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Fuera Santos ¡Fuera!

Tenemos muchas razones para salir a marchar el próximo 1 de Abril. Razones de conciencia, de responsabilidad ciudadana, de protesta, de patriotismo, de absoluto hastío y rechazo a todo cuando encarna Juan Manuel Santos.
Las palabras se acabaron y los hechos nos aplastaron. La impotencia y la rabia que crecen día por día bajo su gobierno,  no deja lugar a nada más.
Es hora de que los colombianos dejen de pensar que lo que vive el país hoy es un problema de partidos o de pugnas personales. Es hora de despertar al indiferente, porque su patria, esa que un día tuvo esperanza,  está siendo asaltada cínicamente por el poder encarnado en un solo hombre, por encima de lo más sagrado de una democracia: la voluntad popular.
Somos muchos más que los arrodillados, que los enmermelados, que los cómplices y que los ingenuos e indulgentes  que todavía piensan que hubo que “tragarse algunos sapos”  y que aquí no va a pasar nada. Somos muchos más que no justificamos tantos hechos de corrupción para avalar la falsa paz con la que nos convertirán en esclavos.
El cinismo extravagante con que el gobierno maneja su íntima y evidente relación de complicidad con las FARC, es inconcebible. La desfachatez con que asume la recién destapada corrupción con que financió sus campañas, la perversa capacidad para  acomodar sus fichas en el Congreso, en las Cortes, en la Fiscalía, está llevando a la ciudadanía a límites insuperables.
Santos tradujo en Reforma Tributaria el hueco fiscal que ocasionó con su re-elección robada.
Triplicó la deuda externa, abocando al país a un endeudamiento impagable.
Legalizó el narcotráfico, el abuso sexual, el reclutamiento de menores, el secuestro y la extorsión, todo por la paz.
Armó shows mediáticos para aplaudir secuestros y asesinatos.
Ha humillado a un país entero a cambio de nada.
Se ha hecho el indiferente con los secuestrados que aún están en poder de la guerrilla, ha evitado exigir la liberación de los niños reclutados, para no poner en evidencia un crimen de lesa humanidad. Ha sobornado al Congreso para avalar el Fast Track, mediante el cual, ilegalmente, ha hecho aprobar la Justicia Especial para las FARC.
Ha permitido el increible aumento de los cultivos de coca;
ha favorecido el blanqueo de dineros de los terroristas, disfrazándolo de “conexidad con la rebelión”.
El gobierno no tiene argumentos creíbles y las FARC han aprovechado su ambición de popularidad internacional para fortalecerse, re-inventarse y seguir delinquiendo a través de su “disidencia”, mientras hacen exigencias sin cumplir por lo menos con sus compromisos.
Santos debe salir del Palacio de Nariño. En un Presidente indigno. Por eso todos los marchantes este próximo 1 de abril, entonaremos la frase “Fuera Santos ¡Fuera!”  ¡Y que se vaya!
@MariaFdaCabal 15965613_623640341155009_625288317863261449_n

Un concierto en la frontera

Bogotá, febrero 17 de 2019

Unos 2,3 millones de venezolanos han salido de su país desde el 2015. Esto representa un 7% de la población, según cifras entregadas por la ONU a propósito de la crisis económica y política que vive Venezuela por cuenta de la dictadura de la “Revolución Bonita” de Hugo Chávez y de su sucesor, el genocida Nicolás Maduro.

En los últimos cuatro años hemos visto a un pueblo sometido, casi asfixiado por las ideas socialistas, que lo han llevado a tener una hiperinflación estimada para este año en 10.000.000% por el Fondo Monetario Internacional. Su población muere de hambre y ha venido luchando y superviviendo sola, ante los ojos cómplices de gobiernos de todo el mundo que solo hasta ahora se toman en serio la tarea de unirse y buscar salidas “diplomáticas” para la liberación de Venezuela.

El error ha sido de todos, pero en mayor medida, ha sido de aquellos que han apoyado una corriente ideológica que lleva a las sociedades al fracaso y que miran con admiración las figuras representativas del socialismo en distintos países.

El multimillonario británico Richard Branson, promotor del concierto en la frontera colombo-venezolana al que se han unidos varios artistas importantes, en 2017 tenía una afinidad distinta a la de ser opositor de las dictaduras marxistas. Tras un viaje a Cuba, dijo sentirse “encantado” por haber conocido a Fidel Antonio Castro Smirnov, nieto de Fidel Castro.

El magnate británico reconoció ante medios de comunicación su admiración por el régimen que en esa fecha era evidentemente uno de los principales “patrocinadores” de la dictadura de Nicolás Maduro, cuya barbarie sistemática ocasionaba para ese entonces la muerte de unas 5.000 personas a manos de la policía y el ejército venezolano.

Branson, cercano al multimillonario George Soros, financiador de ideas anarquistas disfrazadas de “derechos” en muchos países del mundo como Estados Unidos, Hungría, Albania, Macedonia, Colombia, entre otros, hoy muestra un rostro diferente con la cual pretende ‘limpiar’ su postura y pedirle al mundo, ahora sí, que mire a Venezuela.

No podría afirmar que estoy en contra de esta iniciativa, donde el modelo ‘Live Aid’ ha ayudado desde los años 80 a centenares de personas alrededor del mundo y ha despertado nuestra empatía con países que atraviesan crisis humanitarias que jamás debieran repetirse.

Sin embargo, para liderar este tipo de causas hay que ser consecuente entre los actos y las ideas; pueda ser que Richard Branson logre hacer un reconocimiento de lo venenoso que resulta para la humanidad exaltar regímenes políticos nefastos, que han servido de inspiración para someter y disminuir naciones que podrían aportar mucho más a sus regiones, en lugar de ser motores de desplazamiento, hambruna y muerte.

En el evento se espera recaudar US$ 100 millones como ayuda humanitaria y presionar al gobierno de Nicolás Maduro a permitir su ingreso.

Que el ‘Venezuela Aid Live’ sirva entonces también, para recoger el dinero que necesitará Juan Guaidó para mantener su gobierno de transición, o por lo menos, darle un respiro para enfrentar un régimen narco que sigue siendo protegido por la izquierda mundial incluido el Papa Francisco, que sin ruborizarse y desde el Vaticano anunció que mantendría una postura de “neutralidad humanitaria”. Cabría reflexionar  hasta dónde las ideas equívocas contaminan principios no negociables como el respeto a la dignidad humana.

Porte de armas ¿Sí o No?

Bogotá, febrero 10 de 2019

Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no solo en las ciudades, sino en mayor medida en las zonas rurales de difícil acceso en donde el Estado tiene limitantes innegables para garantizar la presencia permanente de la Fuerza Pública.

El debate del porte de armas para la defensa personal está resuelto en países desarrollados como Estados Unidos, desde 1789; donde la Segunda Enmienda de su Constitución, protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas para garantizar un Estado Libre, pues es claro que una persona armada legalmente, puede realizar una mejor ejecución de la legítima defensa.

Este derecho ha sido ratificado por la Corte Suprema de ese país en varias ocasiones; una de ellas en 2010, cuando rechazó el derecho de los Estados a controlar la posesión de armas de fuego, a efectos de defensa personal.

Para el caso de Colombia, diariamente son registradas muertes de inocentes a manos de criminales. Resalto que quien delinque, no lo hace con un arma legal y sabe perfectamente que el otro está desprotegido. El problema en sí no son las armas, el problema es que están en las manos equivocadas porque hay una clara diferencia entre quien la porta para protegerse y quien la usa para hacer daño.

No es cierto que al modificarse el Decreto 2362 de 2018, firmado por el Presidente Duque en diciembre del año pasado, en Colombia se venderán armas como arroz, ni que cualquier desequilibrado mental podrá acceder a un revolver fácilmente y sin ningún control.

Sencillamente porque la Ley 2535 así lo establece desde 1993: “Si se solicita permiso para el porte de un arma de defensa personal, el solicitante deberá justificar la necesidad de portar un arma para su defensa e integridad personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de este decreto aquí citado, aportando para ello todos los elementos probatorios de que dispone” dicta la norma, que además, con absoluta claridad limita la cantidad de armas que pueda tener una persona natural y sujeta a una prueba psicofísica y otros requisitos, la asignación del permiso por parte de la autoridad competente.

Dicha prueba incluye valoración visual, auditiva, motriz y un perfil psicológico; además de saberse de entrada que una persona con antecedentes judiciales no podrá acceder a un arma legal. Estas mismas exigencias aplican para la renovación de permisos y la ley así lo contempla.

Además, el arma legal guarda una trazabilidad que facilita un mayor control y seguimiento, agregando que la responsabilidad de su uso recae sobre quien le fue asignado el permiso para porte o tenencia.

Es una completa falacia de la izquierda -y de los aliados que aprovechan la andanada mediática-, acostumbrada a hacerse ver como defensora de derechos de los desprotegidos, que la petición del uribismo esté orientada a obtener una licencia abierta para que las armas estén en las calles sin control alguno.

La realidad es que estamos en una situación de desventaja entre la norma y la ilegalidad, y el derecho a proteger nuestra vida en una situación de peligro es el punto medio.

La petición se centra en medidas amparadas en el derecho a la defensa personal; en herramientas de protección, entre las cuales está el porte legal de armas de bajo calibre, siempre que se garantice que el Estado conservará el monopolio de estas.

Nadie puede negar el carácter disuasivo de un arma, así como nadie puede negar que el desarme está beneficiando únicamente a los delincuentes que no entienden de restricciones legales.

¿Será por eso que los primeros en salir a cuestionar esta posibilidad, fueron los miembros del Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, que mientras fueron un grupo al margen de la ley, se alzaron en armas contra del pueblo que se encontraba en completa indefensión, sirvieron para abonar la semilla del horror del paramilitarismo y ahora, juegan con el “anhelo de paz” de los colombianos intentando neutralizar cualquier posibilidad de garantizarnos un Estado libre?

La discusión sigue abierta.

¡Nos vieron la cara!

Bogotá, febrero 3 de 2019

Lo dije en mayo del año pasado en mi columna ‘La JEP: Un tribunal para las Farc’, y lo reitero ahora. El caso de alias Santrich le está dejando claro al país que la JEP no tiene, ni tendrá nunca, el peso ético para llevar a cabo gestiones de justicia de ninguna envergadura: hacen gala de un descaro vergonzante.

Sobre todo porque hoy se atribuye facultades que jamás debió tener, a la hora de decidir si se atiende o no la petición de extradición del narcoguerrillero a los Estados Unidos, algo que solo debería corresponderle a la Corte Suprema de Justicia.

Hay que recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyos miembros fueron escogidos por un comité  sesgado  que terminó beneficiando a las Farc y así  jugarle sucio a los colombianos que votamos ‘NO’ en el plebiscito y que triunfamos en esa elección, no tiene hoy una ley estatutaria que determine claramente lo que puede o no puede hacer.

Durante los debates en Comisiones Primeras conjuntas de Cámara y Senado, a pesar de haber logrado enmarcar algunas de sus funciones, quedó un manto de duda sobre el artículo 74 que denominé “artículo Santrich”, que el Gobierno Santos -con el ministro Rivera a la cabeza- introdujo en alianza con las Farc y que fue motivo de disputa; y es el hecho de que la JEP y sus magistrados, pudieran conocer de los procesos de extradición de manera preferente antes que la Corte Suprema y por ende, pedir pruebas.

Por eso señalamos que desde el primer día, este esperpento de sistema alterno de justicia busca realmente darle impunidad a Santrich, pasando por encima de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. A la JEP lo único que le correspondía en este caso, era determinar si la comisión del delito había sido posterior al límite establecido de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

¿Quién duda que el delito se cometió después de firmado el acuerdo? Los narcotraficantes de las Farc, disfrazados de revolucionarios, estaban negociando con el Cartel de Sinaloa y el “capo de capos”, Rafa Caro Quintero, la venta de 10 toneladas de cocaína a cambio de 15 millones de dólares.

Lo que seguía en derecho, era darle trámite a su extradición hacia los Estados Unidos. Pero no, descaradamente se inventaron las marañas para dilatar este proceso, otorgándole a la JEP 120 días para “verificar” si las pruebas eran suficientes.

Las pruebas llegaron. El 26 de julio de 2018 fue remitida la totalidad del expediente a la JEP y aun así, pidieron más pruebas y gracias a la “torpeza” (¿o sabotaje?) de un envío de semejante solicitud oficial a través de un servicio de correo ordinario, más la ausencia absoluta de seguimiento por parte del Ministerio de Justicia, la JEP tiene la excusa perfecta para frenar la extradición del capo guerrillero y continuar favoreciendo criminales.

La justicia que pide a gritos todo Colombia frente al actuar sin vergüenza del narcoguerrillero Jesús Santrich, estaba en manos de la ministra de Justicia, Gloria Borrero, quien hasta ahora no ha podido dar una explicación satisfactoria de por qué no se le hizo la debida trazabilidad a la carta enviada a los Estados Unidos y conocer el motivo por el cual nunca llegó a su destino.

“Camaradas, no me dejen llevar” fue lo que pidió a gritos Santrich el día de su captura y tal parece que las palabras del exjefe guerrillero fueron más bien una orden.

Es obvio que el envío del sobre solicitando las pruebas contra Santrich por una vía ordinaria, es un sabotaje y la Procuraduría General de la Nación debería investigar esta conducta y, si es el caso, denunciar estos hechos ante la Fiscalía. Definitivamente ¡nos vieron la cara!

¡Que caiga Maduro!

Bogotá, enero 27 de 2019

La Venezuela de Chávez y Maduro es el santuario del terrorismo. Lo fue con las Farc y continúa siéndolo con las “disidencias” de ese grupo terrorista, que no acaba de desmovilizarse.

Recientemente y sin esconderlo, el gobierno venezolano abrió las puertas para que el ELN opere en 12 de sus Estados. Está comprobada, además, la actividad de otros grupos criminales como Hezbolá, que también han sentado sus bases en el vecino país y cuenta con “la solidaridad” de la organización terrorista Hamas, que esta semana emitió un comunicado donde respalda a Maduro y le agradece “por su incondicional y enorme apoyo a la causa palestina”.

Colombia tiene que tenerlo claro: derrocar a Nicolás Maduro es derrotar política y militarmente al ELN. Este grupo subversivo encontró en Venezuela una plataforma desde donde planea los duros golpes que ha recibido la población colombiana de tiempo atrás, pero muy especialmente en los últimos meses.

El padrinazgo de Cuba es sin duda el cerebro determinador. País garante, por extensión, del gravoso proceso de negociación de paz entre el gobierno colombiano y las Farc, que ahora invoca unos protocolos con Venezuela para evitar extraditar a los terroristas del ELN que siguen en su territorio, de espaldas a los pronunciamientos de la ONU y la OEA.

El ELN, Venezuela y Cuba son una especie de ‘trinidad funesta’ con una estrategia de expansión geopolítica, que se ha convertido en una amenaza constante para nuestra soberanía y para la seguridad mundial, al mezclarse con organizaciones terroristas extranjeras.

No en vano, la Administración de Donald Trump se está preparando para agregar a ambos países en la lista estadounidense de patrocinadores estatales del terrorismo. Y el secretario de Estado americano, Micke Pompeo, lo afirmó sin eufemismos: “Estamos aquí para instar a todas las naciones a que apoyen las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano en sus esfuerzos para liberarse del estado mafioso e ilegítimo del expresidente Maduro.”

Entretanto, produce indignación ver que mientras Chile y Brasil -también garantes en los diálogos-, mostraron su respeto a la decisión del Presidente Iván Duque de ponerle fin al protocolo firmado entre el nefasto gobierno de Santos y el ELN, Nicolás Maduro con apoyo del robusto aparato militar secreto cubano en Venezuela, mantiene en su territorio a los terroristas para servir de plataforma a todos los actos de barbarie y dolor; como el recientemente registrado en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, donde fueron asesinados brutalmente 20 jóvenes estudiantes que se preparaban -con honores por su desempeño-, a ser parte de la Policía Nacional.

Hay que recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, obliga a todos los Estados del mundo a combatir el terrorismo y sobre todo, a llevar a la justicia a quienes cometen actos de terrorismo; y ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien ha ratificado que dicho acto contra el corazón de la Escuela de Policía, fue un ataque terrorista y no un acto legítimo dentro del Derecho Internacional Humanitario, como lo quiso hacer ver el ELN.

Este debería ser un argumento suficiente para que absolutamente todos los países se solidarizaran con Colombia y se unieran a la lucha frontal que emprende el gobierno contra el grupo terrorista.

Llegó el momento de quiebre: que caiga Maduro; que caiga la peste comunista y con ella, la podredumbre que ha extendido sus tentáculos al fortalecimiento de un ejército asesino, que ya no contará con un Gobierno cómplice. El bravo pueblo de Venezuela merece reconstruir su patria.

Alianza macabra

Bogotá, enero 20 de 2019

La laxitud del acuerdo de paz de Juan Manuel Santos nos pasó factura. Además de premiar terroristas, dejó el camino libre para que Colombia volviera a nadar en coca y por cuenta del narcotráfico, se fortalecieran estructuras conformadas por las denominadas “disidencias de las FARC” y se repotenciara al ELN, diezmado durante la época de Uribe.

El resultado, una nueva acción de barbarie y cobardía por parte del ELN, que enlutó la patria al asesinar 20 jóvenes cadetes -en su mayoría deportistas de alto rendimiento- y dejar más de sesenta heridos, en el corazón de la institución policial: La Escuela de Cadetes General Santander.

Hay que recordar que el gobierno Santos lanzó un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que terminó cargando al Estado colombiano con la responsabilidad de la erradicación concertada, donde se obliga a pagar 36 millones de pesos anuales a cada una de las 135 mil familias cultivadoras de coca, bajo la excusa de que no tenían otra forma distinta de supervivencia.

Medio punto del PIB, bailando al ritmo de los adversarios de la democracia, mientras otros campesinos que jamás han delinquido, a duras penas sobreviven ante la desatención absoluta del Estado.

Hoy los grandes beneficiarios son las mafias internacionales que se enriquecen con el negocio del narcotráfico, que a su vez financia la muerte de comunales, erradicadores y líderes sociales, por un lado, y somete nuevamente a la sociedad y al Estado a la barbarie cíclica que una vez más nos confronta y aterra.

El autor material del atentado terrorista perteneció al ELN por más de 20 años y en varias ocasiones, viajó a Venezuela a realizar entrenamientos en manejo de explosivos. Hombre de confianza de alias ‘Pablito’, del COCE, quien vive en la frontera con Arauca, desde donde se ha encargado del negocio del narcotráfico del ELN con Venezuela.

Lo novedoso y aterrador es que sus hombres estarían recibiendo entrenamiento de explosivos por parte de integrantes del grupo terrorista Hezbollah, en Venezuela, al parecer con la participación de cubanos, venezolanos, brasileños, panameños, mexicanos y, por supuesto, colombianos, a quienes les habrían distribuido importantes cantidades de explosivos.

El año pasado, tres senadores de Estados Unidos, entre ellos Marco Rubio, urgieron al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a sumar al Gobierno de Nicolás Maduro a la lista de los países “patrocinadores del terrorismo”, acusándolos de mantener nexos con “terroristas narcotraficantes”, entre ellos, las FARC y ELN.

Lo que más llama la atención, es que aún así, hay personajes en nuestro país que siguen abogando por una negociación con terroristas bajo el argumento falaz del derecho a la paz.

Nos estamos enfrentando a una nueva faceta de amenazas a la humanidad, en la que Colombia vuelve a ser, desgraciadamente, protagonista.

Se busca

Bogotá, enero 13 de 2019

El país conoció un video enviado a los medios de comunicación por el cabecilla del secretariado de las Farc alias Iván Márquez, donde abierta y descaradamente afirma que “fue un error pactar la dejación de armas antes de asegurar el acuerdo de reincorporación política, económica y social de los guerrilleros”.

En ese video, grabado desde un lugar desconocido, cita con orgullo al protagonista del mito fundacional de las Farc -y uno de los hombres que más daño le hizo a Colombia-: Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”; y revela, además, que su esencia guerrerista aún se mantiene viva, reiterando que “las armas debían preservarse como garantía del cumplimiento de los acuerdos”.

En una postura victimizante, justificando el horror de la combinación de todas las formas de lucha, como si ésta hubiera sido esencialmente justa, olvidó el señor Márquez que las Farc no han cumplido con lo pactado.

Para la muestra, están los impresionantes hallazgos de la Fiscalía que, haciendo un rastreo de las rentas ilícitas de las Farc, detectó más de 500 predios urbanos, cinco mil bienes rurales, 207 bienes baldíos, 284 establecimientos comerciales, cerca de un millar de semovientes, unos mil automotores y, por si fuera poco, 232 activos en el exterior y evidencias de caletas de dinero.

El negocio de la guerra les resultó más rentable de lo imaginable y más fácil de sostener de lo que ellos pudieron haber planificado. ¿Acaso no eran un grupo revolucionario cuyo objetivo fundamental se afincaba en la lucha por la reivindicación del pueblo desposeído?

Las Farc, como brazo militar del Partido comunista clandestino, logró con la filigrana de un artesano, tejer la telaraña en la cual quedó el Estado y la sociedad colombiana atrapados: impunidad garantizada a través de un tribunal que maquilla la justicia, llamado JEP; verdad a través de una comisión presidida por un cura afín ideológicamente al ELN -más un séquito de corifeos de la izquierda-, sin ninguna presencia de víctimas de las Farc. Tres millones de hectáreas comprometidas supuestamente “para los campesinos”, como si nunca los hubieran desplazado y asesinado; millones de pesos comprometidos en inversión en zonas donde llenaron de sangre el país, dejando desfinanciados los programas encaminados a la atención de la inmensa mayoría de los pobres en Colombia.

Las Farc y el gobierno Santos le mintieron a los colombianos, vendiendo un escenario utópico de una paz que jamás va a llegar mientras se siga premiando el crimen y no se pague un día de cárcel.

Del paradero de Iván Márquez no se sabe nada desde julio del año pasado; no se ha presentado ante las autoridades y, curiosamente, éstas tampoco lo buscan.
Parece que existiera un macabro “pacto de silencio” donde pretenden hacer creer que hay paz mientras se burlan de sus mismos acuerdos y gritan que el gobierno les está incumpliendo.

Las disidencias se fortalecen y el país se llena de muertos en las zonas de coca y control territorial, donde ahora hay tantos grupos como nunca hubiéramos imaginado.

La paz, para la mentalidad revolucionaria, es la guerra en su esencia. Así, con disfraz de sometimiento al Estado, van poco a poco socavando las ya frágiles instituciones y nos someten a ver desde la barrera, cómo colonizan la política “legal” y mantienen sus fortines -antes ocultos y ahora exhibidos como trofeos de guerra-, para seguir en el camino de la toma del poder.

Hacia una Venezuela libre

Bogotá, enero 7 de 2019

Tarde, pero al fin, Latinoamérica y el mundo comienzan a reconocer la ilegitimidad del gobierno de Venezuela y a llamar por su nombre a la pantomima que se escuda en elecciones fraudulentas, para fingir democracia y constitucionalidad.
Mucho había tardado la comunidad internacional en manifestarse de un modo contundente ante el indecente y sanguinario régimen, pero empezó la cuenta regresiva que determinará el futuro de Venezuela y, de paso, también el de Colombia.
Los gobiernos que integran el Grupo de Lima -incluido Colombia-, han acordado desconocer el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, que inicia el próximo 10 de enero; han declarado que habrá rompimiento total de las relaciones con Venezuela, considerando que el proceso electoral del pasado 20 de mayo no cumplió con los estándares mínimos de la democracia y han ratificado su pleno respaldo a la Asamblea Nacional, como órgano constitucional -ése sí- electo democráticamente.
Maria Corina Machado aplaudió la declaración del conglomerado de cancilleres y llamó a las Fuerzas Armadas venezolanas a sumarse a la línea trazada por la comunidad internacional. También se unió el Secretario General de la OEA, quien pidió a la Asamblea Nacional, como único organismo que reconocen como legítimo en el país, asumir el poder ejecutivo.
En todo este escenario de rechazo apareció  el recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a diferencia del resto de países, aisló a México de esta manifestación contra el régimen de Maduro, apoyando tácitamente el hambre, la miseria y al fin de cuentas, el genocidio del dictador.
Pero las cargas se equilibran, teniendo en cuenta que la investidura de Jair Bolsonaro en Brasil, es vista por el equipo de gobierno de Trump como una gran posibilidad de coordinación entre los paises de la región, para aislar al régimen venezolano.
Llena entonces de esperanza a los verdaderos demócratas del mundo, que el peso de los hechos sea superior al desgastado y falaz discurso socialista, que insiste en “luchar por el pueblo” cuando éste mismo lo aborrece por condenarlo a la migración, el hambre, la miseria, la injusticia y la represión.
Que Dios nos regale en este 2019 una Venezuela libre, de la mano de una heroína como Maria Corina Machado.

Doce deseos en 2019

Bogotá, diciembre 30 de 2018

Este 31 de diciembre renovaré mis expectativas como ciudadana, luego de que el Centro Democrático y las coaliciones de segunda vuelta presidencial, lograran el triunfo para recuperar el poder; bajo el legado de las políticas que transformaron a Colombia en el año 2002, de la mano del Presidente Álvaro Uribe.

Pediré doce deseos, uva a uva,  pensando en cómo construir un país que recoja los anhelos de los electores.

Primera uva: Acabar con la corruptela que nos dejó Santos. Deseable que todos los jefes de Control Interno rindan cuentas periódicamente a Presidencia de la ejecución del gasto público de cada una de sus entidades, previendo aquellas situaciones de vulnerabilidad para evitar el daño fiscal y la robadera.

Segunda uva: Que la cúpula militar renovada recupere el fuero militar y las garantías judiciales para quienes arriesgan su vida y se sacrifican por nuestra libertad. Que se exija que todas las investigaciones estén ajustadas al DIH y a los manuales operacionales.

Tercera uva: Que avancemos en la lucha contra el narcotráfico recuperando el control de territorios vedados para el Estado, a través de planes de desarrollo coherentes con la demanda nacional y sin atender las demandas de aquellos que pretenden tener control territorial y apropiarse de los recursos públicos.

Cuarta uva: Que se genere un subsidio a la demanda, para que los estudiantes de clases menos favorecidas accedan a la educación superior privada. Entretanto  se debe auditar el gasto de la educación pública para ampliar su oferta con calidad académica. No más barril sin fondo de prebendas a rectores y consejos directivos.

Quinta uva: Que se ajuste el presupuesto desmedido de la JEP para que no sea la cueva burocrática de la izquierda.

Sexta uva: Que los jueces de la JEP sean relevados si no cumplen con el principio de imparcialidad. No más jueces ideologizados con sesgos para aplicar justicia sobre nuestra fuerza pública y otorgar impunidad a las Farc.

Séptima uva: Que se limiten las funciones de la JEP al acuerdo. Que no usurpe decisiones relacionadas con la extradición. “El que la hace la paga”, así sea Santrich.

Octava uva: Que se haga justicia en el caso de Andrés Felipe Arias y le sean respetados sus derechos y garantías constitucionales. Sí a la doble instancia para que pueda demostrar su inocencia.

Novena uva:  Que el Presidente Duque gobierne con el partido que lo eligió. El Centro Demócratico tiene la obligación política de legitimar las promesas de campaña apoyando al gobierno desde el Congreso y el Presidente la de gobernar honrando el compromiso con millones de electores.

Décima uva: Que la Fiscalía imponga su autoridad, ubique y capture a los prófugos cabecillas de las Farc que se burlan de sus propios acuerdos de paz,  los lleve a la justicia ordinaria para ser juzgados y, si corresponde, extraditados por narcotráfico.

Decimoprimera uva: Que se recorte el gigantesco Estado burocrático que nos dejó Santos y se ahorren recursos eliminando agencias inútiles y embajadas que no cumplen ninguna función. Los colombianos estaríamos complacidos con estas decisiones.

Decimosegunda uva: Que se reforme la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. No más despojos infames contra propietarios y poseedores de buena fe, en su mayoría campesinos y también víctimas, que ven arrebatado su único medio de subsistencia por cuenta de un estado ladrón. Restitución sí, pero sin despojo.

Doce deseos que, de cumplirse, llevarían a este gobierno a ocupar un lugar de honor y gloria en la historia de Colombia.

Un brindis y salud, por usted, Presidente Duque, por su partido, por Colombia y por todos nosotros.

Feliz Año Nuevo.

Nuestra receta criolla

Bogotá, diciembre 23 de 2018

La razón por la cual la receta socialista jamás ha funcionado, es porque su lógica va en contravía de la esencia del individuo como generador de su propia  riqueza y del desarrollo de una conciencia moral de libertad.
Quienes defienden el ideario socialista, asumen que tienen “derechos” superiores a los del resto de la sociedad y que, además, son incuestionables. Si por alguna razón, cualquiera de estos “derechos” se ve enfrentado a cuestionamientos jurídicos o políticos, automáticamente sus seguidores invierten la realidad y proyectan su imaginario en forma de persecusión o de amenaza.
Por ello, la izquierda goza de toda suerte de privilegios, al convertir sus deseos en derechos: un escenario en que son merecedores de todo y obligados a nada.
En este sentido, se entiende por qué el enfoque  socialista de la economía igualmente transgrede toda lógica de creación y autonomía.
Desde el ámbito de lo público, el “bienestar común” como objetivo a alcanzar, es delegado en unos pocos burócratas que jamás han hecho uso de su propia capacidad productiva y sin embargo, resultan siendo los apoderados de la planificación del éxito y de las oportunidades de prosperidad del resto de la sociedad.
Así, la “redistribución de la riqueza” se convierte en la fórmula mágica para combatir la desigualdad y no el diseño institucional a través de reglas claras, que eviten los abusos de posiciones dominantes, de monopolios de élites vampiras, que combatan la corrupción a la hora de competir y que garanticen la seguridad jurídica y material.
Por esta razón, una institucionalidad atrapada por intereses particulares, en conjunción con las ambiciones de los políticos de turno y aderezada en burocracia y control socialista, va en contravía de la dinámica económica propia de  oportunidades para emprender.
Un país lleno de leyes, reglas y trabas absurdas derivadas del control y de la planificación diseñada la mayoría de las veces por quienes jamás administraron una tienda, destruye la iniciativa privada y ahuyenta la inversión.
Estas reflexiones simples, que ni siquiera son de “derecha” sino de sentido común, son un campanazo para vernos por dentro. Para ventilar nuestra estrategia criolla del desarrollo, a la colombiana, con la que el Estado a través de la planificación socialista,  sólo ha servido para que élites corruptas y sin doctrina, en su ambición desmedida, le sirvan en bandeja al discurso de los pobres -muchas veces promovido entre ellos mismos- y ambienten la alternativa de “probar” la receta del vecindario.
Colombia, mi país, donde los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, está atrapada desde hace años en la telaraña socialista, en la Patria Boba de élites ladronas y burócratas mediocres, donde atreverse a pensar diferente es una afrenta al sistema y ser anarquista es gozar de ella.

 

 

Una solicitud impertinente

Bogotá, diciembre 16 de 2018

La semana pasada se hizo pública una comunicación suscrita por doce diputados europeos, de la camarilla de la izquierda internacional, pidiendo el retiro del Proyecto de Ley 131 de 2.018, de mi autoría, que modifica la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Este acto hostil, en contravía del principio de no intromisión en los asuntos internos de otros Estados, de la soberanía nacional y de la autonomía legislativa colombiana, demuestra una vez más la perversa alianza mundial que pretende subvertir todo orden natural para imponer su plataforma ideológica.

Tal como les respondí por escrito, resulta ofensivo que parlamentarios extranjeros se arroguen el derecho de impartir órdenes a quienes fuimos elegidos democráticamente, como si fuéramos una republiqueta al servicio de extraños intereses superiores.

Aseguran los eurodiputados, que el proyecto de ley pretende “beneficiar proyectos industriales o intereses extranjeros”, repitiendo la retórica aprendida de quienes defienden una ley que hoy deja a campesinos pobres y a víctimas en la total indigencia, al perder su único medio de sustento ante la imposibilidad de demostrar la buena fe exenta de culpa, teniendo que soportar la inversión de la carga de la prueba como si se tratara de narcotraficantes.

El desconocimiento y la ausencia de sustento de la irrespetuosa y descabellada solicitud, me estimuló a aclararles varias cosas que debían conocer, dada su autoproclamación de abanderados de los “derechos humanos”.

La primera, que el proyecto de ley subsana los errores jurídicos de la ley actual y está encaminado a cumplir con el mandato de la Corte Constitucional sobre la atención a los llamados “segundos ocupantes”, de acuerdo con las convenciones internacionales de protección a población desplazada.

También, que contiene una serie de garantías de carácter universal, que fueron desconocidas en la norma original: el principio de la acción sin daño, el de la confianza legítima y el de la doble instancia.

En este mismo sentido, que protege a las víctimas que sufrieron el embate de la violencia por parte de las organizaciones ilegales y hoy deben padecer además, el despojo legitimado por el Estado, al arrebatarles su único medio de supervivencia.

Así las cosas, señores eurodiputados, sobre la base de su absoluto desconocimiento y su nula injerencia… ¡Ustedes a sus cosas y nosotros a las nuestras, como corresponde!