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Fuera Santos ¡Fuera!

Tenemos muchas razones para salir a marchar el próximo 1 de Abril. Razones de conciencia, de responsabilidad ciudadana, de protesta, de patriotismo, de absoluto hastío y rechazo a todo cuando encarna Juan Manuel Santos.
Las palabras se acabaron y los hechos nos aplastaron. La impotencia y la rabia que crecen día por día bajo su gobierno,  no deja lugar a nada más.
Es hora de que los colombianos dejen de pensar que lo que vive el país hoy es un problema de partidos o de pugnas personales. Es hora de despertar al indiferente, porque su patria, esa que un día tuvo esperanza,  está siendo asaltada cínicamente por el poder encarnado en un solo hombre, por encima de lo más sagrado de una democracia: la voluntad popular.
Somos muchos más que los arrodillados, que los enmermelados, que los cómplices y que los ingenuos e indulgentes  que todavía piensan que hubo que “tragarse algunos sapos”  y que aquí no va a pasar nada. Somos muchos más que no justificamos tantos hechos de corrupción para avalar la falsa paz con la que nos convertirán en esclavos.
El cinismo extravagante con que el gobierno maneja su íntima y evidente relación de complicidad con las FARC, es inconcebible. La desfachatez con que asume la recién destapada corrupción con que financió sus campañas, la perversa capacidad para  acomodar sus fichas en el Congreso, en las Cortes, en la Fiscalía, está llevando a la ciudadanía a límites insuperables.
Santos tradujo en Reforma Tributaria el hueco fiscal que ocasionó con su re-elección robada.
Triplicó la deuda externa, abocando al país a un endeudamiento impagable.
Legalizó el narcotráfico, el abuso sexual, el reclutamiento de menores, el secuestro y la extorsión, todo por la paz.
Armó shows mediáticos para aplaudir secuestros y asesinatos.
Ha humillado a un país entero a cambio de nada.
Se ha hecho el indiferente con los secuestrados que aún están en poder de la guerrilla, ha evitado exigir la liberación de los niños reclutados, para no poner en evidencia un crimen de lesa humanidad. Ha sobornado al Congreso para avalar el Fast Track, mediante el cual, ilegalmente, ha hecho aprobar la Justicia Especial para las FARC.
Ha permitido el increible aumento de los cultivos de coca;
ha favorecido el blanqueo de dineros de los terroristas, disfrazándolo de “conexidad con la rebelión”.
El gobierno no tiene argumentos creíbles y las FARC han aprovechado su ambición de popularidad internacional para fortalecerse, re-inventarse y seguir delinquiendo a través de su “disidencia”, mientras hacen exigencias sin cumplir por lo menos con sus compromisos.
Santos debe salir del Palacio de Nariño. En un Presidente indigno. Por eso todos los marchantes este próximo 1 de abril, entonaremos la frase “Fuera Santos ¡Fuera!”  ¡Y que se vaya!
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Lorent Saleh: un homenaje a la libertad.

Bogotá, octubre 15 de 2018

Hace casi cinco años, se presentó en mi oficina un joven muy delgadito, trigueño y de inmensos ojos negros, tímido hasta que entraba en confianza y daba entonces rienda suelta a su espontaneidad, arrojo y valentía.

Lorent Saleh había llegado en compañía de un activista del Centro Democrático, que en ese momento estaba en proceso de conformación. En ese primer encuentro pude percatarme de cómo éste joven buscaba, con todas sus fuerzas, los espacios que le hicieran eco a su causa: liberar a Venezuela, a través de su movimiento “Operación Libertad”.

Lorent venía de protagonizar movilizaciones, protestas y una huelga de hambre contra el régimen chavista, que lo había dejado prácticamente en los huesos. Víctima de amenazas, nos narraba en ese entonces cómo una vez se lo habían llevado en una tanqueta del Ejército y lo habían sometido a torturas, propinándole golpes severos en su cara y en su cuerpo.

Perseverante, inteligente, sacrificado y lleno de sueños, Lorent tenía objetivos claros y un amor infinito por su país. En su afán de ser escuchado, suplicaba que lo lleváramos a reuniones con jóvenes, pues él sentía la obligación de contarles su propia experiencia: él mismo pertenecía a una generación que no había elegido su futuro y era heredera del gravísimo error de sus antecesores que habían comprado el dulce envenenado del populismo.

Por eso Lorent fue un asiduo acompañante durante la campaña de 2014 y su mayor frustración era percibir la ignorancia de la juventud colombiana, frente al imaginario socialista. Él, un joven nacido en el régimen, había perdido, junto a todos los jóvenes de su generación y las posteriores, cualquier posibilidad de soñar con un futuro mejor por la economía que ya empezaba a reflejar los efectos de la planificación y el control centralizados y la persecución y confiscación de todos los medios de producción. ¡Exprópiese! era el lema de moda,  que arrancaba aplausos en un pueblo hipnotizado pensando que lo arrebatado a otros iba a ser mágicamente redistribuido.

Lorent confiaba, como cualquiera lo habría hecho,  en que desde Colombia podría construir una retaguardia de resistencia y enfrentar la perversidad del socialismo del siglo XXI. Jamás pensó que podría ser expulsado y entregado, como ave de presa, a las fauces de sus depredadores. Entre sus miedos, si alguna vez los tuvo, este no era probable. Pero sucedió.

Hacia el mes de Mayo de 2014, los organismos de Inteligencia de Colombia iniciaron seguimientos bajo las órdenes de Santos, como si fuera un criminal de la peor laya. Una vez detenido, fue enviado en vuelo charter directo desde Bogotá hacia Cúcuta, sin acceso siquiera a un defensor que tuviera la posibilidad de solicitar asilo.

Recuerdo aún el video que grabara un amigo suyo desde el puente internacional Simón Bolívar, cuando el Goes de Colombia lo entregó a la criminal Sebin de Venezuela, a sabiendas que le esperaba un encarcelamiento injusto, torturas y probablemente, la muerte.

Hoy Lorent está libre, luego de cuatro años de ver la luz una hora a la semana. No sabemos qué presiones adicionales a las lágrimas de súplica de su madre se hicieron.

Desterrado de su patria hacia España, este muchacho es el ícono de una generación que nació y creció en dictadura y que, a diferencia de la juventud colombiana, sueña con la libertad. Mientras, acá, en el país del Sagrado Corazón, se juega a cavar la fosa para enterrar la nuestra.

 

 

A veces llegan cartas…

Bogotá, octubre 7 de 2018

 

La semana pasada llegó una carta a la Comisión de Paz del  Senado de la República. Y no cualquier carta. Esta misiva venía aparentemente suscrita por alias El paisa y alias Iván Márquez.

No creo realmente que sea redactada por ellos. Seguramente cualquiera de sus aliados profesores universitarios la escribió, cumpliendo órdenes de quienes aún continúan con la jerarquía de mando de una organización qué pasó a ser como la Hidra de Lerna.

Alegan, como inconformes  ciudadanos, el incumplimiento por parte del gobierno con expresiones como “perfidia, trampa y conejo”. En términos coloquiales, todos los colombianos les salimos a deber.

Pero siempre ha sido y será así. Desde los inicios del proceso de negociación, quienes hemos seguido la historia de los grupos de impronta comunista, sabíamos que jamás iban a estar satisfechos. Y es obvio: Su esencia es la guerra; su ilusión la sociedad colectivista y su inspiración el conflicto a través de la lucha de clases, con el odio como carburante. Y a todo esto lo llaman “anhelo de paz”.

En la misiva, señalan que la JEP de hoy es distinta a la acordada en la Habana y aducen que es por culpa del Fiscal General y de los “enemigos de la concordia”. Claro, todos los tribunales diseñados por dictaduras totalitarias no operan bajo preceptos de imparcialidad como principio, sino ideológicos, desfigurando la esencia de la justicia.

Pero desde su nacimiento, este remedo de tribunal demostró  las falencias que advertimos desde que participamos en la campaña del NO en el plebiscito.

No puede haber tribunales a la medida de las Farc, que midan con el mismo rasero a los miembros de la fuerza pública que cumplieron con un deber constitucional.  Escogieron como quisieron a sus miembros, se enfrascaron en disputas presupuestales indignantes como piratas al botín y se convirtieron en una cueva burocrática derrochona sin ningún viso de estatura jurídica y moral para asumir el reto de ser un tribunal para la paz.

Aún se desconoce el paradero de los viajeros que suscriben la carta; la JEP no los ha requerido siquiera y es vox populi que no regresarán, porque temen correr la misma suerte de Santrich. Y no volverán, creo yo.

Se especula que están en Caquetá, en el Vichada, en Venezuela, en Cuba. Yo diría que de pronto en Noruega, por la complicidad propia de los escandinavos que juegan a enseñar paz mientras reparten nóbeles según su interés.

Al fin y al cabo, las Farc se quedaron sin su mito revolucionario que con tanto esfuerzo dibujaron con Tirofijo y Bandidos Inc.; ya son lo que siempre fueron: Narcotraficantes con disfraz revolucionario. Pero impunes y con curules, jugando a una doble vida mientras afincan sus ejércitos territoriales, de la mano de los inmensos cultivos de coca que les dejo la paz de Santos.

Por ahora, se requiere discernimiento y firmeza para enfrentar estos retos, que son un desafío para la supervivencia misma de las instituciones. Pues como dice el refrán popular, lo que mal empieza, mal acaba.

El juez Kavanaugh y la fabricación de culpables

El día viernes 28 de septiembre, se paralizó la audiencia norteamericana ante un nuevo episodio de “puritanismo progresista”: Tres mujeres saltaron al ruedo acusando al juez y candidato conservador Brett Kavanaugh, nominado por el Presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia.

El objetivo principal, eliminar su opción de nominación a este máximo tribunal,  ya que inclinaría la balanza en favor de los conservadores, garantizando una sólida mayoría.

El método, una vieja estrategia macabra de destrucción de la moral y la voluntad de lucha, mediante acusaciones de acoso sexual imposibles de probar, pero también de controvertir; justo ahora, 36 años después de ocurridos los presuntos hechos.

Kavanaugh es un republicano  seguidor de la filosofía “originalista” de interpretación de la Constitución (que algunos denominan “construccionismo estricto”), que corresponde a la misma línea de pensamiento del ya fallecido célebre juez Antonin Scalia, famoso por sus extraordinarios salvamentos de voto, recogidos en varias obras.

Enlodar la imagen pública de quien garantizará por las próximas décadas una línea de pensamiento conservador,  es, por consiguiente, un propósito de la izquierda estadounidense.

Una vez nominado Kavanaugh, como por arte de magia apareció Christine Blasey Ford, una mujer que aseguró haber sido “acosada sexualmente” por el juez cuando ella tenía 14 años y él, 17.  ¿Por qué no lo denunció antes? ¿Por qué mientras rendía declaración ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, leía en un papel?  ¿Acaso uno olvida un episodio de esta magnitud?

Estos shows prefabricados con boom mediático asegurado, se suman al ingrediente de los grupos progresistas que marchan con frenesí exigiendo la cabeza de sus víctimas, sin importar la veracidad de la información ni las garantías que el derecho impone a un debido proceso. Y es, además, parte de la agenda mundial que cumplen estos grupos  que tildan de radical y fascista- lo que ellos mismos son- a sus opositores y a todo cuanto represente los valores republicanos de una sociedad. Esa es la agenda del maléfico George Soros.

Exactamente esta misma historia de Kavanaugh le sucedió al juez conservador Clarence Thomas en 1991, nominado por George Bush como candidato a la Corte Suprema de Justicia. Dicha nominación  “refrescó” la memoria de Anita Hill, una mujer que lo acusó de acoso sexual en episodios ocurridos, según ella, 10 años atrás.

Finalmente y a pesar del escándalo suscitado, la mujer no logró frenar la confirmación de Thomas como miembro del máximo tribunal. El juez aún ejerce funciones en la Corte y acompañó en sentencias y salvamentos de voto al fallecido juez Scalia.

Todos estos eventos conservan un mismo patrón, con sospechosa recurrencia, en los países donde el marxismo cultural anida sus huevos y donde la izquierda promovida a través de ingentes recursos económicos motiva, mediante la mentira y el odio, el desorden mundial. Y cualquiera está expuesto a caer bajo esta aplanadora de fabricación de  culpables.

Los votos de “la Cabal”

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Bogotá, septiembre 23 de 2018

Desde hace tiempo hace carrera en Colombia el linchamiento mediático, las conclusiones amañadas con base en suposiciones sin sustento legal, el matoneo encarnizado y la sevicia del señalamiento; que no son otra cosa que una eficaz arma de guerra para destruir la voluntad de lucha.

Esta estrategia se aplica, metódicamente, a quienes como yo, jamás hemos obrado ilícitamente.
La acusación mediática, que no judicial, que hoy se esgrime contra mí, es un instrumento para afectar mi reputación a sabiendas que hago política en defensa de causas y no de intereses politiqueros, que es lo único que tengo para lograr que la opinión me identifique como vocera de sus convicciones. El escandaloso señalamiento es tan inverosímil como audaz: hacer creer que soy cómplice de un soborno a profesoras en una celebración que no organicé, en la que no participé, con personas que no identifico, para obtener votos, es una estupidez sólo creíble en un medio plagado de noticias falsas y maledicencia.

Mi firmeza parte de convicciones férreas del deber ser de un país. Sin embargo, el costo político de manifestar sin ropajes las verdades en Colombia, trae este tipo de consecuencias: verme sometida al acoso del juzgamiento sin pruebas, como mecanismo para el agobio emocional.

La perversidad de ocasionar daño moral, conduciendo a la agresividad de la opinión, es una estrategia con la que he lidiado por más de cuatro años; porque en Colombia hay temas vedados. Si se cruza la frontera de aquello que los medios y la izquierda empoderada consideran “políticamente incorrecto”, hay que enfrentar la avalancha apabullante de los titulares de prensa, que condenan sin investigar.

Muchas de mis declaraciones en el Congreso disgustan porque no representan otra cosa que la verdad dicha sin arandelas ni disfraces.

El fango y la miseria humana que he tenido que enfrentar por decir la verdad cruda y desnuda, hoy me pasa una nueva cuenta de cobro. Siento la inmensa frustración de considerar que quien pretende permanecer políticamente en Colombia, tiene que ser naturalmente tramposo.

Mi campaña fue una emocionante aventura con la que logré un triunfo de 38.000 votos de opinión, por los que hoy estoy en el Senado. Opinión pura y dura; construída con mi trabajo en todo el país.

Como siempre, una vez más, haré frente con valor civil y conciencia moral a este nuevo embate de quienes, por debajo de la mesa, pretenden aislar y satanizar las pocas voces que se atreven a decir la verdad. ¡Firmes y sin miedo!

¿Más curules para las Farc?

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Bogotá, septiembre 16 de 2018

La obsesión de las Farc, en asocio con sus franquiciados,  disidentes y aliados clandestinos (PC3), es poder lograr cada día el mayor control territorial posible en las zonas de predominio cocalero.

No podemos olvidar la cita de Iván Márquez, según la cual, “la tierra está indisolublemente ligada al territorio”. Tampoco podemos desdeñar la instrumentalización de la población, que termina siendo afectada por la inexistencia del “principio de distinción”, establecido en el DIH.

Tanto a nivel oficial -ahora, como partido político-, como en el más bajo mundo del hampa organizada, los terroristas buscan el control del territorio. Desde la primera posición, buscando leyes que coadyuven con sus intereses y desde la segunda, disputándoselo  con otras bandas criminales y usando a los pobladores como escudos humanos, para evitar la erradicación de los cultivos de coca. El resultado: la trágica violencia que genera el narcotráfico.

La herencia que dejó al país el proceso de paz, fué claramente un pacto desequilibrado, amañado e inclinado totalmente a favorecer el gran negocio del tráfico de drogas.

El gobierno anterior aseguró ante la ONU que las Farc “colaborarían” para eliminarlo, mientras  estimulaba a sus enmermelados congresistas para conseguir la aprobación de 16 circunscripciones electorales “de paz”, justamente en las zonas en donde se cultiva coca y predomina la minería ilegal.

Este proyecto se hundió en el Congreso por falta de quórum y nuevamente, el gobierno Santos lo radicó antes de terminar su mandato, bajo el mismo argumento de “dar representación a las  víctimas”.

Yo me pregunto: ¿Por qué pretenden que las víctimas hagan campaña en lugares bajo control del hampa que hoy se disputa los corredores criminales en esas regiones?

El show de la paz, ahora en implementación, está enfocado en hacer simetría con las fuerzas armadas legítimas y dominar zonas estratégicas para el favorecimiento de sus negocios.

Las 16 circunscripciones especiales que insisten en reclamar, representan el 36% del territorio nacional, pero apenas el 6.7% del censo electoral. ¿Para qué las quieren entonces?

Si el proceso de paz hubiera cumplido con la promesa de poner a las víctimas en el centro del acuerdo, éstas tendrían ya curules asignadas directamente y sin pasar por el riesgo de una campaña en medio del fuego cruzado de cualquier grupo armado ilegal. Y las niñas -hoy adultas-, abusadas, torturadas y esclavizadas por las Farc, tendrían su voz para contarle al mundo el drama que vivieron y su permanente lucha por justicia.

Las víctimas están en todo el país, a lo largo y ancho del territorio nacional y no propiamente asentadas en las zonas establecidas por las circunscripciones en el acuerdo de paz.  Por eso, lo prioritario hoy en Colombia es reconocer a las personas que han sido víctimas, por encima del territorio. No al revés.

La visita de Trump

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Bogotá, septiembre 9 de 2018

En medio de la anarquía institucional en Colombia, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vendrá en visita oficial para discutir temas de vital importancia bilateral como la seguridad, la lucha antidrogas y la crisis en Venezuela.

Mientras en casa las instituciones han sido elásticas con la delincuencia, Estados Unidos exigirá resultados: Los millonarios desembolsos para lucha antidrogas en Colombia, no pueden ser desestimados.

El proceso de paz ha arrojado las peores cifras en crecimiento de cultivos de coca y el gobierno Trump ha pedido la extradición de alias Jesús Santrich, uno de los grandes capos del narcotráfico.

Pareciera entonces que los caminos que han escogido recorrer las Cortes en Colombia y el nuevo ente de justicia JEP, van en contravía de las sanas relaciones bilaterales con Estados Unidos, nuestro socio más importante;  pues el engranaje normal de las relaciones comerciales, diplomáticas y de cooperación contra los delitos transnacionales, se ha visto vulnerado por todas las trapisondas del proceso de paz.

El Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, anunció este viernes que abrió indagación preliminar contra funcionarios de la JEP por presuntos encubrimientos en la salida de nueve delincuentes de las FARC de las zonas de normalización. Asimismo declaró que la Fiscalía tiene evidencias de funcionarios que estarían planeando fraudes procesales para que la JEP no actúe como debe, cumpliendo con la Constitución y la ley, lo que llevaría al incumplimiento por parte de las FARC con el acuerdo, con las obvias consecuencias que ellos aceptaron al firmarlo.

No es de poca monta el nivel de los compromisos de Colombia frente a su aliado más poderoso. Por eso, preocupa mucho el resultado de la demanda de inconstitucionalidad que cursa en la Corte Constitucional, con la que se pretende tumbar el artículo que prohibe a la JEP “practicar pruebas para determinar la fecha de ocurrencia de hechos delictivos”, competencia que hoy está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia.

Pretender buscar la declaración de inconstitucionalidad del Artículo 502 de la Ley 906 de 2004, podría acabar con la extradición en Colombia y, en consecuencia, incumplir con el  tratado internacional relacionado con el lavado de activos.

El caso Santrich ha conducido a un entramado debate constitucional en materia de extradición, tratando de adjudicar a la JEP competencias que no le corresponden y queriendo incorporar a su reglamentación artículos leguleyos para favorecer al capo.

¿Qué seriedad, ante nuestro más importante aliado estratégico, puede reflejar que este proceso de paz otorgó privilegios sorprendentes a los terroristas y ahora los beneficiados continúen delinquiendo, con la pretensión de seguir siendo cobijados con la impunidad?

Los fugitivos de la paz

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Bogotá, septiembre 2 de 2.018

 

Al menos cuatro de los más reconocidos narcoterroristas de las FARC, han salido de sus “zonas de normalización” y renunciado a sus esquemas de seguridad asignados por el Estado.

Iván Márquez, Romaña, el Paisa y Gentil Duarte -el primero que se fugó diciendo que perdonaba la vida a sus escoltas-, han desaparecido por “arte de mafia” y ni los servicios de inteligencia del Estado, destruidos por Santos, ni el costoso acompañamiento de la ONU, tienen idea de su paradero.

¿Por qué tanta complacencia e inoperancia? ¿Disfrutaban estos personajes de plena libertad, como cualquier ciudadano decente?

Inquieta mucho que,  ante todo el desarrollo normativo derivado del acuerdo de paz, tanto de la JEP como de las altas cortes colombianas, las posibilidades de aplicar justicia son inciertas.

¿Qué pasa si los capturan? ¿Quedarían en manos de la JEP y, según la Corte Constitucional, seguirían cobijados por la no extradición por haber firmado el acuerdo de paz? Todos nos preguntamos qué pasaría si otro delincuente actuara dentro de una situación similar.

Es tan patética nuestra realidad institucional judicial, cooptada por la malversación del sentido de la “paz” como bien superior, que terminaremos sin saber qué puede ocurrir en este país.

Paralelamente, las FARC tienen su partido político. Y nadie los llama a cuentas. Además de protegidos por el senador Iván Cepeda, que esgrime toda clase de excusas para no contar la verdad. Seguro no sería así su actitud con los paramilitares y menos con los miembros del Ejército de Colombia que estuviesen inmersos en investigaciones o pendientes de resolución judicial.

El espurio andamiaje legal que se construyó para favorecer los acuerdos de paz de La Habana, está empezando a arrojar los primeros resultados de esta receta macabra diseñada por Juan Manuel Santos y las FARC.

No sería de sorprenderse que la misma Corte Constitucional que sentenció conexidad entre tortura y abuso sexual a niños con el conflicto, se pronuncie en favor de los hoy desaparecidos  delincuentes.

Incierto futuro tenemos los colombianos, padeciendo tan bizarra justicia. Colombia es hoy un paradigma en el que la inversión de la escala de valores hace que los fugitivos gocen de plenas garantías, mientras que los inocentes son perseguidos con sevicia. Y el experimento de la paz solo ha contribuido a acentuar esta tremenda incongruencia.

El país de las virtudes

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Bogotá, agosto 26 de 2018

 

Colombia se debate diariamente entre la esperanza y la incoherencia; entre los derechos y la contradicción. Hace tiempo ya que nos invirtieron la forma de ver la realidad y de calificarla. Hasta el lenguaje ha sufrido golpes de “inclusión social” y las reglas gramaticales se convirtieron en una quimera frente al garrote feminista.

Poco a poco, modificaron nuestra historia hasta llevarnos a un punto de distorsión de la verdad, que al mismo tiempo que la sociedad se levanta decididamente para condenar ciertas conductas con determinación, permitimos que nos gobierne la falsa moral a través de una estrategia ambigua que tuerce la ley y deshace nuestra Constitución.

Algunos ejemplos: El gobierno de Juan Manuel Santos vendió una paz inexistente (¿o la compró?) poniendo toda la basura debajo del tapete, para que luciera perfecta, en especial ante la comunidad internacional. Hoy, ya descubierto lo que hay debajo, la realidad es que la coca invadió todos los rincones de la patria, bajo la excusa de la erradicación concertada con las comunidades y ocupamos el triste y deshonroso lugar de principales productores y exportadores -además de consumidores-, sin contar con la estela de muertos que deja en las zonas de control territorial de los ilegales .

En otro ejemplo, observamos el protagonismo de la JEP o Tribunal para La Paz que, sin facultades y sin reglamento, ordena la suspensión de la extradición de Jesús Santrich -a pesar de encontrarse delinquiendo en fecha posterior al acuerdo-.

No se queda atrás la “Honorable” Corte Constitucional, tribunal de cierre y de vigilancia de nuestra Carta Magna, garante de los Derechos Humanos, que hace pocos días en sentencia de constitucionalidad sobre el procedimiento de la JEP,  declaró los delitos sexuales contra los niños como conexos al conflicto; desconociendo la prevalencia de sus derechos y enterrando la posibilidad de castigar a todos aquellos que atenten contra ellos.

Adicional a esto y, como  contribución al caos institucional, esta misma Corte pretende obligar a que Colombia incumpla los tratados internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico, para no extraditar a ningún guerrillero.

Este efecto colateral de la paz, hace que la figura de la extradición desaparezca para los miembros de este grupo narcoterrorista, incluso para aquellos que continúan delinquiendo; en una especie de “patente de corso” para delinquir sin consecuencias reales.

Pero las sorpresas no acaban ahí: Hace poco, el Consejo de Estado expidió una sentencia que condena a la Nación por los actos terroristas cometidos por las FARC en el Club El Nogal. Sorprende ver cómo este alto tribunal de lo contencioso exonera a los asesinos que dieron muerte a 37 seres humanos inermes y compra la tesis de la responsabilidad del Estado. Una vez más, se invisibiliza a los bandidos y se distorsiona la verdad demostrada con hechos.

Y lo surrealista continúa. Veamos lo que sucede con la consulta anticorrupción. Como un episodio de una comedia, el Partido Verde inició con bombos y platillos la promoción de esta actividad electoral, invocando el rechazo a una de las conductas más despreciables en países como el nuestro.

Este mismo partido, no siente vergüenza alguna frente a que su reciente electo senador Antanas Mockus, esté abiertamente inhabilitado por acceder a recursos millonarios del erario a través de su Corporación Corpovisionarios y servirse de eventos financiados con ese dinero, en clara ventaja frente a otros candidatos.  Tampoco se ruboriza porque, hace apenas un par de días, hubiera sido detenido el promotor de la consulta en Neiva… ¡por corrupción!.

Pero eso no importa. Ni que Prada apareciera derrochando recursos del Sena y contratando a su familia, ni los vínculos del gobierno Santos con Odebrecht, ni la laxitud con el ELN que sigue secuestrando, asesinando y extorsionando.

Este es mi país. El país en donde los deseos se convierten en derechos, y los derechos son solamente para quienes los vulneran. El del mundo al revés, el país que amamos  pero que todos los días nos exige hacer el esfuerzo por recomponer lo descompuesto, para seguir creyendo en lo que casi ya nadie cree: que esto, algún día, sí puede cambiar.

Y los derechos de los niños… ¿qué?

 

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Bogotá, agosto 20 de 2018

No basta con la indignación y la rabia: La Corte Constitucional ha pasado por encima de tratados internacionales que contemplan que los derechos de los niños son prevalentes y que, aún si la Constitución fuera modificada, jamás podrían ser violentados.

Este es un último zarpazo contra las víctimas más vulnerables de los terroristas de las Farc, obligadas a militar en las filas guerrilleras para ser esclavizadas y abusadas sexualmente; y demuestran, una vez más, que las víctimas jamás fueron el centro del acuerdo de paz.

El fallo con el que la Corte declaró inconstitucional el Artículo 146 de la ley estatutaria de la JEP, bajo el argumento que éste iba en contra del acto legislativo que le dio vida a este nuevo órgano de justicia y, al mismo tiempo, reconoce en la sentencia que la actitud del congreso es “loable” al pretender excluir a los violadores de los niños de los beneficios de este tribunal, causó un gigantesco rechazo entre los colombianos. Es, por decir lo menos, un atentado contra derechos fundamentales y el sentimiento de un país que reclama a gritos protección para los niños.

La Corte Constitucional, que es instancia de “cierre” en la observancia de nuestra Constitución política, pasó por encima – sin ruborizarse- de la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, que “obliga a los Estados que la han ratificado a respetar proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años de edad”.

Según criterio de esa misma Corte en Sentencia C-574 de 1992, con los Artículos 93, 94 y 214 de la Constitución Nacional, se confirió a esa normatividad un rango supraconstitucional.

¿Cómo entender que sus sentencias en el marco del Acuerdo de Paz, vayan en contravía de sus propias decisiones? ¿Cómo pueden degradarse los derechos de los niños, que ostentan especial protección constitucional, por un acuerdo político?

La misma Constitución de 1991 le dio al niño la posición de sujeto merecedor de especial protección por parte del Estado, la sociedad y la familia; en sentencia C-876/11, respecto del abuso sexual a menores, señala a los niños como sujetos de protección reforzada y destaca a la vez que la legislación penal establece altas penas, para quien vulnere o violente los derechos sexuales y reproductivos de los niños.

Ahora esa misma Corte establece una “conexidad” del abuso sexual y los abortos forzados, con la constante inventada y que todo lo justifica, del “conflicto armado”.

En resumidas cuentas, los derechos inalienables quedaron proscritos por las ambiciones políticas de un grupo de terroristas pedófilos. Y las huellas permanentes en el cuerpo y en el alma de niños y niñas que aspiraban encontrar en su dolor un castigo ejemplar a sus agresores, ven cómo  la justicia colombiana reescribe una historia de vergüenza  que obliga a recurrir a instancias internacionales a reclamar esta deuda.

La Corte nos debe explicar qué tiene que ver la pedofilia con la rebelión y por qué le otorga carácter político a una conducta de aberración sexual.

Esto es un acto en sí mismo tan perverso como la violencia con que fueron esclavizados cientos de niños y niñas en Colombia.

El tribunal de la infamia

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Bogotá, agosto 12 de 2018

 

El viernes pasado se estrenó para los militares de Colombia el tribunal de la infamia, denominado “Justicia Especial para La Paz”, diseñado por el comunismo internacional.

En esta audiencia, se vio el anticipo de lo que va a ser la guillotina que terminará por destrozar a la fuerza pública.

Dado que la Jep se debía inaugurar con amplia connotación mediática, el caso seleccionado fue el de las  madres de Soacha, triste episodio en la historia de los denominados “falsos positivos” en Colombia.

Sin embargo, a pesar de ser un caso que se convirtió en inapelable por la presión mediática, tenemos conocimiento que entre los condenados hay al menos cuatro soldados que jamás estuvieron en ninguno de los hechos ocurridos, que son inocentes y están condenados en primera instancia por la justicia ordinaria a 36 años de prisión.

Tristemente, ellos aspiran a ser escuchados en este nuevo escenario de “verdad plena”, pero lo que vimos fue un espectáculo grotesco: Soldados con un papel en la mano, leyendo unas cuartillas escritas por sus abogados, obligados a reconocer su culpa y su arrepentimiento; sin  haber sido vencidos en juicio -de segunda instancia-, pese a que el autor intelectual -narcotraficante-, que era el jefe del reclutador -esposo de la hermana del soldado que organizaba las fechorías-, continúa impune;  y con la certeza que entre los condenados hay inocentes.

Es claro que quienes cometieron delitos como agentes del estado, reconozcan los hechos y pidan perdón. Pero es detestable que en un proceso mal llevado en la justicia ordinaria, los soldados sean tratados como ganado y que estén obligados a firmar un acta en la que deben reconocer lo que no hicieron, para mantener su libertad condicional.

Sin embargo, el espectáculo no terminó allí: Mientras leían las hojas escritas por sus abogados, el otrora fiscal y hoy magistrado de la Jep, Pedro Elías Díaz Romero, imputado por la Fiscalía por fraude procesal por la presunta alteración de pruebas en el caso Santodomingo, les gritaba y vociferaba -de la misma forma en que el Mono Jojoy maltrataba a soldados y policías recluidos dentro de un galpón en la mitad de la selva-:  “¡Reconozca”!

En medio de la ofuscación, un soldado levantó su voz y dijo: “Yo no soy culpable”.

En ese momento recordé lo que dos semanas atrás había sucedido con alias Timochenko, en ese mismo tribunal -donde está vez no se le permitió el ingreso a las víctimas-, quien hizo su aparición alzando su brazo en señal de victoria, visiblemente sonriente ante la comodidad de llegar al recinto de sus aliados comunistas.

Esta es la Jep: una “justicia especial” sin ningún tipo de equilibrio, que solo garantiza absoluta impunidad a una parte y humillación para su contraparte, sin garantías de imparcialidad.

¿A cuántos inocentes tendremos que ver doblegados ante la JEP, pidiendo perdón y confesando delitos que no cometieron? ¿Cuántos más decidirán cargar con culpas inexistentes para no perder los beneficios que les da acudir ante este tribunal?

El país merece la verdad plena, tanto de quienes cometieron delitos, como de aquellos que son víctimas jurídicas de las Farc y todos sus tentáculos en la rama judicial.