Blog

Featured

Fuera Santos ¡Fuera!

Tenemos muchas razones para salir a marchar el próximo 1 de Abril. Razones de conciencia, de responsabilidad ciudadana, de protesta, de patriotismo, de absoluto hastío y rechazo a todo cuando encarna Juan Manuel Santos.
Las palabras se acabaron y los hechos nos aplastaron. La impotencia y la rabia que crecen día por día bajo su gobierno,  no deja lugar a nada más.
Es hora de que los colombianos dejen de pensar que lo que vive el país hoy es un problema de partidos o de pugnas personales. Es hora de despertar al indiferente, porque su patria, esa que un día tuvo esperanza,  está siendo asaltada cínicamente por el poder encarnado en un solo hombre, por encima de lo más sagrado de una democracia: la voluntad popular.
Somos muchos más que los arrodillados, que los enmermelados, que los cómplices y que los ingenuos e indulgentes  que todavía piensan que hubo que “tragarse algunos sapos”  y que aquí no va a pasar nada. Somos muchos más que no justificamos tantos hechos de corrupción para avalar la falsa paz con la que nos convertirán en esclavos.
El cinismo extravagante con que el gobierno maneja su íntima y evidente relación de complicidad con las FARC, es inconcebible. La desfachatez con que asume la recién destapada corrupción con que financió sus campañas, la perversa capacidad para  acomodar sus fichas en el Congreso, en las Cortes, en la Fiscalía, está llevando a la ciudadanía a límites insuperables.
Santos tradujo en Reforma Tributaria el hueco fiscal que ocasionó con su re-elección robada.
Triplicó la deuda externa, abocando al país a un endeudamiento impagable.
Legalizó el narcotráfico, el abuso sexual, el reclutamiento de menores, el secuestro y la extorsión, todo por la paz.
Armó shows mediáticos para aplaudir secuestros y asesinatos.
Ha humillado a un país entero a cambio de nada.
Se ha hecho el indiferente con los secuestrados que aún están en poder de la guerrilla, ha evitado exigir la liberación de los niños reclutados, para no poner en evidencia un crimen de lesa humanidad. Ha sobornado al Congreso para avalar el Fast Track, mediante el cual, ilegalmente, ha hecho aprobar la Justicia Especial para las FARC.
Ha permitido el increible aumento de los cultivos de coca;
ha favorecido el blanqueo de dineros de los terroristas, disfrazándolo de “conexidad con la rebelión”.
El gobierno no tiene argumentos creíbles y las FARC han aprovechado su ambición de popularidad internacional para fortalecerse, re-inventarse y seguir delinquiendo a través de su “disidencia”, mientras hacen exigencias sin cumplir por lo menos con sus compromisos.
Santos debe salir del Palacio de Nariño. En un Presidente indigno. Por eso todos los marchantes este próximo 1 de abril, entonaremos la frase “Fuera Santos ¡Fuera!”  ¡Y que se vaya!
@MariaFdaCabal 15965613_623640341155009_625288317863261449_n

Las Víctimas del Nogal y la Justicia

24232860_773758002809908_13401544812437015_n

Bogotá, febrero 18 de 2018

Hace quince años se perpetró en el Club El Nogal de Bogotá, una masacre repudiable, condenable e injustificable, como todos los actos delictivos de los narcoterroristas de las farc.

La del 7 de febrero de 2.003, era una noche de viernes cualquiera en la que había en el club al menos 500 personas. 36 de ellas resultaron muertas y 200, heridas, a causa de un carro bomba ingresado por el instructor de squash, John Fredy Arellán, sobrino de unos terroristas de esa organización, hoy partido político.

Ahora los criminales de las farc, califican el hecho como un «error» y lo justifican aduciendo que al interior del club se celebraban reuniones de paramilitares, para que con la justicia retorcida que los favorece, las víctimas terminen reclamándole al club o al Estado y no a ellos, por esa masacre.

Absolutamente nada justificaba asesinar a 36 personas inocentes. Disfrazar ataques terroristas con actos de guerra no puede seguir siendo estrategia de estos delincuentes para el show internacional.

Suena imposible, abyecto y absurdo afirmar que la responsabilidad de las farc sea omitida para endosársela a cualquier otro, pero si nos remitimos a actos semejantes, como el del Palacio de Justicia o el del caso de Santodomingo, en los que los victimarios han terminado siendo las víctimas, es posible.

Y es posible cuando cualquiera lee las declaraciones de la señora Bertha Lucía Fries, representante de las víctimas del Nogal, quien parece justificar esa incursión terrorista del 13 de febrero de 2.013, poniendo la responsabilidad del atentado en cabeza de otros, como si las farc tuvieran patente de corso para asesinar sin ser culpados.

Es inconcebible cualquier justificación a esa barbarie cometida y mucho más si proviene de una víctima, porque su condición no es óbice para exculpar bandidos y porque, además, atropella la historia y la dignidad de las demás víctimas.

¿Otro caso de inversión revolucionaria amenaza con volverse icónico en Colombia?

Cúcuta y la Crisis de Frontera

12342836_462303520622026_6296403028334961385_n

Bogotá, febrero 11 de 2018

La crisis venezolana ha golpeado con mayor fuerza a los colombianos de las zonas de frontera, mientras el gobierno continúa en mora de decretar la emergencia humanitaria para activar los protocolos internacionales de atención al refugiado. Esto, para permitir la intervención de la comunidad internacional a través de Acnur y tender una mano a quienes llegan en condiciones de supervivencia que requieren una atención urgente.

Así mismo, la urgencia de proveer estrategias para estimular económicamente las regiones de frontera, es un imperativo que no se ha dado ni se dará en lo que resta de este gobierno mediocre y desentendido de las regiones.

Esta es una necesidad urgente que se le ha manifestado en todos los términos a la Canciller Holguín, quien parece tener oidos sordos a la emergencia. ¿Por qué la lentitud ante semejante crisis tan grave? ¿Qué esperan? ¿No la consideran de extrema prioridad? ¿Es una omisión voluntaria?

El panorama social en Cúcuta es muy preocupante y deprimente. La imperiosa necesidad de los venezolanos de encontrar comida, medicinas y demás elementos y servicios básicos, ha convertido a Cúcuta en un polvorín social, que no tiene la infraestructura ni los recursos para solucionar las necesidades de los migrantes en condiciones de emergencia.

La permanente llegada de venezolanos, provocada por la crueldad del régimen totalitario de Maduro, ha desencadenado en desempleo, informalidad, delincuencia, prostitución, invasión de espacios públicos e insalubridad.

Según Migración Colombia, al menos 58.000 venezolanos de los 550.000 que permanecen en el país, están en Norte de Santander, agudizando todos los problemas que la región ya tenía.

La explotación de los migrantes que son contratados ilegalmente por menos del salario mínimo y sin prestaciones sociales, genera desempleo para los colombianos y una situación que termina perjudicando a todos.

Según Fenalco Cúcuta, el volumen de ventas disminuyó en todos los sectores comparado con 2.016, aún con la llegada de los venezolanos, ya que su capacidad adquisitiva es mínima y no impacta positivamente en el comercio.

El problema del contrabando también está muy lejos de ser controlado. Los más afectados son los ganaderos y los expendedores de gasolina.

Santos, quien ha sido «mejor amigo», cómplice silencioso de la dictadura, socio y co-ideólogo de Maduro, es corresponsable con el régimen del drama fronterizo y está en la obligación de ponerle fin a sus consecuencias.

Tremendo problema el que heredará el próximo gobierno, por cuenta de una inconveniente complicidad.

O esto se corrige de inmediato con una política pública integral o la explosión de la crisis humanitaria será inatajable.

 

La «bienvenida» a Timochenko

13417463_530001483852229_496389513066056656_n

Bogotá, febrero 04 de 2018

Una de las mayores manifestaciones de indignación se produjo el pasado viernes en Armenia, cuando los quindianos recibieron con arengas de repudio y rechazo a alias Timochenko, quien fuertemente escoltado pretendía hacer proselitismo político en «su tierra».

Con visible molestia, la gente siguió la caravana en que se desplazaba el terrorista y le gritaron en su cara lo que es y seguirá siendo para los colombianos: ¡Asesino!

La impunidad con que cobijó el gobierno a Timochenko y sus compinches, el manoseo de la Constitución para pasar por encima de la voluntad popular y la bofetada que significó para una sociedad ansiosa de justicia, la postulación de este nefasto personaje a la Presidencia de la República, es el resultado de la mal llamada «paz». Nadie podría esperar una reacción diferente, porque estos delincuentes no cumplieron nunca con las mínimas condiciones para integrarse a la sociedad de un modo decente.

Nunca devolvieron a los niños reclutados, ni a las personas secuestradas. Continúan ejerciendo presiones en los territorios que dominan a través de sus brazos armados: las «disidencias» y sus franquiciados, ELN. Siguen lucrándose del narcotráfico, cuyos tentáculos se expanden e incrementan todos los días, no han reparado a sus víctimas y se pavonean por todo el país dando cátedra de moral y democracia, burlándose de todos aquellos a quienes masacraron, violaron, secuestraron y extorsionaron por décadas.

Pedir «tolerancia» como lo hace Juan Camilo Restrepo, es inocuo, porque los colombianos no podremos aceptar jamás la impunidad, la indignidad, ni la humillación promovidas e impuestas por Juan Manuel Santos.

Solo los cómplices de estos bárbaros delincuentes, pueden pedirnos aceptar a quienes rompieron todos los esquemas de legalidad e institucionalidad, solo porque un presidente indigno, mentiroso, tramposo y ególatra, firmó un papel para ganarse un premio Nobel.

Una enfermedad de la conciencia aqueja a quienes piden a las víctimas «aprender a convivir» con sus agresores y perdonarlos, sin que éstos se hayan arrepentido públicamente de sus delitos.

Por eso Timochenko y sus secuaces no pueden ni deben ser bien recibidos en ninguna parte y ojalá la historia se encargue de que nadie olvide nunca el terrible dolor que causaron.

 

Terrorismo en Barranquilla: ¿Serán los elenos?

24232860_773758002809908_13401544812437015_n

Bogotá, enero 28 de 2018

Un brutal ataque terrorista produjo el posconflicto (o la paz, o el post acuerdo, o cualquier otra palabreja inventada por los contratistas de la «paz» de Santos) esta mañana en Barranquilla.

Cuatro policías asesinados, a quienes nunca el gobierno del Nobel va a honrar ni a reparar como a sus victimarios; y más de 30 heridos entre policías y civiles, fue el aterrador resultado.

Las hipótesis no se hicieron esperar y probablemente Juan Manuel Santos quiera desviar la atención acerca de los perpetradores, para no deber justificarse después.

Sin embargo, un grupo de la delincuencia común no ejecuta un acto terrorista de estas características y magnitudes. Las Bacrim o el Clan del Golfo, tampoco tienen este modus operandi y lo circunstancial del carro de valores sólo ha servido para desviar la atención y generar falsas premisas sobre los verdaderos autores intelectuales y materiales de este atentado terrorista, que por sus características, es muy similar al de la plaza de toros de la Santamaría en Bogotá, donde murió un policía y hubo 24 heridos hace poco menos de un año.

Evidentemente esta guerrilla terrorista presiona con atentados la ampliación del «cese bilateral» que siempre termina siendo unilateral, porque ellos continúan delinquiendo; mientras nuestros soldados y policías tienen que dejarse matar para que los defensores de derechos humanos no se impresionen por la «violencia» de las fuerzas armadas en Colombia.

Parece que la paz que Santos negocia con el Eln, con las mismas características con que arrodilló el país a las FARC, se está manifestando. Actos de paz, explosivos de paz, masacres de paz y por supuesto, no faltarán la impunidad de paz y las curules de paz para llenar el congreso de terroristas.

El jefe negociador del gobierno, Gustavo Bell regresará el 31 de enero a Quito seguramente a inclinar la balanza nuevamente en favor de los terroristas. Ya nos habían amenazado diciendo que «cada día que se demore el inicio del quinto ciclo es un día más sin cese bilateral al fuego y un día de atraso en el desarrollo de la participación de la sociedad en la construcción de la paz». Y entonces vino la masacre.

El Eln y las Farc hacen lo que quieren, deciden, chantajean y extorsionan. Exigen y dilatan fechas y aprovechan ampliamente los gangazos que Santos acostumbra ofrecer a todos aquellos que cumplan con los méritos de haber asesinado, secuestrado violado y atentado permanentemente contra la infraestructura del país.

Nunca pensé que los colombianos llegaríamos a decir: «Por favor ¡no más dosis de paz! ¡No la soportamos!»

 

La Hora de la Verdad

13417463_530001483852229_496389513066056656_n

Bogotá, enero 21 de 2018

Ha sido largo y difícil el camino recorrido por las fuerzas de oposición al gobierno Santos. Años en los que, por lograr un mal llamado “Acuerdo de paz” con 7 mil narcoterroristas de las Farc, se desafió el orden y las garantías constitucionales de más de 50 millones de colombianos. Son, por tanto, graves las fracturas institucionales y riesgosas las concesiones otorgados a estos criminales, lo que nos obliga alcanzar una convergencia política que devuelva la tranquilidad y la esperanza por un mejor futuro.

Llego el momento de la verdad; la hora de la grandeza. La responsabilidad histórica es inmensa. Se requiere voluntad política y mucho amor por Colombia para deponer los egos y las viejas rencillas, que resultan mínimas ante la amenaza comunista que encarna la izquierda. Esa misma izquierda representada en todos aquellos que impulsaron con artificios mentirosos los acuerdos de «paz» y que posteriormente arrebataron fraudulentamente el triunfo de la voluntad popular.

El Centro Democrático y los dos candidatos conservadores avalados por firmas ciudadanas, recogen esa voluntad popular expresada en las urnas el 2 de Octubre de 2.016 y representan la talanquera que Colombia necesita imperiosamente para iniciar con empeño y determinación su reconstrucción institucional, económica, social y política.

A menos de 48 horas de la fecha límite, el Expresidente Álvaro Uribe le reiteró Expresidente Pastrana la necesidad de buscar una Alianza o Coalición incluyente, a partir de las candidaturas de los doctores Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque. Mientras Duque y Ordóñez se mantiene firmes en su intención de participar en la consulta del 11 de marzo, Martha Lucía Ramírez duda de incluir su candidatura en la coalición, por rechazar la presencia de Ordóñez.

Si estas tres grandes fuerzas políticas tuvieron el arrojo y la valentía de oponerse a la maquinaria aplastante de la corrupción y mermelada del gobierno Santos, con todo el andamiaje institucional y el dinero en contra… ¿Por qué no obviar los desacuerdos y volver a unirse en torno a una visión de país que restablezca la esperanza perdida?

Ya esto debe trascender de la connotación personal al deseo común de un mejor futuro para el país y sus nuevas generaciones. Señores, estamos en un punto de inflexión dramático, el más peligroso en toda la historia republicana del país cuya democracia ostenta ser la más antigua de América Latina.

Millones de colombianos tienen la confianza depositada en esta convergencia, que rescatará a toda una nación del camino seguro a la desgracia irreversible. La meta tiene que ser una sólida coalición del centro-derecha colombiana, para alcanzar gobiernos que logren desatar esa pretendida obligación de los “Acuerdos” de La Habana y contener la amenaza del socialismo populista.

Esperamos que el martes 23 Colombia amanezca con sus sueños renovados.

El Pacto que Cercenará la Memoria

24232860_773758002809908_13401544812437015_n

Bogotá, enero 14 de 2018

A espaldas de la opinión pública y de manera subrepticia, muchas cosas suceden al interior de las Fuerzas Militares y de Policía, por cuenta de los acuerdos de paz de La Habana.

Desaparecer las cicatrices de la guerra de la memoria histórica, parece ser la nueva política que el gobierno y el comando de las Fuerzas Armadas están adelantando para que no queden huellas del terrorismo que los mutiló y discapacitó físicamente.

Todos aquellos militares y policías que, en el ejercicio de la defensa de la Nación, enfrentaron a los terroristas -con tristes e irreparables consecuencias- están siendo impedidos para ascender y retirados so pretexto de incapacidad física, después de haber sido capacitados en diferentes universidades y haber desempeñado labores de alto reconocimiento.

No es digno ni honesto que las cicatrices de las masacres en el cuerpo de estos hombres, sean invisibilizadas, luego de unos oscuros pactos entre el gobierno y los terroristas.

Miembros del Ejército y la Policía, con alguna discapacidad física provocada por la guerra, con excelente desempeño en las labores para las que fueron capacitados, son retirados de la institución al cumplir 18 años de servicio.

Erradicar de la historia de Colombia al terrorismo y eliminar los símbolos y la representación del horror y la tiranía de Farc y Eln, es ahora la nueva doctrina en las Fuerzas Armadas, bajo la directriz del gobierno de Juan Manuel Santos.

Una versión aún más aberrante señala que, no solamente los retiran, sino que la nueva política dará paso a la incorporación de miembros de Farc y Eln – a través de becas del ICETEX- en las filas de la Policía Nacional, institución que pretenden separar del Ministerio de Defensa Nacional para adscribirla al Ministerio del Interior.

¿Hasta dónde va a llegar el plan maquiavélico para poner a Colombia bajo el absoluto dominio del comunismo criminal?

 

ELN, Diálogo Falaz

12916223_504229993096045_4696468290429299432_o

Bogotá, enero 08 de 2018

Parece que no fue suficiente la desinstitucionalización que generó la imposición del proceso de paz de Santos con las farc; ahora su obsesión es seguir con los elenos, más exigentes, hábiles e incrustados en estamentos de la sociedad (iglesia, academia, ongs).

Hemos de esperar entonces las nefastas consecuencias, incluyendo territorios franquiciados y negocios de las FARC.

La atomización del crimen, entre disidencias y franquicias, que permitió el descomunal aumento de los cultivos de coca, la proliferación de ataques y extorsiones y la continua intimidación en diversos territorios, son el resultado de la apertura hacia la más absoluta anarquía.

El ELN está hoy empoderado por los antecedentes del acuerdo con las Farc.
Por eso exige «renegociar el actual cese bilateral del fuego» porque «no están satisfechos con ese acuerdo».

La Iglesia, en cabeza de monseñor Óscar Urbina y el «gestor de paz» y ex-guerrillero del ELN, Carlos Velandia, pidieron una prórroga del actual cese, mientras «definen uno nuevo». Por su parte la ONU, a través de su Secretario General, hizo la misma solicitud.

Arropados con un manto de loabilidad, la mal llamada «sociedad civil» y la comunidad internacional, están presionando la continuidad del cese bilateral, empujando la falacia para que el grupo terrorista siga adelantando todo tipo de acciones violentas, con completa ausencia de claridad en los compromisos.

Esta negociación con el ELN es una bomba de tiempo en medio de los abusos de las Farc y el convulsionado ambiente pre-electoral.

Gran sorpresa nos llevaremos este año por cuenta de los premios que ahora querrán los elenos, que por supuesto, no serán inferiores a los otorgados a sus socios, las Farc.

El Gobierno está en la obligación de modificar la forma y el fondo de las negociaciones de Quito con el ELN. Sin ningún tipo de prebendas y con las exigencias que requiere la seguridad de los colombianos.

De no ser así, a luchar entonces ahora contra una nueva extorsión y asalto a Colombia, por parte del hampa organizada.

2.018: Ahora o Nunca

15965613_623640341155009_625288317863261449_n

Bogotá, enero 01 de 2018

Se fue 2017 y con él, las frustraciones que nos dejó Santos. Un “mejor país” empobrecido, con 260 mil nuevos desempleados, con 6.000 miembros entre las “disidencias” terroristas y las bacrim sin control; con una calificación triple B- en la evaluación de riesgo de inversión y con más de 200 mil hectáreas de coca. Es decir, todo el combustible para nuevas violencias.

Sumémosle la impunidad y premios a las farc, al crimen, al secuestro y a la violación de niñas que hoy, claman justicia al ver a sus victimarios desafiantes y próximos a ocupar las curules que les pondrán el título de “honorables”.

Sin embargo, vale la pena recordar qué país recibió el presidente Álvaro Uribe en el 2002: Una Colombia con 30 mil muertos al año, el mayor índice de mortalidad de nuestra historia, producto del desgreño institucional que propició las confrontaciones armadas entre guerrilla y paramilitares, las tomas de pueblos, las masacres indiscriminadas, sumado a la violencia y pauperización social.

Por eso Centro Democrático y los aliados que votaron NO al plebiscito, más los arrepentidos del SI, tenemos la oportunidad histórica de “ponerle un freno de mano”, como lo dijo Uribe en un discurso ante comerciantes de Bogotá, para redireccionar el rumbo de esta patria.

Quienes tuvimos el privilegio de conformar la primera bancada al Congreso de Colombia, bajo su tutela, tenemos el reto de recoger lo construido y enfrentar la destrucción institucional. Sumados a los nuevos candidatos que entran hoy a participar en la contienda electoral.

El año 2018 es el “ahora o nunca”. Es el año de la esperanza y de los retos definitivos; es la apertura de nuevos caminos que conduzcan a Colombia hacia una verdadera reconstrucción. Está en nuestras manos despejar el panorama para encaminarnos a disfrutar del inicio de un cambio definitivo que nos proveerá seguridad y progreso.

El pasado reciente nos deja un balance que nos impulsa a ser mejores, a superarnos a nosotros mismos y a cumplir por encima de lo planeado para conducir a Colombia a una verdadera reconstrucción.

Desde mis más profundas convicciones estaré nuevamente dispuesta a defender la libertad, la justicia y el orden como pilares fundamentales de una sociedad que quiere progresar.

Que Dios nos bendiga a todos, por el bien de Colombia.

 

Sobre el Cuerpo de una Mujer

24232860_773758002809908_13401544812437015_n

Bogotá, diciembre 24 de 2017

El ejercicio de todo tipo de dominación, como símbolo de supremacía y poder, ha sido usado históricamente en las culturas, unas veces soslayadamente con argucias temerarias y otras veces, contraviniendo todos los ordenamientos normales de respeto por el ser humano.

La violencia sexual contra mujeres y niños en Colombia, es un fenómeno claro del desmembramiento social, impudicia y aberración extrema, que no debe ni puede ser aceptado, sin excepciones. En ningún contexto puede invisibilizarse a las víctimas y mucho menos, revictimizarlas. Resulta inadmisible el doble rasero de condenar -como debe ser- a unos y absolver y premiar a otros.

Oscuro y turbio resulta pues, que amparados en un espurio, inconstitucional y amañado acuerdo de paz, todos aquellos capos guerrilleros que ostentaron algún poder dentro de las filas de las Farc, resulten no solamente impunes, sino premiados, después de haber cometido tan atroces crímenes contra cientos de mujeres que reclutaron siendo niñas, abusaron indolentemente y obligaron a abortar en las condiciones más inhumanas posibles; llevándolas incluso a la muerte.

De la mano de Herbin Hoyos, esas mujeres que han tenido la valentía de enfrentar la desgracia personal de haber pertenecido forzadamente a esa organización terrorista, se agruparon en la Corporación Rosa Blanca, para contarle al mundo, con detalles, la dimensión de las vejaciones a las que fueron sometidas y a clamar no solamente justicia, sino reparación de acuerdo con el daño causado.

Según investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, la violencia sexual era una política dentro de las Farc, emanada desde su comandancia y dirigencia, con la que se autorizaba la planificación forzada y el aborto. Son estremecedores los relatos de estas jóvenes obligadas a temprana edad a convertirse en adultas y esclavas sexuales.

Sin embargo, muy a pesar del repudio generalizado de la sociedad por este tipo de aberraciones -que ponen a los perpetradores en la escala más baja de valores, al nivel de enfermos pervertidos y psicópatas-, por obra de un acuerdo al que el pueblo colombiano dijo NO, hoy varios de ellos serán Senadores de la República y Representantes a la Cámara.

Personajes siniestros como alias Victoria Sandino, futura senadora de las Farc, fungía como cómplice y obligaba a las niñas a soportar los abusos.

Uno de los hombres más temidos dentro del grupo terrorista, alias El Paisa, no solamente es un frío y sanguinario asesino, sino también un pedófilo. Una de sus víctimas, reclutada a los 9 años, relata cómo la violó desde que tenía 11, la sometió a tres abortos y la obligó a enfrentar combates para que le dieran de baja.

Otra mujer cuenta cómo, a sus 14 años, fué obligada a abortar con 8 meses de gestación por Byron Yepes, aspirante a la Cámara de Representantes por las Farc en Bogotá, después de ser reclutada a los 11 años.

Tantos testimonios a la vista de un país perplejo que clama justicia, mientras su presidente solo gestiona en favor de terroristas e ignora con desvergonzada evidencia a las víctimas.

De nada le sirve a la sociedad la hipocresía de mujeres que proclaman «igualdad e inclusión» si a la hora de condenar estas dolorosas agresiones callan por causa de sus posturas políticas o, incluso, las justifican. Clara López optó por declarar que las mujeres abusadas debían «aprender a convivir» con sus victimarios; muchas feministas prefirieron callar y en cambio, aplaudir las ridiculeces idiomáticas de Alirio Uribe contra el lema de la Alcaldía de Bogotá. Y tenemos claro que la señora Lucía González, miembro de la Comisión de la Verdad, no hará nada porque «comparte todos los principios de las Farc». ¿Esos principios incluyen las directrices de esclavitud sexual dentro de sus filas? ¿Incluyen las abyecciones y perversiones de las que han sido objeto las mujeres que han pertenecido a esa organización? ¿Ese es el tipo de «verdades» que la Comisión pondrá sobre la mesa?

Sobre el cuerpo de las mujeres, las Farc escribieron una imborrable historia de horror y la sociedad colombiana tiene una deuda enorme de reparación y justicia que sane y cicatrice sus heridas morales. La memoria de tan aberrantes actos debe permanecer vigente hasta que se logre derrotar la impunidad.
Quienes podemos elevar nuestra voz en el Congreso de la República debemos saldar esa deuda, impidiendo también el premio a los victimarios.

Gobierno Santos, rajado en economía

1gXxit0b_400x400

Bogotá, diciembre 17 de 2017

 

Gran golpe a la confianza inversionista ha recibido Colombia en la última semana por causa de la calificación que Standard & Poors redujo de BBB a BBB-, lo que significa mayor riesgo país de largo plazo.

Como si este gobierno no hubiera mentido suficiente y no se hubiera hartado ya de engaños, la respuesta del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estuvo enfocada a tergiversar el grave significado de la calificación y de responsabilizar al gobierno entrante de sus nefastas consecuencias, manifestando que «es señal de alerta para las decisiones fiscales que se adopten en los próximos años». O sea, ellos hicieron un pésimo e irresponsable manejo de la economía, pero los culpables de la debacle financiera que se desatará por tanta corrupción y desafuero, serán los representantes del próximo gobierno, cualquiera que sea.

En 2.011, después de una exitosa gestión económica de 8 años del gobierno Uribe (2.002 – 2.010), las calificadoras internacionales le otorgaron a Colombia un ascenso de Grado Especulativo a Grado de Inversión, por lo cual se insistía en mantener ese grado de confianza para estimular la inversión extranjera.

Con todo el panorama económico a su favor, heredado de un manejo brillante de la economía del país, el gobierno Santos no solo dilapidó los recursos de la bonanza petrolera, redujo el crecimiento económico, sobre-endeudó al país y lo sometió a mayor carga tributaria, sino que arruinó los indicadores internacionales que ponen a Colombia al filo de perder el Grado de Inversión.

La comparación de los resultados en materia económica de las gestiones Uribe / Santos, reflejan evidente ineptitud del segundo. Cuando Uribe asumió en 2.002, el déficit fiscal era de -4.3% y durante los siguientes seis años se redujo a -2.3%. Durante todo su mandato el crecimiento promedio de Colombia fué del 4.6% con un precio promedio del petróleo de US$64. El crecimiento durante el gobierno Santos ha sido del 3.6%, con un precio promedio del petróleo de US$72 -se estima que en 2.017 no sea superior al 1.7%- y gozando de la herencia que le dejó Uribe, que se tradujo en el Grado de Inversión logrado en 2.011.

En el gobierno Uribe se dependía menos de los ingresos de Ecopetrol y su participación representada en el total era de 7,35%, mientras que en el de Santos es del 10.24%.

En resumen, la gestión económica del gobierno Santos ha sido un desastre. Ha generado menor crecimiento, mientras ha impuesto mayor carga tributaria al país. Vendió Isagén por $6,49 billones para gastar desaforadamente en mermelada en todas sus presentaciones y, para mantener las promesas de su proceso de paz, el país gastará $130 billones durante en los próximos 15 años.

Al borde de perder el Grado de Inversión y reducirlo nuevamente a Grado Especulativo, Colombia corre el gravísimo riesgo de elevar los intereses, reducir el dinero circulante, seguir desacelerando el crecimiento, perder valor en sus portafolios de inversiones y disparar el precio del dólar.

Un muy preocupante panorama nos deja Santos, después de haber hecho de nuestra economía un carnaval de corrupción comprando todo tipo de simpatías para su mentiroso proceso de paz y dejarnos un país literalmente arruinado. ¡Y la culpa será de otros!

Fuentes:
– Ministerio de Hacienda – Marco Fiscal de Mediano Plazo, 2.017.
– DANE
– Banco de la República