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Fuera Santos ¡Fuera!

Tenemos muchas razones para salir a marchar el próximo 1 de Abril. Razones de conciencia, de responsabilidad ciudadana, de protesta, de patriotismo, de absoluto hastío y rechazo a todo cuando encarna Juan Manuel Santos.
Las palabras se acabaron y los hechos nos aplastaron. La impotencia y la rabia que crecen día por día bajo su gobierno,  no deja lugar a nada más.
Es hora de que los colombianos dejen de pensar que lo que vive el país hoy es un problema de partidos o de pugnas personales. Es hora de despertar al indiferente, porque su patria, esa que un día tuvo esperanza,  está siendo asaltada cínicamente por el poder encarnado en un solo hombre, por encima de lo más sagrado de una democracia: la voluntad popular.
Somos muchos más que los arrodillados, que los enmermelados, que los cómplices y que los ingenuos e indulgentes  que todavía piensan que hubo que “tragarse algunos sapos”  y que aquí no va a pasar nada. Somos muchos más que no justificamos tantos hechos de corrupción para avalar la falsa paz con la que nos convertirán en esclavos.
El cinismo extravagante con que el gobierno maneja su íntima y evidente relación de complicidad con las FARC, es inconcebible. La desfachatez con que asume la recién destapada corrupción con que financió sus campañas, la perversa capacidad para  acomodar sus fichas en el Congreso, en las Cortes, en la Fiscalía, está llevando a la ciudadanía a límites insuperables.
Santos tradujo en Reforma Tributaria el hueco fiscal que ocasionó con su re-elección robada.
Triplicó la deuda externa, abocando al país a un endeudamiento impagable.
Legalizó el narcotráfico, el abuso sexual, el reclutamiento de menores, el secuestro y la extorsión, todo por la paz.
Armó shows mediáticos para aplaudir secuestros y asesinatos.
Ha humillado a un país entero a cambio de nada.
Se ha hecho el indiferente con los secuestrados que aún están en poder de la guerrilla, ha evitado exigir la liberación de los niños reclutados, para no poner en evidencia un crimen de lesa humanidad. Ha sobornado al Congreso para avalar el Fast Track, mediante el cual, ilegalmente, ha hecho aprobar la Justicia Especial para las FARC.
Ha permitido el increible aumento de los cultivos de coca;
ha favorecido el blanqueo de dineros de los terroristas, disfrazándolo de “conexidad con la rebelión”.
El gobierno no tiene argumentos creíbles y las FARC han aprovechado su ambición de popularidad internacional para fortalecerse, re-inventarse y seguir delinquiendo a través de su “disidencia”, mientras hacen exigencias sin cumplir por lo menos con sus compromisos.
Santos debe salir del Palacio de Nariño. En un Presidente indigno. Por eso todos los marchantes este próximo 1 de abril, entonaremos la frase “Fuera Santos ¡Fuera!”  ¡Y que se vaya!
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Maria Corina Machado no está sola. El mundo demócrata la acompaña.

 

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Bogotá, 17 de junio de 2018.

Gran alarma internacional está generando la estrategia del régimen venezolano para silenciar a Maria Corina Machado, una de las pocas voces opositoras que se mantiene firme en contra de la dictadura en Venezuela.

Con los poderes públicos cooptados, la mayoría castrense doblegada a sus deseos, el sistema electoral completamente entregado al capricho mesiánico de atornillarse en el poder y todo el aparato judicial obediente como cortesano a su rey, Maduro quiere ahora vincular a la ex diputada con un supuesto complot para asesinarlo en complicidad con 23 militares, que fueron capturados antes de sus fraudulentas elecciones.

Cualquier cosa para involucrarla dirá o hará, queriendo sacarse de encima al único actor político con verdadera coherencia y firmeza que se le ha opuesto: Vente.

Temeraria actitud ha adoptado Maduro contra quien representa la réplica, la resistencia y la incólume oposición. No en vano, personajes como Marco Rubio, congresista republicano de Estados Unidos, y organizaciones como la OEA, se han pronunciado ya públicamente, advirtiendo el riesgo que corre Maria Corina.

Con el mismo ánimo y firmeza que ha demostrado esta líder, que no se ha doblegado ante la dictadura totalitaria y represiva, la seguiremos respaldando y apoyando desde el congreso colombiano.

Nuestro gobierno la apoyará de manera incondicional, porque ella representa a la oposición legítima de Venezuela, la coherencia, la libertad.

Maria Corina Machado no está sola. El mundo demócrata la acompaña.

María Fernanda Cabal.

Senadora de la República de Colombia.

La metamorfosis

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Bogotá, junio 11 de 2018

Los colombianos ya sabemos lo que significan las promesas electorales “firmadas en piedra”, como las de Juan Manuel Santos y su no intención de subir los impuestos, o las de Gustavo Petro y sus mil jardines infantiles. Aún en estas tierras latinoamericanas se pagan, a un costo muy alto, las trapisondas y engaños de las campañas electorales.
La credibilidad de un candidato no se forja a última hora ni al vaivén de las alianzas, dando volteretas de malabarista. No hay nada más certero que la firmeza y la coherencia, sostenidas y permanentes, para ganar la confianza del electorado. Los cambios intempestivos y oportunistas en temas que definen el futuro del país, parecen un juego siniestro de quienes representan la izquierda radical en Colombia.
Incoherentemente y despojándose del disfraz de “centro”, Claudia López, fórmula vicepresidencial de Fajardo, adhirió a Gustavo Petro. A pocas semanas de haberse manifestado en contra de los postulados radicales de la “Colombia Humana”, ahora está allí, cultivando sus intereses personales y olvidando los del país. “Tu tienes una historia y unos resultados que asustan”, le increpaba públicamente. “A nadie en este país se le olvida que tu trajiste a Chávez por primera vez, que hasta el año pasado defendías a Maduro y hoy, como todos los políticos, tratas de posar”, le decía.
Ahora, para poner un bálsamo a las indiscutibles posturas antidemocráticas del candidato, se inventaron tallar en piedra todo lo contrario a lo que hace muy poco fueron sus banderas de campaña, para hacerle creer a los de “centro” que Petro ya no es Petro, ni un discípulo aplicado del difunto Hugo Chávez, sino un demócrata que nunca ha querido pasar por encima de la ley.
Su pésima gestión como Alcalde de Bogotá, a la que solo aportó promesas incumplidas, corrupción y un permanente discurso incendiario de odio, demostró que lo suyo no es gobernar y ejecutar, sino engañar a través de imaginarios y anarquizar un sistema político que le permitió democráticamente acceder al poder local.
Puede ser “democrático”, o producto de un proceso de paz -que generalmente deja estropeadas y maltrechas a las víctimas y premiados a los asesinos victimarios-, pero  que un personaje con el pasado delictivo de Gustavo Petro tenga la posibilidad de ser candidato presidencial, aspirando a la más alta dignidad política de Colombia, es indignante. Algunos dirán que así ha sucedido con otros presidentes de América Latina, sin embargo, para un país que ha sufrido toda clase de formas de violencia, el relativismo moral no ayuda. Al contrario,  edifica las bases de nuevos riesgos que terminarán socavando las ya frágiles instituciones democráticas y abriendo el camino al retorno del discurso de odio y de lucha de clases que solo causan miseria y esclavitud.
Dios permita generar conciencia en muchos sectores indignados o desilusionados de la política.  Que comprendan que no es comprando un pasaje de camino cierto a la hambruna como se fomenta la prosperidad y la real inclusión de todos, sin categorizar a la sociedad en facciones y minorías irreconciliables. Y que el imperio de ley,  entendido como el deseo de las mayorías  que eligen y no como garrote del estado, es el único camino.

La JEP: Entre perlas y goles

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Bogotá, junio 3 de 2018
No queda duda que la JEP es un aparato judicial, creado maquiavélicamente como instrumento de impunidad para los terroristas y de persecusión a los militares y policías.

Nada más burlesco que el reciente permiso para vacacionar, otorgado a Fernando Arellán, condenado por el atentado terrorista contra el Club El Nogal -que cobró 37 vidas de inocentes incluyendo niños-, de cuya responsabilidad se quieren desligar los magistrados endosándosela al ex secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa. ¿Quiere decir esto que en el recién creado tribunal hay ruedas sueltas con tanto poder?                        

Los goles que la JEP ha anotado y los que pretenden seguir metiendo, evadiendo todo el ordenamiento lógico de justicia, deben evitarse regulando su procedimiento.                

Las siguientes “perlas” se han encontrado en la reglamentación de la JEP presentada al Congreso:
El Artículo 14, no contempla el recurso de apelación para la recusación; violando el principio de imparcialidad. La mayoría de los magistrados “seleccionados” por invitados internacionales con clara ideología marxista, están inhabilitados para actuar frente a los militares. Hay quienes participaron en el caso Santo Domingo, por ejemplo, y si no se declaran impedidos, podrán seguir siendo juez y parte sin posibilidad de apelación de los acusados.

El Artículo 21, que da cuenta de documentos de carácter reservado en los procesos, se entiende como si la JEP pretendiera  juzgar a personas con base en documentos no accesibles al indiciado ni a su defensa. ¿Qué clase de justicia es esta?

Los artículos 19, 37 y 40, señalan de forma pervertida que el contexto -que la misma izquierda comunista ha construido-, se constituya en prueba para condenar o absolver.
Los textos amañados, escritos solo por un lado del conflicto, como los del Centro Nacional de Memoria Histórica, serán documentos base para fallar. La presidente de la Jep, Patricia Linares -quien previamente lo fuera del Centro de Memoria Histórica- ha declarado cínicamente que los colombianos debemos acostumbrarnos a “romper paradigmas”. Si ella no se declara impedida cada vez que un documento de esa institución sea traído como “prueba”, ya se habrá roto uno.

El artículo 40, que establecía que la incorporación de la prueba documental se hiciera “directamente, así como la proveniente de otros procedimientos y actuaciones ante cualquier jurisdicción o autoridad”, logró modificarse: ahora la prueba debe ser incorporada en juicio, atendiendo el principio de inmediación como garantía judicial de los procesados.

Adicionalmente, se logró introducir  la posibilidad de sustentar oralmente los alegatos, y hoy ya hace parte del proyecto de ley a debatir en plenaria de cámara (aunque esta proposición había sido inicialmente considerada como una “actividad dilatoria” y no como una real garantía judicial).                    

Por otro lado, en ninguna parte del reglamento aparece el procedimiento de revisión de sentencias condenatorias; aún cuando en el acto legislativo se había logrado establecer esta posibilidad, una vez se diera la aparición de nuevos hechos -que no hubieran sido tenidos en cuenta con anterioridad- o cuando surgieran  nuevas pruebas -no conocidas-.
En el texto actual, esta posibilidad de revisión sólo es contemplada bajo la ley 906 de 2004, es decir, que obliga a reiniciar la investigación desde cero, lo cual la convierte en una misión imposible.

En cuanto al artículo 53, que pretende crear un procedimiento paralelo de extradición, se supone que la JEP sólo debe verificar y pronunciarse sobre la fecha de ocurrencia de los hechos materia de la solicitud de extradición, pues es lo que les daría la competencia; pero quieren tener la posibilidad  de pronunciarse sobre la conducta y decretar pruebas, sin que haya lugar a ellas. Esto echaría al traste todos los tratados internacionales vigentes sobre la materia y sería una afrenta a nuestra cultura de cooperación judicial con otros Estados.

Para finalizar, hay que anotar que se logró modificar el denominado “Artículo Santrich”, que sostenía tramposamente que todos los procedimientos realizados con anterioridad a la promulgación de la ley, serían válidos. De esta manera justificarían la resolución fraudulenta de suspensión del proceso de extradición de este sujeto.
¡Goles con descaro!

Apostémosle a Colombia

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Bogotá, mayo 27 de 2018

Las elecciones presidenciales en Colombia despiertan hoy inquietudes, temores y esperanzas. Son, quizás, las que mayor interés generan en el continente americano y en donde se juega el futuro de conservar un país en libertad.
La coyuntura actual frente al lastre de un pésimo gobierno y un proceso de paz que arroja más incertidumbres que certezas, además del riesgo de la rapiña ideológica del totalitarismo internacional, ha puesto en inminente peligro nuestra democracia.
Poner a la misma altura moral a personajes siniestros que usaron las armas para reprimir, intimidar, perseguir y chantajear al Estado es, por decir lo menos, haber llevado una soga al cuello de las instituciones de nuestro país.
Pervertir el concepto de justicia para ponerlo como señuelo de una paz inexistente, ha ido en contravía del modelo de Estado Republicano que los demócratas deseamos. Y por causa del sistemático adoctrinamiento de izquierda de la educación en Colombia, se ha tergiversado la historia para sembrar en nuestros jóvenes ideales errados que han sido ya un fracaso en el mundo.
Los venezolanos menores de 37 años, no tuvieron la oportunidad de elegir su futuro y éste les fue impuesto por quienes se equivocaron al optar por Chavez hace casi dos décadas en Venezuela.
Los dictadores se hacen elegir por la vía democrática y luego la carcomen hasta acabarla, convirtiéndola en un disfraz para crear pantomimas a través de las cuales se reeligen indefinidamente.
Debemos defender nuestro modelo republicano de instituciones que garanticen la separación de poderes como requisito para que el ciudadano conserve su libertad. Y donde el imperio de la ley se construya a través de consensos y acuerdos de una sociedad que desea vivir una mejor calidad de vida.
Hoy los colombianos tenemos la inmensa oportunidad democrática de recuperar a Colombia de las fauces amenazantes del comunismo, como también, el enorme riesgo de entregársela con fines totalitarios.
Las fisuras que Santos deja en nuestra ya maltrecha carta constitucional, deben ser reparadas.

La JEP: Un tribunal para las Farc

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Bogotá, mayo 20 de 2018

En una sociedad tan curtida por la trampa y el engaño, un esguince más a la justicia y al orden constitucional no se notaría; de no ser por la magnitud del caso Santrich y el cinismo con que pretenden salvarlo.
Desde que el mal llamado  “proceso de paz” construyó la figura de la JEP, sentamos el precedente que sería un tribunal con sesgo ideológico al servicio de las Farc; dejando de lado el verdadero concepto de justicia.
El nombramiento de sus integrantes lo anticipó. El caso de alias Santrich le está dejando claro al país que no tienen, ni tendrán nunca, el peso ético para llevar a cabo gestiones de justicia de ninguna envergadura: hacen gala de un descaro vergonzante.
El resultado de este termómetro permite medir la dimensión del complot del acuerdo de impunidad: La Sala de Revisión de la JEP se adelantó a oficializar la suspensión de un proceso de extradición que aún no se ha iniciado formalmente y sobre el cual no tiene injerencia alguna; pues su única función -a nuestro juicio sin competencia, aún así haya sido determinado por el Presidente de la Corte Suprema- era establecer la fecha de ocurrencia del delito.
Con la arrogancia que han mostrado al país y actuando sin ley de procedimiento que debía pasar por el Congreso, no solamente lanza un salvavidas al bandido Santrich, pidiendo pruebas para dilatar exigiendo a la Fiscalía información con la intención de anular la medida de aseguramiento del terrorista.
“Choque de trenes” le dicen los medios a las reacciones que esto está causando a lo que no es más que el intento de violación del orden constitucional, al que naturalmente se ha opuesto el Fiscal General de la Nación, los ponentes en el congreso de la ley que aprobará el reglamento de la JEP y hasta el Director de Investigación y Acusación de la misma entidad, recién creada, que pretende autorregularse.
Con todos los argumentos legales y constitucionales, el Fiscal le remitió una extensa carta al Procurador General, dejando completamente deslegitimadas y hasta ridiculizadas las pretensiones de un tribunal inventado por las Farc.
¿A qué argucia acudirán ahora para arrogarse todos los derechos incluso el de seguir narcotraficando y ser premiados por eso?
La JEP nos está dando la razón, su actuar es absolutamente delirante.

¿Condenados al cinismo eterno?

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Bogotá, 14 de mayo de 2018

Pareciera que la cadena de sorpresas desagradables y sucesos insólitos no cesa durante este último periodo del ya feneciente gobierno de Juan Manuel Santos.

Una y otra vez los colombianos presenciamos  el circo de la “paz” de su desgobierno, otra vez burlándose de la justicia -que no existe para la izquierda, siempre impune-.

Sin embargo, la costumbre de ver a los sátrapas terroristas reírse de los colombianos y de sus víctimas, esta vez llegó a su máxima expresión de cinismo: en esta oportunidad, contaron con la complicidad de la Iglesia Católica, para fraguar otra burla.

La Conferencia  Episcopal Colombiana, en un acto de audaz desfachatez, decidió tenderle “benevolentemente” la mano a alias Jesús Santrich, en un gesto  evidentemente político disfrazado de humanitario. Como todo lo de la izquierda,  torciendo la realidad.

Otra vez la trampa es protagonista en temporada electoral, como si los colombianos estuviéramos condenados al cinismo eterno de quienes, con cualquier argucia, son capaces de disfrazar todas las situaciones para terminar favoreciendo delincuentes.

Jesús Santrich fue capturado por la Fiscalía y recluido en la cárcel La Picota con fines de extradición. Inmediatamente, todo el aparato del Estado se volcó a construir la trampa, para que sus delitos de narcotráfico fueran “evaluados y revisados” por la JEP, aun cuando flagrantemente ha incumplido con los acuerdos que su grupo terrorista y el gobierno firmaron, por encima de la voluntad popular, en diciembre de 2016.

Todo lo que una vez consideramos imposible, sucedió; todo lo que no debía ni podía pasar, pasó. Se concedieron toda clase de privilegios absurdos y aún así, no contentos con tantas ventajas, consideraron que tenían patente de corso para seguir traficando.

Razón tuvo siempre el Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, cuando denunció que las Farc son una multinacional con un secretariado especial que opera en las altas esferas del empresariado, la iglesia y la política colombiana.

No nos pueden convencer que la iglesia está actuando de forma “humanitaria” tras el chantaje de una supuesta huelga de hambre, cuando jamás hubo una actitud cristiana frente a las atrocidades que cometieron contra secuestrados, niños reclutados y mujeres y niñas abusadas por décadas enteras.

Se rumora que Santrich se fugará y pareciera que la Iglesia y la Fundación Caminos de Libertad, que lo amparan, están facilitando las condiciones para que así sea.

¿Qué tanto tiene que esconder Juan Manuel Santos, que prefiere privilegiar a las Farc por encima de los requerimientos de Estados Unidos? Quizá nos sorprendamos  mucho más, cuando efectivamente el narco de marras desaparezca como por encanto, junto con sus cómplices. Amanecerá y veremos.

¡En primera vuelta!

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Bogotá, 6 de mayo de 2018.

¡En primera vuelta!

El Centro Democrático es el partido de la esperanza y la única colectividad política que ha ejercido con estoicismo y entrega, la oposición más férrea en la historia reciente de Colombia.

Como millones de colombianos, hartos de tantos engaños, trampas y mentiras, estoy contando los días que faltan para que Juan Manuel Santos entregue la banda presidencial y se vaya a disfrutar de su prefabricado perfil internacional y su comprado premio Nobel, a donde todavía le crean algo.

Como en Agosto 7 de 2002, recibiremos un país en ruinas; con un remedo de paz mal hecha y con unos narcos que siguen traficando y no les interesa ejercer sus inmerecidas curules en el marco de la democracia, la Constitución y la ley.

Falta poco, tan sólo cuatro meses; y el partido que ha ejercido desde el legislativo el derecho a oponerse a este tinglado para amparar delincuentes, merece representar en el próximo cuatrienio, la voluntad del pueblo colombiano.

La gran coalición,  en cabeza de Iván Duque, representa el anhelo de todo lo que los colombianos necesitamos. Con certeza, tenemos el caudal electoral para ganar en primera vuelta y ahorrarle el costo económico al país de una segunda vuelta. Además de evitar el riesgo de una contienda contra el continuismo corruptor o el populismo puro.

El Centro Democrático es hoy el partido más votado de Colombia; un partido al que la gente concurre con auténtica voluntad y admiración y que recoge la inconformidad de la mayoría de los colombianos.

Es también, el símbolo fresco de una nueva apertura a la inclusión en donde se afincan  los valores democráticos y los preceptos básicos de justicia, por encima de anacronismos caducos.

Iván Duque y el Centro Democrático representan unión y cohesión de voluntades. Por ello la concurrencia a las urnas el próximo 27 de Mayo le dará, sin duda, la victoria a nuestro partido.

Usted, amigo colombiano, puede multiplicar el mensaje y hacer que el regreso de la esperanza en un país digno, sea una certeza ¡Colombia se lo merece!

María Fernanda Cabal.

 

Catatumbo, República Independiente

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Bogotá, 29 de abril de 2018.

Colombia es un país en donde suceden todos los extremos de lo absurdo. Ahora la sin razón está representada en el paro armado, al que los terroristas de siempre tienen sometida a la región del Catatumbo.

La confrontación ocurre  entre las guerrillas narcotraficantes del EPL y ELN, paralizando la zona hace más de una semana y dejando atrapados a los
pobladores, sin derecho a la libre movilización. Ayer, para sumarle la cereza al pastel, la Defensoría del Pueblo denunció la llegada de al menos 100 hombres de las “disidencias” de las farc.

Tanto los unos como los otros disponen sobre la suerte de los pobladores, mientras el gobierno nacional pasa “de agache”, como si el Catatumbo no fuera parte de Colombia, como si tanta anormalidad en el orden público no fuera de su resorte, o como si el abandono y olvido de algunas regiones fueran norma en el desarrollo de  la agenda nacional.

Es inconcebible que el control absoluto de un territorio de Colombia, lo sigan teniendo unas bandas criminales y no el Estado a través de sus Fuerzas Armadas y de Policía, como lo contemplan la Constitución y la ley.

El desabastecimiento ha empezado ya a sentirse y miles de personas piden ayuda humanitaria en San Calixto para poder movilizarse y buscar alimentos y medicinas.

Parece un déjà vú, una historia condenada a repetirse siempre, ante la mirada indiferente de un gobierno al que ya nada le importa. El Catatumbo sigue siendo una región sin Dios ni ley, en donde el dominio guerrillero ha prevalecido sobre el orden constitucional, gracias a los diligentes oficios de Juan Manuel Santos que, lejos de pacificar la zona, ha hecho recrudecer una pelea territorial entre guerrillas y bandas criminales.

¿Qué clase de “paz” pensará construir Santos con el ELN en los tres eternos meses que le quedan en la Presidencia?

¿Civilización o barbarie?    

MFC

 

Bogotá, 22 de abril de 2018.

 

                                                      ¿Civilización o barbarie?
El asesinato de tres ciudadanos ecuatorianos del gremio periodístico, a manos de una supuesta disidencia de las Farc, desnuda la punta del iceberg del andamiaje que representan las organizaciones criminales Farc y Eln.
El negocio transnacional en manos de terroristas indultados y sus “disidentes”, puesto al descubierto por el gobierno americano a través de la DEA, empieza a mostrar la innegable verdad que hemos denunciado siempre ante una justicia ciega y sorda. Aunque pareciera intrincado, todo el entramado delictivo se resume en unos principios, que los integrantes del nuevo partido político siguen fielmente.
Desde siempre, los grupos y guerrillas comunistas han fundamentado su accionar en estrategias en las que el azar y la improvisación no tienen cabida. Todos los factores políticos y militares que alcancen su injerencia tienen una hoja de ruta, incluso para aquellas variables externas que sean ajenas a su influencia.
Es así como la captura con fines de extradición de alias Jesús Santrich y Marlon Marín ha sido una inesperada y fuerte contingencia para la banda narcotraficante Farc. Ad portas de empezar a ejercer funciones legislativas -otorgadas por un gobierno cómplice que facilitó los ilícitos que se suponía, no podrían tener nueva ocurrencia después de la firma del acuerdo de paz-  el gobierno de Estados Unidos, en su legítima lucha antidrogas, sentó un precedente que podría cambiar el curso de un pacto mal hecho.
Las Farc, con sus nuevos brazos armados, han operado bajo esquemas y estrategias que aplican con principios claros de reparto de funciones, creación de células compartimentadas, trabajo clandestino e inversión de la responsabilidad revolucionaria.
Bajo esos principios, que aplican rigurosamente en la ejecución de todas sus decisiones y acciones, se puede concluir que alias Santrich tenía la misión de gestionar los negocios de tráfico de drogas, en perfecta articulación con los carteles mexicanos. También creó células operativas, que actúan ilegal y clandestinamente, para obtener recursos de diferentes formas.
Aunque Marlon Marín, sobrino de alias Ivan Márquez, nunca formó parte de la organización terrorista ni figura en los listados oficiales, oficiaba como intermediario en la adjudicación de proyectos para el postconflicto. Este hombre, que cayó junto con el cabecilla Santrich por estar involucrado en el envío de droga a Estados Unidos y que ha sido llevado a Nueva York para testificar en contra de sus cómplices, también operaba con otras nueve personas, para robarse los recursos del Fondo Colombia en Paz. Los millonarios contratos que tienen que ver con proyectos productivos en materia de avicultura, agricultura, piscicultura e infraestructura, también estaban en la mira de las Farc.
Ante la imposibilidad de negar lo evidente y comprobado, ahora el nuevo partido político pretende desviar la mirada de quienes todavía creen en los acuerdos de La Habana. Lo hacen ejerciendo el desgastado chantaje emocional de “la paz”, mientras El Paisa e Iván Márquez, dan sospechosos pasos, previendo nuevas capturas. Negar y enmascarar los hechos con su discurso de paz, encaja en sus principios.
Juan Manuel Santos y todo su cómplice gobierno empoderaron y fortalecieron a un grupo criminal, que pretende evadir todas sus responsabilidades, con la manida extorsión del final de los acuerdos que, al final de cuentas, no resiste más mentiras.

Indignidad.

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Bogotá, 15 de abril de 2018.

Indignidad. 
Los aberrantes acontecimientos de la semana pasada nos dieron la razón: desde el Congreso, advertimos una y otra vez de la total inconveniencia de materializar una negociación desigual. Votamos NO en el plebiscito del 2 de Octubre de 2016 y ganó la conciencia moral del pueblo colombiano.
El grupo criminal Farc, hoy convertido en partido político, sigue siendo el protagonista de actos delictivos y violentos, que dejan un saldo desesperanzador.
Ocho policías asesinados miserablemente por bandas narcotraficantes conectadas con las Farc, tres ciudadanos ecuatorianos secuestrados y posteriormente masacrados por las supuestas “disidencias” de este grupo terrorista -encabezado en Tumaco por alias Guacho- y la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos al cabecilla y negociador alias Jesús Santrich, por narcotráfico comprobado, son sucesos que ponen sobre el tapete de la realidad nacional, el resultado de la enfermedad incubada en Cuba y materializada en Colombia por Juan Manuel Santos.
En un país sin la sociopatía extraña que padece Colombia, habría una conmoción nacional promovida por el gremio periodístico, como también una fuerte movilización social exigiendo justicia y expresando un contundente rechazo a las sistemáticas y enfermizas mentiras de Santos. Pero estamos en Colombia, un país con una sociedad anestesiada y apática, una cúpula militar doblegada a intereses particulares, unas cortes cooptadas por la ilegalidad y supeditadas convenientemente a la “interpretación de normas” y unas instituciones entregadas a  los complejos y jugosos negocios originados en el acuerdo de paz.
Ya nadie involucrado en este entramado propende por lo normal, lo justo, lo legal, lo obvio y lo sano. Es la barbarie institucionalizada.
El actuar de Juan Manuel Santos corresponde, como siempre, a la desidia, el desinterés y la indolencia. Sus únicos intereses son el pavoneo en las pasarelas internacionales y la férrea defensa de los delincuentes de las Farc, razón por la cual el vicepresidente Naranjo se ocupó con eficacia de dilatar  la confirmación de la noticia del asesinato de los periodistas ecuatorianos hasta que terminara la Cumbre de las Américas y sus declaraciones quieren obviar el hecho de que Guacho pertenece a las Farc, aun cuando su nacionalidad sea ecuatoriana.
La mezcla de todos los ingredientes de la receta de Santos, regresa a Colombia a los tiempos de un narcoestado fallido: más de 220.000 hectáreas sembradas de coca + curules para narcoterroristas + ONG’s internacionales de izquierda apoyando la farsa + la ONU recibiendo contratos millonarios del Estado colombiano + JEP hecha a la medida de los intereses de los delincuentes.
 No queda mucho por decir, solo que después de oír al magistrado Barceló decir que es la JEP el organismo que tiene competencia para investigar y decidir la suerte de Santrich, tengo la corazonada que estará posesionándose como “Honorable” Senador de la República el próximo 20 de Julio.
¿Más indignidad? ¡No se puede!