yugo de las condiciones por ellos impuestas y siempre usando su chantaje falaz de la “voluntad de negociación”.
El viernes pasado secuestraron en Vigía del Fuerte a unos policías, unos militares y unos civiles. Sin embargo, con la misma retórica desgastada pero eficaz, han anunciado que les han prestado “protección y atención” pero que los operativos militares en la zona “ponen en riesgo” a estas personas. ¿Hasta cuándo les toleramos tanta desfachatez? ¿Hasta dónde el Estado cede su función de garantizar la vida y la libertad de todos para seguir haciéndole caso a unos bárbaros que se disfrazan de “sociedad civil armada”?
Esta pesadilla, que se repite una y otra vez, no puede continuar. El famoso post conflicto nos arroja una violencia reciclada, que se basa en que nunca existió verdad, justicia y reparación por parte de las FARC, con lo cual hoy estamos presenciando a un ELN fortalecido, un EPL resucitado y unas FARC ganando cada vez más terreno con sus ahora “honorables congresistas” posesionados en el Congreso. ¿Y las víctimas? Bien, gracias. Escondidas como las niñas de la Corporación Rosa Blanca, con cicatrices en el cuerpo y en el alma.
El legado de la Paz con Nobel a bordo, nos entrega una Colombia con más de 200 mil hectáreas de coca, con el microtráfico desbordado en las ciudades, el asesinato sistemático de quienes pretenden sustituir los cultivos de coca o los muertos por ajuste de cuentas entre carteles, que obligan a los campesinos a sembrarla.
La mala noticia es que Santos nos deja un escenario repleto de adversidades que sólo podremos confrontar con decisión,  fe  y voluntad de aplicar el estado de legalidad. La buena noticia, es que el mandatario que se reeligió usando toda la combinación de las formas de lucha, al fin se va.

Una batalla contra la miseria espiritual.

20180517_100219.jpg

Bogotá, 29 de julio de 2018.

Una batalla contra la miseria espiritual.

Los colombianos estamos atrapados por el inconformismo o tenemos el corazón ya curtido y nos acostumbramos a vivir con cierta triste indiferencia. Difícilmente nos sorprende la injusta “justicia” y crecimos viendo cómo el día a día se sobrelleva adivinando el atajo, la trampa, la zancadilla, la tramoya, porque “eso es lo que hay”.

Paralelamente y de manera curiosa, gozamos de una gran fe como país y soñamos con construir un sistema de gobierno en el que podamos creer, recuperando la confianza del ciudadano, a pesar de los vicios y defectos.

Sin embargo, jamás fuimos tan conscientes como hoy, que no nos enseñaron a enfrentar el mal en la dimensión en la que se nos presenta actualmente: disfrazado de legalidad.

La enorme capacidad de destrucción de una minoría perversa que creció y sobrevivió bajo el cobijo de la misma institucionalidad y con el uso eficaz de la propaganda revolucionaria, ha logrado subvertir la verdad, torcerla o enterrarla para escribir una nueva.

Pero en este nuevo escenario trágico, esta historia mal contada no prosperará.  La miseria espiritual y el sello de maldad impreso en cada paso que dan, se revertirá con la misma fuerza con la que sembraron sus argumentos con desparpajado cinismo y descarado triunfalismo.

Esta vez todas esas fuerzas que se conjugaron para aniquilar al símbolo, al ícono, al intérprete de los deseos de la mayoría de los colombianos, quedarán expuestas, desnudas y avergonzadas porque en el intento de fabricar una historia creíble, terminaron entregando “pruebas” que ni siquiera pueden ser sostén de una hipótesis del caso.

Sus cartas están sobre la mesa. Y ya no se pueden echar para atrás. Tendrán que defender lo indefendible, lo contraevidente, lo imaginario.

Es el cierre con broche de oro del gobierno del “régimen”, que se reeligió haciendo fraude, que  recibió dineros ilícitos, que prohibió la reelección después de haberse reelecto y que nos vendió La Paz mientras destruía a sus contradictores. Por eso se profundizó el experimento de la inversión de valores: por el chantaje emocional muy bien elaborado por Juan Manuel Santos.

Pero más allá de lo que, a todas luces, es una patraña mal hecha con aparentes buenos resultados, hay un orden universal que todo lo equilibra y todo lo pone en su lugar.

Colombia no será Venezuela. Ni será Cuba. Ni será Nicaragua.  El tiempo de los malvados se agotó. Las batallas no se libran sin razones y ninguna se pierde hasta el final. Y esta, ya la ganamos.

María Fernanda Cabal.

El nuevo Congreso de “todos y todas”

24232860_773758002809908_13401544812437015_n

Bogotá, julio 22 de 2018

 

Colombia sigue siendo un país de contradicciones sorprendentes. El 20 de julio se instaló el nuevo Congreso de la República, con integrantes de muy diferentes orígenes políticos e inclinaciones ideológicas. Sin embargo, con una malentendida diversidad, se  incluyó a criminales impunes con prontuarios escabrosos, como resultado de un espurio acuerdo político y no de un proceso democrático de la representación popular.

Así empezó el nuevo periodo legislativo en medio de una democracia que, en manos de Santos, confundió con engaños pluralidad con complicidad criminal y  pedagogía simbólica, con ridículo exhibicionismo.

Para algunos, esto es el reflejo de una democracia ampliada que le da cabida a “todos y todas”. Para otros, es el resultado de la apatía de un país mayoritariamente abstencionista, que permite el acceso de criminales y corruptos a la entidad más desprestigiada a los ojos del ciudadano común. Desafortunadamente el Congreso no representa la respuesta a las verdaderas necesidades del país nacional, pese a que algunos erradamente lo consideran más plural.

La desinstitucionalidad que le dejó Santos a Colombia se ve reflejada en este nuevo Congreso, principalmente por las diez curules que ocupan hoy la Farc, concertadas en un acuerdo de paz que fue rechazado en las urnas. Por eso, ante los ojos de la sociedad, se campean hoy criminales de lesa humanidad que gozan de impunidad y que participarán absurdamente en el rediseño institucional del Estado.

Ingresan también los autodenominados “Decentes”, que junto con su líder, maquillan sus propios pecados y engañan permanentemente al país, atizando la polarización y el odio.

Se posesionaron también tres nuevos congresistas de Mira -a quienes la lentitud del Consejo de Estado, les impidió ejercer en el periodo anterior- y Colombia Justa y Libre, quienes con tesón y disciplina, consiguieron tres escaños. Ingresaron también al legislativo, minorías como Mais, ampliando la verdadera democracia.

Los militantes verdes “anticorrupción”, por su parte, hicieron su show “pedagógico” protagonizado por Antanas Mockus, para quien el “no todo vale”  se convirtió en una burla de frente contra las normas constitucionales y legales, y en un acto grotesco procedió a mostrar las nalgas en pleno Congreso, como “simbología intelectual” que raya con la ridiculez absoluta e incentiva la irreverencia innecesaria y vulgar.

La bancada mayoritaria del nuevo gobierno, el Centro Democrático, demostró una vez más la vigencia de las tesis del Presidente Álvaro Uribe y la necesidad de volver a enrutar al país hacia la seguridad democrática, la cohesión social, la confianza inversionista y el Estado austero.

Durante la ceremonia de esta “diversa” instalación del nuevo congreso, Santos describió a Colombia como un paraíso de paz, desarrollo e inversión. Era previsible que su discurso estuviera plagado con cinismo de sus acostumbradas mentiras y auto alabanzas. Su psicopatía esquizofrénica no sólo le produce negación de la realidad sino exaltación fantasiosa de su propio ego, sobre la base de escenarios imaginarios.

Su único legado es un país engañado, dolido, empobrecido y polarizado, que traspasó todos los límites de lo absurdo.

La censura cobra fuerza. Pretenden expulsar a @GloriaAlvarez85 de México.

1.jpg

Bogotá, 18 de julio. 2018.

En vista de recientes hechos ocurridos en México, que apuntan a la expulsión de la activista, politóloga y escritora Gloria Álvarez de ese país, quiero manifestar públicamente mi respaldo a la joven guatemalteca.

Gloria  reside actualmente en México y se enfrenta a una posible expulsión por su ideología, esto es una clara  muestra  de intolerancia a la libertad de expresión.

Desde 2.014, Gloria  ha adquirido reconocimiento internacional y frecuentemente es invitada a foros y conferencias en donde se defienden la vida, la libertad y la propiedad privada, como pilares fundamentales de las democracias.

Conocedora de la incidencia de ese activismo, de su importancia en la actualidad de América Latina y de su trascendencia en el momento histórico que vivimos, me identifico como luchadora por las mismas causas y la respaldo irrestrictamente.

Gloria Álvarez,  ha declarado que si es expulsada, acatará la orden y abandonará el país; sin embargo, ha señalado que México es una nación que se ha caracterizado por darle espacio a diversos personajes que a lo largo de la historia han sido controversiales, que han sido amenazados y perseguidos o que simplemente han buscado nuevas oportunidades en ese país.

Con expectativa de lo anterior, impulsaré una recolección de firmas en su apoyo, en un acto de solidaridad con la causa de las libertades en América Latina.

María Fernanda Cabal.

Senadora de la República de Colombia.

Claudicación impune

1gXxit0b_400x400

Bogotá, julio 15 de 2018

 

A pocos días de finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos, produce una enorme inquietud saber que la Comisión de la Verdad, creada en el marco del acuerdo de paz, exige al Ministerio de Defensa la entrega de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de todas las Fuerzas Armadas, desde 1953 hasta la fecha.
Resulta increíble que después de años de combatir el terrorismo disfrazado de revolucionario -de acorralar a las Farc, de convertir al ELN en un grupo arrinconado, de tener al EPL prácticamente extinguido-, ahora se juegue con la supervivencia del Estado.
Miles de hombres que dieron sus vidas por la libertad que aún hoy conservamos -a pesar de los problemas-, montones de héroes anónimos, torturados y desaparecidos, son enterrados en el fango más oscuro de los rincones del olvido. Otros, los que sobrevivieron al enfrentar la barbarie, son dibujados como responsables de culpas inexistentes, elaboradas con filigrana para apabullarlos moralmente.
En Colombia, pensándose vencedores,  con cínico descaro y bajo el paraguas del acuerdo, se engendró una institución que ni siquiera tiene la estatura moral de considerar a las víctimas de las Farc dentro de la composición de sus miembros.
El resultado, un organismo sin garantía de imparcialidad, una burla más a las víctimas y la punta de lanza a la re-edición de la “verdad”, como la desean los comunistas agazapados.
Ninguno de sus integrantes representa garantía de imparcialidad y el primero, más no el único, que debería renunciar, es el cura jesuita marxista  Francisco De Roux, que con la habilidad que caracteriza a los comunistas de sotana, no duda en usar su posición para ahorcar a la fuerza pública y de paso, recibe el respaldo de Santos, que ordena en un acto descarado de traición a la patria, la inminente entrega de información reservada del Estado.
El cura Francisco De Roux tiene que dar cuenta al país de los miles de millones dilapidados en su Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en donde no existe hoy ninguna experiencia exitosa en mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos. De esto y mucho más esperamos respuesta.
La Comisión de la Verdad es tristemente una mala copia de procesos de paz de otros países y tal vez la versión más aproximada es la de Perú, en donde la descripción real del organismo creado para “conocer la verdad, establecer las causas de la violencia terrorista y fomentar la reconciliación”, fue aplicada casi con exactitud en Colombia.
En Perú, también fueron seleccionados comisionados arbitrariamente, hubo equiparación injusta de quienes combatieron el terrorismo con los que atentaron contra los derechos humanos de toda la sociedad,  injuriaron a autoridades civiles, militares y de policía -asignándoles una vergonzosa culpa-, omitieron las raices ideológicas del terrorismo genocida, elevaron la delincuencia a status político y difundieron toda clase de mentiras amparados en el contexto de la lucha armada. Al menos, allá sometieron a Sendero Luminoso. Acá, que premiamos a los bandidos con impunidad y escaños en el Congreso, terminaremos peor.
La verdad, como vemos, estará ausente siempre en todos los pronunciamientos, procedimientos, decisiones y actuaciones de este “conveniente” organismo. Las víctimas serán moldeadas a la medida de los intereses de los anarquistas, que dedicarán estos cuatro años a incendiar el país en nombre de la “paz” y a señalar de enemigos a todos los que intenten enderezar el rumbo.
Esto es, sin duda, una claudicación impune.

Petro: ¡delirante!

10865726_356957817823264_7274269200997807864_o

Bogotá. julio 8 de 2018

La estrategia mediática de Gustavo Petro en su camino al poder, arreció en contra del gobierno recién elegido desde el mismo momento en que perdió las elecciones.

Esta vez, dentro de sus episodios más connotados de surrealismo, se vale de los asesinatos que son el producto de la violencia generalizada que se vive  -desde hace tres años- en las zonas bajo influencia del narcotráfico, derivado del acuerdo de paz. Petro finge, sin reparos, que se conduele para reclamar esas muertes a un gobierno que aún no ha comenzado.

Pero a él eso no le importa. Sabe que la sensación de odio es definitiva para hacer hervir los sentimientos de sus seguidores, utilizando relatos mentirosos y satanizando a quienes se atrevan a discutirle sus temerarias afirmaciones.

Como es costumbre de la extrema izquierda, el análisis de la investigación criminal y la realidad de los hechos no importan.  Aquí hay que incluir a todos los que perdieron la vida, con la misma versión de la sistematicidad, para rotular al Estado como paramilitar. El fin, despreciable éticamente pero valioso para conseguir réditos políticos en un país polarizado,  es además atizado por la información de algunos medios de comunicación  irresponsables que no vacilan en reproducir el mismo esquema de análisis perverso.

Del mismo modo como construyeron el arma jurídica con la que consiguieron llevar injustamente a la cárcel a cientos de militares, generalizando los falsos positivos, hoy pretenden protagonizar un nuevo episodio con los mismos visos, usando a los líderes sociales.

Jamás ningún “analista” de izquierda tendrá el suficiente juicio moral para hacer ver que uno de los factores determinantes en muchos de los asesinatos ha sido el narcotráfico y el control territorial, que genera el negocio que las Farc, el ELN , el EPL,  las Bacrim y  todos los grupos que hoy se entremezclan y negocian entre sí, mientras se matan, por el jugoso botín que producen 200 mil hectáreas de hoja de coca.

¿Responsables? Juan Manuel Santos, sus ministros , la cúpula servil de la fuerza pública y toda la falsa oposición de la izquierda, que se atragantó de puestos burocráticos y de todo lo que pudieron rapiñar junto con sus pares de la unidad nacional, así como las asociaciones campesinas, indígenas y de negritudes adscritas a la ideología marxista, que se adueñaron del presupuesto del Ministerio de Agricultura a través de convenios multimillonarios escandalosos -que pronto daremos a conocer a la opinión pública-, dejando a cientos de miles de campesinos sin un centavo tan siquiera para un pequeño proyecto productivo. Y ni hablar de una Fiscalía que destinó sus recursos en contratos absurdos como los de Natalia Springer, en lugar de profesionalizar a su cuerpo técnico de investigación.

Todos son además responsables por venderle al país la falacia de las “familias cocaleras”, que según ellos no tienen otra posibilidad de supervivencia sino el cultivo de la coca, cuando se sabe que detrás están los grandes carteles mundiales del narcotráfico,  que somete a todos bajo las órdenes de los ilegales so pena de ser desplazados o asesinados.

En la zona caribeña, cuyo control criminal está liderado por el Clan del Golfo y en donde han asesinado este año a 12 personas, los móviles se ciñen a líderes sociales que estaban al frente de procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Pero esto no le importa a Petro ni a sus odiadores en masa: Luego de publicar una seguidilla de trinos incendiarios por los asesinatos en Argelia, con los que no solamente victimizaba a su partido político de la “Colombia Humana” sino que señalaba al Centro Democrático de propiciarlos, se conoció que las víctimas eran ex-guerrilleros de las Farc y miembros de las “disidencias” y que había sido  el ELN quien los asesinó.

Petro hace creer que hay un grupo “de derecha” matando a buenos muchachos de la izquierda, porque, de acuerdo con el nuevo discurso, están en “resistencia”. ¿Contra qué y por qué? Contra la democracia, que no le gusta, pese a que le dio posibilidad de ser alcalde y candidato presidencial.

Para el pensamiento totalitario -fascista, nazi o comunista- como el de Gustavo Petro, es indispensable dibujar en las mentes de sus seguidores fanáticos un enemigo identificable, demonizarlo, caricaturizarlo con cachos y cola, para luego, al llegar al poder, darle muerte.

Ya lo sabemos: la historia nos lo ha demostrado. De todos los demócratas verdaderos depende contrarrestar sus macabros objetivos.

La JEP y las promesas cumplidas del Centro Democrático

1gXxit0b_400x400

Bogotá, junio 2 de 2018

La semana pasada, la bancada de Centro Democrático demostró que sus promesas se cumplen. El Congreso sesionó arduamente para lograr adelantar la  reglamentación de la JEP y, a pesar de todas las adversidades, se impuso el propósito de enderezar un tribunal cuyas características estaban alejadas de los preceptos mínimos exigidos por la justicia transicional, en un proceso de paz.

Me satisface haber conseguido incluir artículos que garanticen a nuestros militares y policías mayor acercamiento a un debido proceso. La reglamentación, tal y como estaba redactada, era un mecanismo de impunidad para los terroristas y de criminalización para la fuerza pública.

A pesar de no compartir ni el fondo ni la forma como se construyeron y firmaron los acuerdos de paz, hubo un trabajo legislativo responsable y juicioso que buscó siempre proteger las garantías judiciales de quienes acudirán a la JEP.

Muchos fueron los logros de este trabajo:

1. Conseguimos incluir en los “fines de investigación” de la nueva justicia, un punto que obliga a establecer las rutas del narcotráfico, actividades ilícitas, bienes de los perpetradores y organizaciones criminales. Esto es un compromiso legal.

2. Fue un gran avance dejar establecido que la recusación estará sujeta a la apelación, para garantizar una verdadera imparcialidad, pues hay jueces en la JEP que han sido parte y están actualmente impedidos.

3. Asimismo, se exigió idoneidad de los peritos e investigadores, quedando establecido que la policía judicial de la JEP debe tener las mismas condiciones y calidades que para la Fiscalía General de la Nación.

4. En vista de que el famoso “contexto”, del cual la JEP -de manera sesgada- quería echar mano, para juzgar con la historia diseñada a la medida de la izquierda, se trabajó arduamente para excluirlo como prueba y así quedó establecido. Se logró también que la libertad probatoria debe ceñirse a la legislación y jurisprudencia colombianas.

5. En este sentido, logramos que la incorporación de la prueba se de en audiencia pública, además de estar sujeta a contradicción.

6. Se aprobó también la posibilidad de solicitar una audiencia oral de alegatos de conclusión,  para que los acusados puedan  hacer uso de su derecho de defensa material y real; y se determinó que el procedimiento incluya una audiencia restaurativa, en la que se podrá conciliar con las víctimas, lo cual debe ser tenido en cuenta al momento de graduarse la pena. Si bien esta posibilidad existía ya en el procedimiento establecido en la ponencia del gobierno, se le dio el estatus de audiencia para brindar seguridad jurídica en cuanto a que lo ocurrido al interior de esta actuación, tenga verdaderos efectos jurídicos.

7. El mayor logro quizá, fue el de establecer un procedimiento que materialice la posibilidad de revisar los casos, en especial por los hechos o pruebas nuevas no conocidas con anterioridad, haciendo posible que muchos militares y policías condenados de manera injusta, resuelvan su situación jurídica.

8. En materia de extradición, la gran preocupación siempre fue que la posibilidad de solicitar pruebas por parte de la JEP,  generara incumplimiento de compromisos internacionales por delitos como el narcotráfico y lavado de activos. Quedó establecido entonces  que no podrán hacerlo y se limitarán a evaluar la fecha de ocurrencia del delito y los documentos del país solicitante.

9. Logramos, con el concurso de otras bancadas y la voluntad del ponente Hernán Penagos, dejar sin piso el denominado “artículo Santrich”; poniendo límite a una norma que intentaba favorecer las  irregularidades de la JEP, al darle retroactividad a sus actuaciones sin reglamento expedido aún por el Congreso y poder alcahuetear su no extradición.

10. Finalmente, desde el Senado se introdujo la creación de una sala especial para militares y policías, como necesidad de tratamiento equitativo pero diferenciado de los miembros de la fuerzan pública frente a los guerrilleros de las Farc.

Avanzamos, no tanto como quisiéramos, pero si mucho más de lo que los bandidos impunes y sus corifeos  hubieran querido.

El derecho a la inocencia

11194563_423117244540654_3819773861315695023_o

Bogotá, junio 24 de 2018

En Colombia, la presunción de inocencia significa exactamente todo lo contrario. Lo sucedido durante la semana pasada con el informe de la Fiscalía General, me lleva a la reflexión profunda de lo que representa el linchamiento mediático a una persona que, como yo, no le debe absolutamente nada a la justicia ni a la sociedad.

He pasado por la sorpresa, la indignación,  la frustración y la tristeza,  ante la tremenda irresponsabilidad de intentar destrozar mi buen nombre y horas más tarde, declarar que no tengo nada que ver con el supuesto hecho de “constreñimiento al elector”. Ha sido una verdadera perversidad lanzar un juicio sin sustento, ocasionando el daño moral, para luego intentar remendarlo cuando una parte agresiva de la opinión, azuzada por los medios con amarillo desconocimiento, ya me había lapidado.

A lo largo de estos cuatro años en el Congreso, he vivido muchas circunstancias de feroz matoneo -en buena parte propiciado por los mismos que enarbolan el respeto a las mujeres, minorías, cero bullying- que me han cobrado por expresar lo que pienso, sin filtros hipócritas y por decir verdades crudas y desnudas que no le gustan a muchos. Pareciera que señalarme y atacarme reditúa en rating en medios y redes sociales.

Precisamente recordaba cómo hace cuatro años al supuesto “hacker” Sepúlveda, a quien nunca conocí y con quien nunca tuve ningún tipo de intercambio o comunicación, se le ocurrió decir que lo quise contratar para defenderme del escándalo ocasionado por mi trino contra García Márquez. Sepúlveda, recién detenido en ese entonces, inventó un acercamiento que jamás existió y que, por supuesto, nunca pudo probar. Eso me valió mi primera denuncia, ante la Corte Suprema, por parte del abogado Pablo Antonio Bustos -quien se proclama Presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas (si estoy errada, espero no enfrentar otra denuncia suya), porque, según él, yo tenía conocimiento de las interceptaciones a políticos y negociadores del proceso de paz en La Habana.

La segunda denuncia fue interpuesta por Angela María Giraldo, hermana del asesinado diputado del Valle, Francisco Giraldo. Ella consideró que yo la había “acosado”, injuriado y calumniado al opinar, a través de un trino, que seguramente padecía del síndrome de Estocolmo. Mi ánimo no era ofenderla; la motivación nació de la indignación por su actitud visiblemente complaciente -al menos así lo reflejaba la foto- en la primera visita de las víctimas a los asesinos de las Farc en La Habana.

La tercera denuncia vino de parte del exguerrillero del EPL Gerardo Vega, que me acusó de comprar testigos a través del programa Una Vaca por la Paz, con el que se beneficiaba a familias campesinas humildes. Vega sostuvo que yo había “comprado” testimonios en su contra regalando vacas,  para denunciarlo de falsedad y fraude procesal. Lo cierto es que a través de un programa piloto de restitución de tierras, el señor Vega y sus socios, como Carmen Palencia, hoy funcionaria del consulado de Miami por cuenta de los colombianos, engañaron al Ministerio de Agricultura y a USAID, al hacer pasar como desplazados a campesinos otrora invasores miembros de frentes populares del EPL. Esa investigación duerme el sueño de los justos en la Fiscalía, mientras yo continúo con mi denuncia en la corte.

Pero los sucesos no pararon ahí: Hace año y medio un grupo de apoyo al movimiento “Petro Presidente”, promovido desde una cuenta de Facebook  denominada Synerypolítica, divulgó  un montaje de un trino en el que yo apoyaba a Rafael Uribe Noguera -violador y asesino de Yuliana Samboní-, por lo cual recibí toda clase de amenazas de muerte. De nada sirvió demostrar que era un montaje; el daño ya estaba hecho. Tampoco valió la denuncia penal con todas las pruebas aportadas a la Fiscalía. La impunidad sigue rampante  y yo, mamá de cuatro hijos y ponente de la Ley de Feminicidio con la que se condenó al violador a 60 años, quedé como una delincuente moral.

Ahora, con el despliegue mediático del Fiscal Martínez, a pesar de su aclaración tardía en cuanto a que no estoy relacionada con hechos de constreñimiento al elector, tengo una nueva denuncia por parte de un abogado que adora la figuración mediática: El señor Elmer Montaña, afín al Partido Verde, que consistentemente despliega su odio hacia mi a través de las redes sociales. Lo que él no recuerda es cuando lo conocí hace más de 20 años como fiscal estrella de la primera Casa de Justicia que se inauguraba en Aguablanca, en el Barrio Comuneros de Cali. Era un fiscal brillante, lleno de pasión por la comunidad, que renegaba de la incapacidad de su institución para resolver conflictos de las bandas locales por fuera de la penalización de  las conductas. Parece que el alma le cambió cuando terminó de socio de Sigifredo López en la Ong “Defensa de Inocentes”. Qué contradicción. También olvida cuando el fiscal anticorrupción -hoy extraditado- Gustavo Moreno le patrocinó el foro de falsos testigos.

El fango y la miseria humana que he tenido que enfrentar, contrasta con la generosidad y gratitud de las personas de todos los rincones del país, en especial de aquellas a las que he podido ayudar: gente humilde, campesinos despojados injustamente de sus parcelas por la inefable ley de restitución, los soldados presos sin acceso a defensa alguna y todos aquellos que han necesitado una mano en algún momento de sus vidas, que siempre han sido el propósito principal de mi vida -y ahora de mi lucha política-. Y a los miembros de la comunidad cristiana, que todos los días me tienen en sus oraciones.

A veces, como en esta semana, siento la inmensa frustración de considerar que quien pretende permanecer en política en Colombia, tiene que ser naturalmente tramposo y eludir la justicia. Luego pienso que los espacios no se pueden ceder, así nos cuesten.

Las cicatrices las conservo en el alma. Son parte de un aprendizaje amargo que forja el carácter. Dios es el respaldo para lograr persistir en la defensa de ideales de un mejor país, en donde la defensa de la dignidad humana siga siendo nuestro propósito de vida. Hasta la muerte, a donde iremos todos a parar, ojalá despojados de tanto odio.

Maria Corina Machado no está sola. El mundo demócrata la acompaña.

 

MCM1

Bogotá, 17 de junio de 2018.

Gran alarma internacional está generando la estrategia del régimen venezolano para silenciar a Maria Corina Machado, una de las pocas voces opositoras que se mantiene firme en contra de la dictadura en Venezuela.

Con los poderes públicos cooptados, la mayoría castrense doblegada a sus deseos, el sistema electoral completamente entregado al capricho mesiánico de atornillarse en el poder y todo el aparato judicial obediente como cortesano a su rey, Maduro quiere ahora vincular a la ex diputada con un supuesto complot para asesinarlo en complicidad con 23 militares, que fueron capturados antes de sus fraudulentas elecciones.

Cualquier cosa para involucrarla dirá o hará, queriendo sacarse de encima al único actor político con verdadera coherencia y firmeza que se le ha opuesto: Vente.

Temeraria actitud ha adoptado Maduro contra quien representa la réplica, la resistencia y la incólume oposición. No en vano, personajes como Marco Rubio, congresista republicano de Estados Unidos, y organizaciones como la OEA, se han pronunciado ya públicamente, advirtiendo el riesgo que corre Maria Corina.

Con el mismo ánimo y firmeza que ha demostrado esta líder, que no se ha doblegado ante la dictadura totalitaria y represiva, la seguiremos respaldando y apoyando desde el congreso colombiano.

Nuestro gobierno la apoyará de manera incondicional, porque ella representa a la oposición legítima de Venezuela, la coherencia, la libertad.

Maria Corina Machado no está sola. El mundo demócrata la acompaña.

María Fernanda Cabal.

Senadora de la República de Colombia.