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Fuera Santos ¡Fuera!

Tenemos muchas razones para salir a marchar el próximo 1 de Abril. Razones de conciencia, de responsabilidad ciudadana, de protesta, de patriotismo, de absoluto hastío y rechazo a todo cuando encarna Juan Manuel Santos.
Las palabras se acabaron y los hechos nos aplastaron. La impotencia y la rabia que crecen día por día bajo su gobierno,  no deja lugar a nada más.
Es hora de que los colombianos dejen de pensar que lo que vive el país hoy es un problema de partidos o de pugnas personales. Es hora de despertar al indiferente, porque su patria, esa que un día tuvo esperanza,  está siendo asaltada cínicamente por el poder encarnado en un solo hombre, por encima de lo más sagrado de una democracia: la voluntad popular.
Somos muchos más que los arrodillados, que los enmermelados, que los cómplices y que los ingenuos e indulgentes  que todavía piensan que hubo que “tragarse algunos sapos”  y que aquí no va a pasar nada. Somos muchos más que no justificamos tantos hechos de corrupción para avalar la falsa paz con la que nos convertirán en esclavos.
El cinismo extravagante con que el gobierno maneja su íntima y evidente relación de complicidad con las FARC, es inconcebible. La desfachatez con que asume la recién destapada corrupción con que financió sus campañas, la perversa capacidad para  acomodar sus fichas en el Congreso, en las Cortes, en la Fiscalía, está llevando a la ciudadanía a límites insuperables.
Santos tradujo en Reforma Tributaria el hueco fiscal que ocasionó con su re-elección robada.
Triplicó la deuda externa, abocando al país a un endeudamiento impagable.
Legalizó el narcotráfico, el abuso sexual, el reclutamiento de menores, el secuestro y la extorsión, todo por la paz.
Armó shows mediáticos para aplaudir secuestros y asesinatos.
Ha humillado a un país entero a cambio de nada.
Se ha hecho el indiferente con los secuestrados que aún están en poder de la guerrilla, ha evitado exigir la liberación de los niños reclutados, para no poner en evidencia un crimen de lesa humanidad. Ha sobornado al Congreso para avalar el Fast Track, mediante el cual, ilegalmente, ha hecho aprobar la Justicia Especial para las FARC.
Ha permitido el increible aumento de los cultivos de coca;
ha favorecido el blanqueo de dineros de los terroristas, disfrazándolo de “conexidad con la rebelión”.
El gobierno no tiene argumentos creíbles y las FARC han aprovechado su ambición de popularidad internacional para fortalecerse, re-inventarse y seguir delinquiendo a través de su “disidencia”, mientras hacen exigencias sin cumplir por lo menos con sus compromisos.
Santos debe salir del Palacio de Nariño. En un Presidente indigno. Por eso todos los marchantes este próximo 1 de abril, entonaremos la frase “Fuera Santos ¡Fuera!”  ¡Y que se vaya!
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La Influencia de Soros en Colombia.

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Bogotá, 19 de noviembre del 2017.

Las teorías de conspiración internacional en contra de los pueblos y sus sociedades, se confirman con hiladas investigaciones que demuestran la poderosa influencia del dinero de George Soros en Colombia.

Su apoyo millonario a través de Open Society Foundation a organizaciones de izquierda y portales de información de la misma tendencia, no son ocultables.

Las ONG’s Corporación Nuevo Arco Iris y Paz y Reconciliación, ambas del ex-guerrillero del ELN León Valencia, se han hecho acreedoras de los aportes de la Fundación de Soros, así como los portales Verdad Abierta -cuya directora, Maria Teresa Ronderos, lo admite sin reparos- La Silla Vacía y Colombia Check.

Juiciosas pesquisas de la periodista Lia Fowler, concluyen también que partidas de Open Society llegan también a DeJusticia, de Rodrigo Uprimny, uno de los diseñadores del sistema de justicia con impunidad para las Farc y patrocinador de la denuncia que sacó de la Procuraduría a Alejandro Ordóñez, única cabeza gubernamental que se opuso a las aberraciones del pacto de La Habana.

DeJusticia también promueve la despenalización y legalización de las drogas, propósito abiertamente expuesto por Soros, y Cesed, grupo de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes que apunta hacia las mismas intenciones, es también beneficiaria de las millonarias donaciones.

Además de la mermelada, corrupción con nombre coloquial, que se distribuyó a manos llenas a todos quienes pudieran tener injerencia negativa en el plan disfrazado de «paz», también la poderosa maquinaria se aceitó con dineros internacionales, aparentemente canalizados a través de USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y aunque altos funcionarios de esta agencia lo niegan, la directora de Verdad Abierta, se ufana de ello.

No es difícil poner cada ficha en su lugar, cuando está tan claro el destino de los millones de Soros en Colombia.

La feria de la conciencia en venta, entre la perversidad de la mermelada santista y la disfrazada ayuda de Soros para las naciones.

¿Quién es George Soros?

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Bogotá, 13 de noviembre del 2017.

Posiblemente muchos de ustedes han oído mencionar a George Soros en este último año, en que su influencia ha sido más evidente públicamente. Es probable también que no tengan claro quién es, ni qué conexión tiene con Colombia, así que haré una reseña para que puedan hilar e interpretar la radiografía de su impacto y poder en todos los eventos que nos tienen al borde de la tragedia institucional.

George Soros es un multimillonario judío de origen húngaro, cuya fortuna se estima en 8 mil millones de dólares y la ha usado, con su poderosa influencia para financiar y propagar grupos izquierdistas a lo largo y ancho del mundo.

George Soros

En América, Soros ha construido un emporio ideológico que incluye medios oficiales y masivos de comunicación, medios digitales que posan de alternativos e independientes, ONG’s de derechos humanos, organizaciones pro libertad de prensa, etc. Todos estos actores inyectados de dinero, le sirven para darle un carácter académico e intelectual a sus verdaderas intenciones, que en realidad apuntan al totalitarismo y al poder absoluto sobre las naciones.

Todo este poderoso tinglado se ha encargado de ridiculizar y satanizar a todos aquellos que se atrevan a desenmascararlo, incluso intentando desmentir su propia existencia, poniéndola al mismo nivel de cualquier mito urbano.

Sin embargo, fué el mismo Donald Trump, quien lo puso en evidencia y reveló quién es Soros, cómo financió la campaña de Hillary Clinton y cómo patrocinó todo un aparato de desprestigio contra él, que aún permanece con virulencia.

A través de su fundación, Open Society Fund, mueve millones de dólares promoviendo y financiando eventos para la legalización de las drogas, el aborto y la ideología de género. Fue esta fundación la promotora de toda la campaña que terminó legalizando el comercio de la droga en Uruguay en 2.013.

La Open Society financia a la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia y dona mucho dinero en pro de la legalización. En Colombia, la Universidad de los Andes ha recibido partidas para la creación del Centro de Estudios sobre Seguridad. Juan Manuel Santos se reunió con Soros en la época en que empezaron las negociaciones con las Farc.

El modus operandi para legalizar las drogas, es cubrir el tema con un disfraz académico y pagar millonarias «investigaciones» que concluyen que la lucha antidrogas es inútil y que es mejor legalizarla con fines medicinales y después con fines recreativos, para que en un futuro no lejano, tengamos sociedades drogadas, mientras ellos manejan el lucrativo negocio.

Con el objetivo de satanizar a unos y santificar a otros, la Open Society y su confundida Human Rights Watch, junto con otras ONG’s que reciben dineros de Soros (las Brigadas Internacionales de Paz, Amnistía Internacional y la Oficina de Washington para América Latina), empezaron en los 90’s, señalando al ejército colombiano como violador sistemático de los derechos humanos, al mismo tiempo que liberaban públicamente a las Farc y al Eln de cualquier vínculo con el narcotráfico a través de declaraciones del entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette. Curiosamente el ex-embajador Frechette trabajó hasta 2.016 para Soros en HRW, misma organización que ha adelantado una feroz campaña contra militares colombianos que fué replicado por los medios controlados por Soros, principalmente por The Washington Post.

En próxima entrega: La pertinaz influencia de Soros en Colombia.

 

Colombia, Entre la Claudicación y la Fe.

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Bogotá, 6 de noviembre del 2017.

Colombia pasa constantemente por un carrusel de emociones en el que cada suceso es más sorprendente y aberrante que el anterior y refleja que lo inimaginable sucede, o lo hacen suceder, por encima de cualquier lógica posible.

El empoderamiento que Santos facilitó al grupo narcoterrorista Farc cruzó todos los límites, incluso el de la gente a la que engañaron en la campaña del plebiscito para que, de buena fe, votara SI. Tanto mintió Juan Manuel Santos al país y tan poco le importó robarse descaradamente el resultado de la consulta popular, como menos le importa ahora la vergüenza de quienes lo apoyaron con su voto y callan aplastados ante las evidencias.

En el escenario más kafkiano de todos, un delincuente con más de 400 años de condenas encima de su miserable humanidad, sin haber sido juzgado ni absuelto más que por el capricho de un cómplice, se pavonea por todo el país, envalentonado y victorioso, negando con cinismo sus innumerables delitos, mientras sus cómplices exigen respeto, a través de la institucionalidad de la que nunca fueron parte.

Una vez más pisotean nuestra maltrecha democracia, ahora con la complacencia del gobierno más nefasto del que haya tenido historia el país, al que han obligado a financiar sus excesos y a doblegar su voluntad a un grupo de maleantes que vienen a acabar con la poca dignidad que le queda a sus víctimas, humilladas y revictimizadas. Y vienen por más… ¡Vienen por todo!

La evidencia clara de que esto no es otra cosa que el semillero de una nueva y atroz violencia, es el poderoso brazo armado que han dejado por fuera, cuidando estratégicamente el gran negocio del narcotráfico y su alianza con el ELN que, con sus grupos sanguinarios, sigue protagonizando toda clase de asaltos y masacres en los territorios en donde ahora son franquiciados.

Apabullar a Colombia entera, obligándola a aceptar su claudicación absoluta, es su estrategia. Luchar con fe para salvarla, es la nuestra.

Contradecir Periodistas NO es Delito.

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Bogotá, 3 de noviembre del 2017.

Contradecir Periodistas NO es Delito.

El 31 de Octubre de 2.017, la Fundación para la Libertad de Prensa, ha querido acallar mi voz como parlamentaria y ciudadana, violando abiertamente el Art. 20 de la Constitución Nacional, que consagra la libertad de expresión, la difusión de pensamiento y opiniones y el derecho de informar y recibir información veraz. A ellos, debo recordarles, que contradecir periodistas NO es un delito y que intentar estigmatizarme o señalarme, no es un recurso válido para ocultar lo que ha sucedido en todo el proceso de Las Pavas.
En mi calidad de congresista y en el desarrollo de la defensa de los perseguidos y víctimas de injusticia, mi obligación será siempre decir la verdad, sea quien sea el contradictor.
Durante años he defendido y respaldado a quienes han sido víctimas de despojo, abandono y desprotección por parte del Estado. Esto, por supuesto, causa molestia e incomodidad a quienes propenden por arrebatarles posesiones a través de todo tipo de mentiras, trampas y artimañas legales, torciendo la verdad y comprando conciencias.
Contradictoriamente, la FLIP, con una clara tendencia ideológica, promueve la libertad de prensa solamente en lo que favorece a los intereses de una orilla que miente sistemáticamente.
El caso de Las Pavas es el símbolo del robo descarado y pretenden silenciar mis denuncias públicas, porque le quitan el velo al mito que han construido a su alrededor.
Ocultando la verdad, ahora están generando un contexto tendiente a hacerme responsable por crímenes de periodistas, poniendo mi integridad en grave peligro, en clara contravención con el Art. 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cada una de las palabras expresadas en mi columna El Raponazo de Las Pavas, cuenta con todas las pruebas y elementos que ratifican su veracidad. La estrategia de silenciar a quienes denunciemos los abusos y atropellos de despojadores, no me intimidará en el propósito de mostrar siempre la verdad.
(Vídeo)

El Raponazo de Las Pavas (III)

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Bogotá 29 de octubre de 2017.

¿Quiénes son los protagonistas del raponazo a la finca Las Pavas? En primer lugar, está el cura Francisco de Roux, sacerdote jesuita que lleva años promoviendo su “Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio”, para el que recibió ayudas en su momento por más de 57 millones de euros y que hoy, no representa ningún avance en el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos a quienes supuestamente ha beneficiado.

Asimismo, a la cabeza de esta farsa y adoctrinando estudiantes con una historia de desplazamiento imaginaria, está la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, en donde se destaca el protagonismo perverso de los abogados Juan Felipe García Arboleda y Roberto Carlos Vidal López (premiado hoy con el nombramiento como Magistrado de la JEP).

Unidos, han construido todo un contexto fraudulento que le ha servido a la fiscalía corrupta para perseguir inocentes y atacar en forma bárbara y desmedida al propietario y a los trabajadores de la finca Las Pavas.

Con ayuda de escoltas de la UNP a cargo de la protección del falso desplazado Misael Payares, declarado víctima por la Unidad de Víctimas también de forma fraudulenta y acreedor junto con su Asociación campesina Asocab al premio Nacional de Paz – donde el cura De Roux unas veces funge de juez y otras de nominado-, sometieron a tortura y tratos crueles e inhumanos al empleado Eugenio Palma, fracturándole sus manos. Asimismo, le fracturaron las piernas al empleado Wilmar Martínez, quien fue defendido por un soldado que posteriormente fue denunciado por el Senador IVAN Cepeda y sometido a investigación interna en el ejército.

La denuncia, junto con los respectivos exámenes de medicina legal, duerme el sueño de los justos en la Fiscalía de San Martín de Loba, cooptada bajo presiones de estos ilustres abogados.

Otra víctima de Asocab y sus mentores, es Oswaldo Meneses Ballesteros, un campesino de la región que fué miembro de la asociación pero confesó la verdad acerca de la farsa y debió huir por amenazas de muerte.

Pese a que todos los autores materiales del maquiavélico plan se han retractado en audiencia frente a la juez de Cartagena, en especial Misael Payares, quien sostuvo que el jamás había denunciado a los capturados por desplazamiento, el abogado García Arboleda ha dicho públicamente con el mayor descaro, que “pretenden sentar jurisprudencia del caso Las Pavas”. Obviamente, es una estrategia jurídica para quitarle sus tierras a otros legítimos propietarios en Colombia.

En el frente institucional, cómplice del urdimiento de este macabro plan, está también Miriam Villegas, quien desde la dirección de Incoder y estando impedida por su relación estrecha con el sacerdote De Roux, actuó ilegalmente y en complicidad con la otrora subgerente de tierras rurales de Incoder, Jeniffer Mojica, que extinguió el dominio de la hacienda argumentando falsamente  “abandono del predio”.

En el frente periodístico cuentan con Claudia Ayola, cronista de El Heraldo, quien se encarga de la desinformación correspondiente, para hacer creer a la opinión pública que Las Pavas es de Asocab y no de quien la compró legítimamente en Marzo de 2.017. Igualmente tienen de cómplice al portal Verdad Abierta, financiado por el filántropo maquiavélico George Soros.

Todas las autoridades han certificado que en la zona nunca ha habido desplazamientos forzados y en igual sentido han declarado los pobladores del corregimiento de Buenos Aires. Sin embargo, en agosto de 2016 la Fiscalía, contrariando todas las pruebas aportadas por esa misma entidad incluyendo el archivo de la investigación y la compulsa de copias a los falsos desplazados, capturó a seis humildes trabajadores de la finca bajo cargos de “paramilitarismo”. Toda una contradicción.

Diez años lleva este caso sin resolver y el Consejo de Estado expresa que debe llevarlo con «la mayor cautela», por cuanto se considera de interés político.

¿Interés político sobre la propiedad privada legítimamente adquirida?

Hoy, después que el descaro ha empezado a campear por causa del empoderamiento que Juan Manuel Santos otorgó a todos los actores corruptos del país, ya todos se quitaron el antifaz y dicen cínicamente y de frente que lo que van a llevar a cabo, es «un robo legal». Pobre Colombia.

 

El raponazo de Las Pavas (II)

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Bogotá 22 de octubre de 2017.

Todas las evidencias en el emblemático pleito de Las Pavas, apuntan desde 2.006 a que detrás del caso hay poderosos intereses políticos, para sentar un precedente que ponga a la propiedad privada en Colombia en estado de indefensión jurídica.

La clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, encabezada por el cura jesuita Francisco De Roux, ha insistido en tergiversar todas las conclusiones legales que demuestran ampliamente que quienes reclaman la posesión de la Hacienda Las Pavas, han mentido sistemáticamente para despojar a su legítimo propietario.

En primeros alegatos, argumentaron abandono, el cual fue aplastantemente desestimado. Pese a esto, la sub-gerente de Tierras Rurales, Jennifer Mojica, desconociendo todas las pruebas -incluyendo fuertes inversiones hechas por sus legítimos dueños- firma la resolución de extinción de dominio de Las Pavas.

Claramente, Jeniffer Mojica es una ficha de ese consorcio izquierdista radical, que no ostenta las calidades éticas ni morales para tomar esa decisión a todas luces fraudulenta y arbitraria. Ex-pareja de Gerardo Vega  – quien fuera miembro de la organización terrorista EPL y denunciado por fraude procesal – sirve de alfil al entonces ex-ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien hizo todo lo posible por premiar a los falsos desplazados y destruir cualquier garantía judicial de los propietarios.

Fracasado el primer intento de raponazo y antes que Mojica firmara la extinción, acudieron a argumentar desplazamiento por parte de paramilitares, montaje que todas las pruebas y testimonios tumbaron contundentemente.

Lo más increible es que todos los protagonistas iniciales, actores del montaje que pretendió el despojo, se han retractado de sus versiones iniciales y han confesado que todo fué una farsa construida para apoderarse de las tierras, ubicadas estratégicamente en la entrada a la serranía de San Lucas, reinado histórico que el ELN pretende recuperar.

Tristemente en todo este entramado de intereses políticos particulares, han pasado por encima de todas las pruebas, incluyendo las conclusiones que sobre este caso aportó la Fiscalía General de la Nación.

¿Quiénes están interesados en despojarle Las Pavas a su legítimo propietario?

¿Por qué la insistencia en llevar este caso hasta el vulgar raponazo, en contravía de todas  las evidencias que demuestran el fraude?.

En próxima entrega:

Las entidades involucradas y los funcionarios comprometidos en la presión ejercida por la Javeriana y las ONG que la acompañan, evitando que se pronuncien en derecho.

María Fernanda Cabal.

 

El raponazo de Las Pavas.

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Bogotá, 16 de octubre de 2017.

 

La Hacienda Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar, es el símbolo más elocuente de la descarada maquinaria construida para el robo de tierras de ubicación estratégica, a sus legítimos propietarios.

Toda la cronología, documentada por el extinto INCORA, regionales de INCODER, Fiscalía General de la Nación, Fiscalías Regionales de Bucaramanga y Cartagena y Ejército Nacional, refleja una sola verdad: el uso de la estrategia de inversión revolucionaria, donde un grupillo ha recurrido a toda una estratagema política, jurídica y periodística sin precedentes.

Esta es la historia:

Desde 2.006, Misael Payares, un antiguo trabajador con 17 años de antigüedad de la Hacienda Las Pavas, funda la asociación campesina ASOCAB, representada por Rafael Cárcamo – ingeniero agrónomo contratista de Minagricultura – e inicia diligencias ante el antiguo INCORA (luego INCODER), para la compra de predios con destino a reforma agraria.

Al recibir respuesta negativa argumentando falta de recursos de la entidad, decidieron adelantar una cruzada para tomársela de cualquier forma, inventando primero abandono del predio y posteriormente desplazamiento forzado; hecho nunca antes mencionado en ninguna de sus solicitudes.

Según funcionarios del INCODER,  en declaraciones ante la Fiscalía Quinta de Delitos de Desplazamiento Forzado, los argumentos iniciales de Asocab solo incluían negociaciones con el antiguo propietario, puesto que sí existían recursos para compra de tierras para desplazados y lo curioso es que sólo hasta Mayo de 2.009, ASOCAB presenta la denuncia por supuesto desplazamiento, en cabeza de su ex-miembro, señor Pedro Moreno Redondo; quien en 2.011 se retira de la asociación y declara ante la Fiscalía que el hecho nunca había existido y que todo había sido un montaje calculado para apoderarse de Las Pavas.

En este mismo sentido, el Representante de Asocab, Rafael Carcamo, narró ante la Fiscalía y luego ante el mismo Consejo de Estado, que funcionarios del INCORA habían recibido dinero de ASOCAB para iniciar extinción de dominio y además habían dado aportes de la guerrilla para tomarse la finca a la fuerza. Por último, también declaró que en la zona, en donde él estuvo entre 1.996 y 2.006, nunca hubo desplazamientos forzados, muertes selectivas o masacres.

En abril de 2.011, en oficio dirigido al CTI de Cartagena, la Fiscalía logró determinar que nunca hubo violencia ni desplazamiento en esa zona, que todo había sido una farsa y decidió archivar el expediente y compulsar copias contra los dirigentes de Asocab, por falso testimonio, fraude procesal y concierto para delinquir.

Sin embargo, la presión ejercida desde el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Clínica Jurídica de Tierra y Territorio de la Universidad Javeriana, y en especial a través del sacerdote jesuita Francisco de Roux sobre la entonces fiscal Vivianne Morales, logró la reapertura del caso sin existir ningún mérito ni prueba sobreviniente.

El proceso reabierto es entonces trasladado a la fiscalía especializada en DDHH de Bucaramanga, que luego de cinco años de acopio probatorio y entrevistas a jefes de las AUC como Julián Bolivar, que también afirma lo ya reiterado en cuanto a la

Inexistencia de hechos de desplazamiento forzado, engaveta el expediente, que finalmente es remitido a Bogotá a la Unidad de articulación de la Fiscalía, donde construyen un contexto inexistente y a través de un operativo donde despliegan helicópteros y camionetas blindadas, capturan trabajadores y campesinos humildes de la región como responsables del imaginario desplazamiento.

Lo curioso es que en Octubre de 2.015, el Presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, ya había certificado también que  el desplazamiento forzado nunca había existido.

Imaginen ustedes quiénes están detrás de la humilde «asociación campesina» que quiere establecer jurisprudencia para sentar un precedente y, basada en ella, arrebatar la propiedad privada en donde se les antoje.

En próxima entrega: los protagonistas del asalto.

¿Cocalandia?

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Bogotá, 8 de octubre de 2017.

La reciente masacre de campesinos en zonas veredales de Tumaco, es el fiel reflejo de todo cuanto hemos advertido y denunciado desde que se «arreglaron» los acuerdos de paz para favorecer el multimillonario negocio del narcotráfico.
Lo que está sucediendo en esta región nariñense es la representación de las consecuencias de un oscuro pacto con el gobierno, que no quiso, para conveniencia de las Farc, eliminar de ninguna manera la causa de la violencia inherente al negocio de la droga.
Bajo el manto de la noble paz que le vendieron al mundo entero, se esconde toda una mafia en la que convergen todo tipo de actores: campesinos adscritos a organizaciones sociales, guerrilleros de las Farc mal llamados «disidentes», es decir, el brazo armado y narcotraficante del recién creado grupo político, y al menos otros cinco grupos criminales en disputa por el control de la zona.
El perpetrador de la masacre en Tumaco, alias Guacho, es un miliciano de las Farc, bajo cuyas órdenes hay más de 50 guerrilleros «disidentes» que resguardan, protegen y controlan los cultivos, que se estiman en 23.000 hectáreas solamente en el área de Tumaco.
Aunque el terrorista, alias Iván Márquez haya negado públicamente que es uno de sus cómplices y haya querido tergiversar los hechos, acusándolo de paramilitar, la única verdad es que este sujeto figura en el listado entregado por las Farc y estaba «concentrado» en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Tumaco.
Información recibida de pobladores tumaqueños señala que las Farc se disputan el control del territorio con otras bandas criminales y usan a los lugareños como escudos humanos para evitar la erradicación de los cultivos de coca. El resultado: la trágica violencia que genera el narcotráfico, ese mismo delito que Juan Manuel Santos se empeñó cómplicemente en proteger, suspendiendo las aspersiones aéreas con glifosato y equiparándolo  ladinamente con el delito político, para hacerlo impune.
A Juan Manuel Santos ya no le quedan asideros para tantas mentiras. Descaradamente aseguró ante la ONU que las Farc «colaborarían» para eliminar el narcotráfico, al mismo tiempo que estimulaba a sus escuderos en el Congreso, para conseguir la aprobación de circunscripciones políticas especiales precisamente en las zonas en donde se cultiva coca. Lo que él en asocio con las Farc llaman «postconflicto» solo redunda en mayor violencia, en la que solo los campesinos y comunidades negras son las víctimas.
Que no se hagan ahora los sorprendidos, ni se laven las manos, porque este es el fruto de los mal llamados acuerdos de paz, que traducidos a la realidad, son pactos criminales para permitir el control de Cocalandia.
María Fernanda Cabal.

 

El engaño de la JEP.

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Bogotá. 1 de octubre de 2017.

Frente a la perplejidad de Colombia entera, se está conjurando un subnormalismo jurídico que solo da lugar a la indignación y la impotencia.
Ante la mirada impávida de los colombianos, se ha consolidado la elección ilegítima de los magistrados de la JEP, integrada por varios sujetos que han sido denunciados por fraudes procesales por encubrir crímenes de las Farc.
En un escenario casi kafkiano, hace un año la voluntad popular se expresó en las urnas y, contra todo pronóstico, ganamos una contienda que obligaba al gobierno a suspender la firma de los acuerdos de La Habana. Sin embargo, apelando a todo tipo de argucias y pasando por encima de la Constitución, Juan Manuel Santos impuso su aberrante pacto. Sin asomo del más leve espíritu de justicia, lo convirtió además, en el más humillante mecanismo para burlar a víctimas y militares, revictimizando a unos y sometiendo a otros.
Asombrosamente, una vez escogidos los magistrados, sin ley estatutaria y con la arbitrariedad de su creación por decreto presidencial, la Presidente de la JEP, puso en entredicho lo ofrecido a militares y policías preguntándose si «aquellas acciones que estén relacionadas con los mal llamados falsos positivos, son propios de la guerra».
Hoy, después de haberles asegurado que estos hechos harían parte de esta jurisdicción, les advierten cínicamente que esto será objeto de debate con quienes han sido sus verdugos.
Mientras los terroristas dan cátedra de paz sin ningún tipo de autoridad moral y ostentando un poderío sin límites, nuestros militares y policías están siendo nuevamente engañados.
¿Qué le espera a Colombia si los terroristas administran justicia para hundir a quienes nos defendieron del terror y premian a quienes han masacrado a miles de seres humanos inocentes y se han lucrado de los crímenes más atroces?
Y mientras usan todo el poder que tramposamente detenta el gobierno más pervertido de toda la historia de Colombia, se sigue persiguiendo ferozmente a la oposición, exhibiendo como trofeo de guerra a Andrés Felipe Arias, a quien satanizaron habilmente ante la opinión pública.
A Juan Manuel Santos y su camarilla de bandidos, la historia y la justicia de Dios en la tierra, les cobrará su infinita perversidad.

Jojoy, “el mártir”.

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Bogotá, 24 de septiembre de 2017.

Jojoy, “el mártir”.

La nueva manera de re-victimizar a quienes sufrieron los oprobiosos y sanguinarios ataques del terrorista alias El Mono Jojoy, es hacerle un homenaje público.
Con alevosa provocación, la banda terrorista Farc hace alarde de su mal ganada impunidad, exhibiendo de manera cínica el nefasto recuerdo de un hombre, cuyo abultado prontuario delictivo, dejó miles de víctimas que no han sido reparadas.
No solamente Juan Manuel Santos proclamó su decisión de hacer con Colombia “lo que le da la gana” sino que le endosó ese vergonzoso privilegio a unos delincuentes, que día a día ejercen tal “derecho” para burlarse de los colombianos.
Mientras tanto, el tortuoso camino que recorren militares y policías que alguna vez los enfrentaron con valor, reafirma el amargo sabor de la injusticia. Toda clase de trampas e intríngulis jurídicos se atraviesan cuando de verdaderos derechos se trata, pero el camino está siempre allanado para celebrar la impunidad y premiar los más espantosos crímenes.
Nunca como ahora hemos sentido a Colombia tan herida en su dignidad con un aparato judicial prostituido y unas instituciones doblegadas a los más peligrosos asesinos, que fungiendo de víctimas, quieren escribir la historia de Colombia, protagonizándola en calidad de mártires y héroes.
Recuperar todo cuanto Santos entregó cómplicemente a la guerrilla terrorista es, no solamente un deber, sino una obligación para quienes aún creemos en la República.
¡Dios salve a Colombia!

María Fernanda Cabal.