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Fuera Santos ¡Fuera!

Tenemos muchas razones para salir a marchar el próximo 1 de Abril. Razones de conciencia, de responsabilidad ciudadana, de protesta, de patriotismo, de absoluto hastío y rechazo a todo cuando encarna Juan Manuel Santos.
Las palabras se acabaron y los hechos nos aplastaron. La impotencia y la rabia que crecen día por día bajo su gobierno,  no deja lugar a nada más.
Es hora de que los colombianos dejen de pensar que lo que vive el país hoy es un problema de partidos o de pugnas personales. Es hora de despertar al indiferente, porque su patria, esa que un día tuvo esperanza,  está siendo asaltada cínicamente por el poder encarnado en un solo hombre, por encima de lo más sagrado de una democracia: la voluntad popular.
Somos muchos más que los arrodillados, que los enmermelados, que los cómplices y que los ingenuos e indulgentes  que todavía piensan que hubo que “tragarse algunos sapos”  y que aquí no va a pasar nada. Somos muchos más que no justificamos tantos hechos de corrupción para avalar la falsa paz con la que nos convertirán en esclavos.
El cinismo extravagante con que el gobierno maneja su íntima y evidente relación de complicidad con las FARC, es inconcebible. La desfachatez con que asume la recién destapada corrupción con que financió sus campañas, la perversa capacidad para  acomodar sus fichas en el Congreso, en las Cortes, en la Fiscalía, está llevando a la ciudadanía a límites insuperables.
Santos tradujo en Reforma Tributaria el hueco fiscal que ocasionó con su re-elección robada.
Triplicó la deuda externa, abocando al país a un endeudamiento impagable.
Legalizó el narcotráfico, el abuso sexual, el reclutamiento de menores, el secuestro y la extorsión, todo por la paz.
Armó shows mediáticos para aplaudir secuestros y asesinatos.
Ha humillado a un país entero a cambio de nada.
Se ha hecho el indiferente con los secuestrados que aún están en poder de la guerrilla, ha evitado exigir la liberación de los niños reclutados, para no poner en evidencia un crimen de lesa humanidad. Ha sobornado al Congreso para avalar el Fast Track, mediante el cual, ilegalmente, ha hecho aprobar la Justicia Especial para las FARC.
Ha permitido el increible aumento de los cultivos de coca;
ha favorecido el blanqueo de dineros de los terroristas, disfrazándolo de “conexidad con la rebelión”.
El gobierno no tiene argumentos creíbles y las FARC han aprovechado su ambición de popularidad internacional para fortalecerse, re-inventarse y seguir delinquiendo a través de su “disidencia”, mientras hacen exigencias sin cumplir por lo menos con sus compromisos.
Santos debe salir del Palacio de Nariño. En un Presidente indigno. Por eso todos los marchantes este próximo 1 de abril, entonaremos la frase “Fuera Santos ¡Fuera!”  ¡Y que se vaya!
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Indignidad.

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Bogotá, 15 de abril de 2018.

Indignidad. 
Los aberrantes acontecimientos de la semana pasada nos dieron la razón: desde el Congreso, advertimos una y otra vez de la total inconveniencia de materializar una negociación desigual. Votamos NO en el plebiscito del 2 de Octubre de 2016 y ganó la conciencia moral del pueblo colombiano.
El grupo criminal Farc, hoy convertido en partido político, sigue siendo el protagonista de actos delictivos y violentos, que dejan un saldo desesperanzador.
Ocho policías asesinados miserablemente por bandas narcotraficantes conectadas con las Farc, tres ciudadanos ecuatorianos secuestrados y posteriormente masacrados por las supuestas “disidencias” de este grupo terrorista -encabezado en Tumaco por alias Guacho- y la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos al cabecilla y negociador alias Jesús Santrich, por narcotráfico comprobado, son sucesos que ponen sobre el tapete de la realidad nacional, el resultado de la enfermedad incubada en Cuba y materializada en Colombia por Juan Manuel Santos.
En un país sin la sociopatía extraña que padece Colombia, habría una conmoción nacional promovida por el gremio periodístico, como también una fuerte movilización social exigiendo justicia y expresando un contundente rechazo a las sistemáticas y enfermizas mentiras de Santos. Pero estamos en Colombia, un país con una sociedad anestesiada y apática, una cúpula militar doblegada a intereses particulares, unas cortes cooptadas por la ilegalidad y supeditadas convenientemente a la “interpretación de normas” y unas instituciones entregadas a  los complejos y jugosos negocios originados en el acuerdo de paz.
Ya nadie involucrado en este entramado propende por lo normal, lo justo, lo legal, lo obvio y lo sano. Es la barbarie institucionalizada.
El actuar de Juan Manuel Santos corresponde, como siempre, a la desidia, el desinterés y la indolencia. Sus únicos intereses son el pavoneo en las pasarelas internacionales y la férrea defensa de los delincuentes de las Farc, razón por la cual el vicepresidente Naranjo se ocupó con eficacia de dilatar  la confirmación de la noticia del asesinato de los periodistas ecuatorianos hasta que terminara la Cumbre de las Américas y sus declaraciones quieren obviar el hecho de que Guacho pertenece a las Farc, aun cuando su nacionalidad sea ecuatoriana.
La mezcla de todos los ingredientes de la receta de Santos, regresa a Colombia a los tiempos de un narcoestado fallido: más de 220.000 hectáreas sembradas de coca + curules para narcoterroristas + ONG’s internacionales de izquierda apoyando la farsa + la ONU recibiendo contratos millonarios del Estado colombiano + JEP hecha a la medida de los intereses de los delincuentes.
 No queda mucho por decir, solo que después de oír al magistrado Barceló decir que es la JEP el organismo que tiene competencia para investigar y decidir la suerte de Santrich, tengo la corazonada que estará posesionándose como “Honorable” Senador de la República el próximo 20 de Julio.
¿Más indignidad? ¡No se puede!

¿Caricatura o la ley del embudo?

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Bogotá, abril 09 de 2018

El episodio que el caricaturista Matador protagonizó la semana pasada, en el cual recibió un trino (que es público) con una presunta amenaza de muerte, como respuesta a sus incisivos ataques contra todo aquel que se separe de sus posturas ideológicas, da lugar a una serie de cuestionamientos de orden social y legal que bien vale la pena analizar.

La libertad de expresión ha sido un logro invaluable en la conquista por las libertades individuales, dentro de las sociedades democráticas. Y como derecho, tiene una connotación que no es exclusiva de un sector de la ciudadanía, sino de todos.

El escenario de las redes sociales ha hecho posible que cualquier persona se sienta libre de opinar, defender posturas, atacar y controvertir, incluso con insultos y agravios.

¿Por qué entonces tiene más derecho a ello un periodista, un columnista, un caricaturista o un humorista? ¿Son acaso ellos y los medios de comunicación un bloque intocable que puede lanzar un boomerang sin posibilidades de que éste se regrese? ¿Es en Colombia la censura aceptable para unos e inaceptable para otros?

¿Por qué una persona agredida mordazmente no puede reaccionar del mismo modo, sin ser perseguida y satanizada cuando el agresor entra en alguna de las categorías arriba mencionadas?

El equilibrio entre los derechos de unos y de otros se desajusta a través de caricaturas donde se pasa de la crítica a la humillación y donde se satanizan posturas. El agredido, por su parte, no tiene posibilidades de reaccionar naturalmente porque el agresor ostenta la calidad de ser el exponente del “humor y de la crítica mordaz “.

Y, sin cruzar los límites de la legalidad, ni convertir las redes sociales en escenarios de muerte, todo aquel que ataca con “inocentes” dibujos, debe tener en cuenta que está causando una posible reacción escrita en la misma dimensión de sus agravios.

Para nadie es un secreto que la caricatura en el mundo entero, representa poder detrás de un lápiz. Sin embargo, con frecuencia su arte deja de ser una clara postura de férrea oposición a las arbitrariedades de un régimen para convertirse en un mensaje de insulto, humillación o ridiculización.

Detrás del “humor” se envían toda clase de ataques agraviantes que, en muchos casos, instigan al odio e inflaman emociones.

Tradicionalmente en Colombia, la mordacidad de columnistas y dibujantes ha tenido trayectoria en la caricaturización de episodios de la política nacional. Claro ejemplo de ello fue la histórica confrontación de Klim, Lucas Caballero Calderón, con Alfonso López Michelsen, quien quiso presionar la salida del caricaturista del periódico El Tiempo por el daño que éste le hacía a su deteriorada imagen pública.

Y esos ejercicios de oposición son bienvenidos, siempre y cuando no se pretenda jugar a la victimización cuando se recibe una ofensa en respuesta. Hoy en el mundo digital y la inmediatez de las redes sociales, tanto el ofensor como el ofendido, deben tener los mismos derechos, tumbando el escenario en que el gremio periodístico actúa como un bloque gavillero, propiciando un claro desequilibrio en los derechos de todos.

Si bien defendemos la libertad de expresarse a través de la caricatura para generar opinión u oposición, no compartimos amenazas. Pero tampoco la judicialización a quienes reaccionen, dentro del mismo margen de libertad, a los ataques agraviantes.

Una paz arrogante y sin Dios

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Bogotá, abril 01 de 2018

La verdadera paz en Colombia nunca será posible mientras la verdad, la ética, la moral y la justicia, estén tan lejos de la realidad cotidiana. Con cada ejecución de los pasos del proceso de La Habana, se evidenció la desvergüenza y el cinismo de un gobierno que jamás tuvo límites y que ratificó con cada hecho, que la paz nunca fue su objetivo.

Juan Manuel Santos y todo su aparato comprado, sometió al país a una dicotomía absurda y mentirosa, al mismo tiempo que acentuó una inversión de valores en la sociedad, convirtiendo en cotidiano lo que a todas luces fue, es y seguirá siendo sólo un juego de intereses mezquinos.

La ilusión de paz ha sido solamente un perfecto disfraz para llevar a niveles insospechados la corrupción del Estado, que bajo el manto noble de un bien superior, dilapidó el erario en contratación, ignoró por completo a las verdaderas víctimas y enalteció a los victimarios en una suerte de tinglado kafkiano que superó la capacidad de asombro de los colombianos.

El mensaje que Colombia ha recibido en los casi ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos ha sido, no solamente de inversión de valores en lo social, sino de estimulación del crimen, menoscabo económico y político, detrimento moral y ético y absoluta desidia por la educación, la infancia y el sistema de salud. Un aluvión sin fin de derroche, sumado a la reducción moral de un país manipulado por la polarización, generó un fenómeno social atípico que se constituye fácilmente en caldo de cultivo para el peligroso populismo.

Y sólo hay que volver a lo básico y sencillo de la condición humana. Bajando la guardia ante Dios y haciendo una reflexión sencilla de principios, podemos entender que si todo se hiciera bajo los preceptos cristianos, la paz no sería inalcanzable y nuestro país simplemente no estaría en la caótica anarquía del vampirismo político. ¡Así de inexplicable es el país del Sagrado Corazón!

De la Colombia humana a la tragedia humana

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Bogotá, marzo 25 de 2018

Es absurdo y contradictorio que con todas las trágicas vivencias que ha padecido Venezuela -de las cuales hemos sido testigos de primera mano- haya alguien en Colombia que quiera copiar su modelo político, social y económico, que sólo ha ocasionado miseria, anarquía, hambre y destrucción.

Gustavo Petro encarna un pensamiento contrario a una verdadera democracia, simulando una reivindicación social bajo un discurso populista de odio de clases, con evidente intención transgresora de todo ordenamiento constitucional.

Admirador y amigo de Hugo Chávez, copartícipe y asesor de su fracasada política económica, Petro ya le demostró a Colombia y, particularmente a los bogotanos, que hay tragedias que no se pueden repetir y que su doble moral, no vende.

Mostrándose ante la ingenuidad de un sector de la población como el adalid de la decencia, no ha podido esconder lo que representa verdaderamente en la historia de Colombia, como terrorista del M-19 y posteriormente como administrador público. No solamente representa un modelo político anacrónico y fracasado, sino que sus calidades como gobernante y ser humano, no se acercan a lo requerido para llegar a la Presidencia de la República.

Durante el nefasto período en que fue Alcalde de Bogotá, brilló por su ineficiencia y su pésima gestión. La Contraloría Distrital señaló que su plan de desarrollo fue incumplido casi en la totalidad de todos los sectores vitales para los habitantes de Bogotá: movilidad, educación, salud, hábitat, servicios públicos y seguridad. Dejó 45 obras inconclusas por un valor cercano a un billón de pesos.

Sus promesas en temas de movilidad se quedaron en ilusiones. La construcción de 5 km del metro y de la troncal de transmilenio por la Avenida Boyacá, la reconstrucción de las troncales de la Caracas y Autopista Norte, la implementación al 100% del SITP, la ampliación de la red de ciclo-rutas, la construcción de 16 puentes peatonales y la reconstrucción de la malla vial local, son apenas una muestra de que lo suyo es hablar, no ejecutar.

En materia de educación y salud no fue distinto. La construcción de 86 colegios nuevos se quedó en el 10% la de 405 jardines infantiles, en el 1.5%. No amplió la planta docente del distrito ni terminó ninguna de las sedes nuevas de la Universidad Distrital. No reabrió el Hospital San Juan de Dios y el plan de equipamiento de salud se quedó en 16 de 127 obras prometidas.

El asunto con Petro en Bogotá no solamente fue de absoluta desidia e ineficiencia sino de corrupción y clientelismo.

Varios de los aportantes a su campaña a la Alcaldía obtuvieron jugosos contratos con la administración distrital. Ejemplo de ellos: Lida Milena Guanumen aportó $5’000.000 y este detallito le redituó en contratos con el IDU por $81.000 millones a través de la firma C & G Ingeniería y Construcciones. Oscar Daniel Garzón aportó $5’000.000 y posteriormente el consorcio Buenavista, del cual hizo parte, se hizo acreedor a un contrato por casi $29.000 millones con la Secretaría de Educación. Gustavo Petro es el símbolo de la destrucción, el fracaso y la corrupción.

La Colombia Humana no es otra cosa que una “Tragedia Humana”. Esa no es una opción decente para una Colombia que se juega su futuro democrático.

De Matemáticos y Contratistas

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Bogotá, marzo 19 de 2018

Entre las grandes sorpresas de la reciente contienda legislativa, se destaca la elección de Antanas Mockus como el segundo congresista de mayor caudal electoral, después del ex presidente Álvaro Uribe. El controvertido personaje, que siempre ha ostentado transparencia, enfrenta hoy muchos cuestionamientos.

El “no todo vale” y “yo vine porque quise, a mi no me pagaron”, se hicieron frases populares durante su campaña presidencial de 2010. Sin embargo, poco tiempo después de la justa electoral empezó a respaldar a Juan Manuel Santos y a contratar con su gobierno, a través de la Fundación Corpovisionarios. Desde entonces ha suscrito convenios por cerca de $6.000 millones.

Uno de los más polémicos contratos se dio en 2014, cuando recibió $480 millones del Fondo de Paz de la Presidencia para organizar una movilización ciudadana con el fin de respaldar los diálogos entre Gobierno y Farc, evento éste que fue una simulación de un acto espontáneo y terminó siendo descubierto. El impoluto matemático, se convierte entonces en contratista de Santos y sorprende que los objetos de sus contratos son una retórica tan imprecisa, confusa y gaseosa, como todas sus teorías de transparencia.

$699 millones pagamos a través de Ecopetrol para “impulsar un cambio cultural en los comportamientos, actitudes y percepciones de los trabajadores, contratistas y comunidades de impactos relacionados con el compromiso de vida”, que consistió, entre otras cosas, en poner en un lugar sin cámaras, unas galletas, indicando su precio y medir cuántos paquetes se llevaban sin pagar y cuántos no. ¡Qué ladina e impúdica manera de esquilmar descaradamente el bolsillo de todos los colombianos!

Corpovisionarios suscribió en noviembre de 2017, un contrato con la Gobernación de Cundinamarca, cuyo extraño objeto fue “el diseño y la implementación de un ejercicio de visión compartida que, desde el enfoque de la cultura ciudadana, contribuya a la construcción de una mirada de paz” ¿$428 millones por una “mirada de paz”?

Este último contrato representa para Mockus una clarísima inhabilidad para ser congresista. La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 179 le prohíbe expresamente ocupar cargos de elección popular, si dentro de los 6 meses anteriores a su elección ha contratado con el Estado.

De otro lado, extraños manejos en la contratación pública, además de una pésima gestión, exhibió también Sergio Fajardo durante su desempeño como Gobernador de Antioquia.

Cuestionados contratos adjudicados a la firma Konfirma S.A.S., por más de $6.000 millones y que, en criterio de varios juristas, no se adjudicaron mediante selecciones objetivas, se constituyen en motivo de investigaciones contra el ex gobernador. La contratación relacionada con la construcción del Túnel del Toyo, involucra a esta firma, que estaba inhabilitada para contratar con el Departamento de Antioquia.

El ex gobernador Fajardo es investigado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia por casos de presunta corrupción durante su gobernación; sin embargo, los medios de comunicación pueden sustituir los cuestionamientos por alabanzas a quien ha invertido más de $190.000 millones en pauta publicitaria.

Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.

Las autoridades judiciales y administrativas deben recordar que la lucha contra la corrupción no debe tener color político y que el país pide a gritos cambios profundos, que propendan por la transparencia en el ejercicio de cualquier cargo público.

Muy triste es para Colombia que personajes como Mockus y Fajardo, tan bendecidos por la prensa, pero tan cuestionados en su actuar con el dinero de todos los colombianos, se conviertan en los elegidos como “faro moral” de un país consumido por la corrupción.

El Partido de la Esperanza

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Bogotá, marzo 12 de 2018

Hoy, después de ocho interminables años de anarquía institucional y cuatro de habernos constituido como partido político, tenemos de nuevo la gran esperanza de sentar las bases de la recuperación de Colombia.

Tengo el orgullo de pertenecer al partido que le ofrecerá a todos los colombianos la posibilidad de volver a encauzar al país, por un camino viable, decente, apartado de los intereses oscuros establecidos por el nefasto gobierno de Juan Manuel Santos.

Han sido largos años de lucha sin cuartel en oposición a las argucias, los abusos, las trampas, las mentiras y los contubernios permanentes de un poder ejecutivo, que se alió de manera irregular con el legislativo y el judicial para destruir su independencia y fingir democracia.

Han sido años de supervivencia pura, soportando toda clase de atropellos de un gobierno moralmente ilegítimo que, una vez instalado en el poder abusó de quienes lo eligieron. Que consiguió su segundo mandato con trampas y montajes, que tuvo que desconocer el legítimo resultado electoral del plebiscito, que sigue mintiendo a la comunidad internacional y continúa justificando toda clase de delitos de lesa humanidad, en aras de una falsa paz.

El Centro Democrático ha ejercido una oposición justa, digna y decente y ha tenido la fuerza para resistir los embates de la aplanadora corrupta de un gobierno que deslegitimó la palabra, la honestidad, la transparencia, la Constitución y hasta la voluntad popular.

El partido de la esperanza se consolida como el partido político más importante de Colombia.

El voto de opinión, el de cada uno de ustedes, representa un activo invaluable para el CD. Es el voto de confianza, de solidaridad, de gratitud y cariño del ciudadano, que espera verlo reflejado en nuestra gestión.

Hoy ha habido una fiesta democrática. ¡Cuenten con nosotros, contamos con ustedes!

 

¿El mejor acuerdo posible?

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Bogotá, marzo 04 de 2018

El mejor acuerdo posible y el punto de quiebre al que llevó a Colombia Juan Manuel Santos y su corte planificadora del socialismo del Siglo XXI, tiene tantas evidentes abyecciones, que se convierte en un tema casi indescriptible.

Por fuera de toda razón lógica, los históricos masacradores del pueblo colombiano terminaron sometiendo legalmente a sus víctimas a la revictimización. Nunca estuvieron en el centro del acuerdo, como tanto lo anunciaron y absolutamente contrario a eso, ahora son perseguidas y cuando menos, ignoradas. El caso más visible es el de sus antiguas esclavas sexuales agrupadas hoy en la Corporación Rosa Blanca.

El mejor acuerdo posible no fue mejor para Colombia; fue el hundimiento de la Constitución, de las instituciones, de la dignidad de las víctimas y de la economía, con un blindaje que a través de su bien estructurada JEP, protege a los criminales en cualquier caso.

Con el narcotráfico en manos del nuevo partido político FARC y sus disidencias y franquiciados administrando el negocio, los colombianos estamos atrapados. Ahora alternaremos en el congreso y en las altas esferas gubernamentales con un partido político oficialmente constituido, que tiene dos brazos armados asesinando gente y narcotraficando. Absurdo pero éste fue el mejor acuerdo posible.

El aparato judicial pasó de ser un instrumento de justicia, a acomodarse a los intereses de la izquierda comunista con el capítulo especial JEP para la impunidad de los terroristas y judicialización de todos aquellos que se les opusieron.

El mejor acuerdo posible doblegó a las fuerzas militares, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional y hasta al Consejo de Estado.

En síntesis el mejor acuerdo posible llevará a la debacle a Colombia si no hay un voto responsable que nos conduzca a su recuperación.

 

Supermercados “Romaña”

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Bogotá, febrero 25 de 2018

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto la semana pasada, toda una red de testaferrato para ocultar los millonarios negocios de lavado de dinero de las FARC.

Se descubrió que la cadena de 60 supermercados Súper Cundi, es de alias Romaña y figura a nombre de una banda delincuencial, que no solamente fungía como propietaria, sino que también se dedicaba a buscar secuestrables para arrebatarles sus bienes. Así fue exactamente como sucedió con esta cadena de supermercados, que en los años 90 era de propiedad de un empresario cundinamarqués, víctima de secuestro.

La fortuna de Romaña supera los 627.000 millones de pesos entre sociedades, establecimientos de comercio, cuentas bancarias, casas, lotes predios rurales y urbanos, apartamentos casas y vehículos.

Y mientras Colombia se debate entre la corrupción la desinstitucionalización y la crisis económica, las bandas narco terroristas que nunca cumplieron las condiciones mínimas para un acuerdo de paz con justicia, siguen delinquiendo sin que nada les pase.

En ninguna parte del mundo ningún pacto, contrato, acuerdo, alianza o asociación que se constituya en el orden privado o público, puede ser incumplido por alguna de las partes sin consecuencias. Sin embargo las FARC han sido beneficiarias de toda clase de prebendas a cambio de nada mientras siguen delinquiendo sin que esto les quite beneficios.

Es inconmensurable el daño que Juan Manuel Santos le ha causado a Colombia, pero por encima de todo, el más grave, es el mensaje generalizado que delinquir en Colombia es un magnífico negocio y que a más graves sean los delitos, mayores serán los premios a otorgar.

Las heridas más grandes a Colombia son de orden moral, de respeto por la Constitución, las instituciones, la autoridad, la democracia y la voluntad popular.

Así empezó Venezuela. Por lo menos tenemos un espejo en donde vernos y evitar un futuro igual o peor.

Las Víctimas del Nogal y la Justicia

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Bogotá, febrero 18 de 2018

Hace quince años se perpetró en el Club El Nogal de Bogotá, una masacre repudiable, condenable e injustificable, como todos los actos delictivos de los narcoterroristas de las farc.

La del 7 de febrero de 2.003, era una noche de viernes cualquiera en la que había en el club al menos 500 personas. 36 de ellas resultaron muertas y 200, heridas, a causa de un carro bomba ingresado por el instructor de squash, John Fredy Arellán, sobrino de unos terroristas de esa organización, hoy partido político.

Ahora los criminales de las farc, califican el hecho como un «error» y lo justifican aduciendo que al interior del club se celebraban reuniones de paramilitares, para que con la justicia retorcida que los favorece, las víctimas terminen reclamándole al club o al Estado y no a ellos, por esa masacre.

Absolutamente nada justificaba asesinar a 36 personas inocentes. Disfrazar ataques terroristas con actos de guerra no puede seguir siendo estrategia de estos delincuentes para el show internacional.

Suena imposible, abyecto y absurdo afirmar que la responsabilidad de las farc sea omitida para endosársela a cualquier otro, pero si nos remitimos a actos semejantes, como el del Palacio de Justicia o el del caso de Santodomingo, en los que los victimarios han terminado siendo las víctimas, es posible.

Y es posible cuando cualquiera lee las declaraciones de la señora Bertha Lucía Fries, representante de las víctimas del Nogal, quien parece justificar esa incursión terrorista del 13 de febrero de 2.013, poniendo la responsabilidad del atentado en cabeza de otros, como si las farc tuvieran patente de corso para asesinar sin ser culpados.

Es inconcebible cualquier justificación a esa barbarie cometida y mucho más si proviene de una víctima, porque su condición no es óbice para exculpar bandidos y porque, además, atropella la historia y la dignidad de las demás víctimas.

¿Otro caso de inversión revolucionaria amenaza con volverse icónico en Colombia?

Cúcuta y la Crisis de Frontera

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Bogotá, febrero 11 de 2018

La crisis venezolana ha golpeado con mayor fuerza a los colombianos de las zonas de frontera, mientras el gobierno continúa en mora de decretar la emergencia humanitaria para activar los protocolos internacionales de atención al refugiado. Esto, para permitir la intervención de la comunidad internacional a través de Acnur y tender una mano a quienes llegan en condiciones de supervivencia que requieren una atención urgente.

Así mismo, la urgencia de proveer estrategias para estimular económicamente las regiones de frontera, es un imperativo que no se ha dado ni se dará en lo que resta de este gobierno mediocre y desentendido de las regiones.

Esta es una necesidad urgente que se le ha manifestado en todos los términos a la Canciller Holguín, quien parece tener oidos sordos a la emergencia. ¿Por qué la lentitud ante semejante crisis tan grave? ¿Qué esperan? ¿No la consideran de extrema prioridad? ¿Es una omisión voluntaria?

El panorama social en Cúcuta es muy preocupante y deprimente. La imperiosa necesidad de los venezolanos de encontrar comida, medicinas y demás elementos y servicios básicos, ha convertido a Cúcuta en un polvorín social, que no tiene la infraestructura ni los recursos para solucionar las necesidades de los migrantes en condiciones de emergencia.

La permanente llegada de venezolanos, provocada por la crueldad del régimen totalitario de Maduro, ha desencadenado en desempleo, informalidad, delincuencia, prostitución, invasión de espacios públicos e insalubridad.

Según Migración Colombia, al menos 58.000 venezolanos de los 550.000 que permanecen en el país, están en Norte de Santander, agudizando todos los problemas que la región ya tenía.

La explotación de los migrantes que son contratados ilegalmente por menos del salario mínimo y sin prestaciones sociales, genera desempleo para los colombianos y una situación que termina perjudicando a todos.

Según Fenalco Cúcuta, el volumen de ventas disminuyó en todos los sectores comparado con 2.016, aún con la llegada de los venezolanos, ya que su capacidad adquisitiva es mínima y no impacta positivamente en el comercio.

El problema del contrabando también está muy lejos de ser controlado. Los más afectados son los ganaderos y los expendedores de gasolina.

Santos, quien ha sido «mejor amigo», cómplice silencioso de la dictadura, socio y co-ideólogo de Maduro, es corresponsable con el régimen del drama fronterizo y está en la obligación de ponerle fin a sus consecuencias.

Tremendo problema el que heredará el próximo gobierno, por cuenta de una inconveniente complicidad.

O esto se corrige de inmediato con una política pública integral o la explosión de la crisis humanitaria será inatajable.