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Fuera Santos ¡Fuera!

Tenemos muchas razones para salir a marchar el próximo 1 de Abril. Razones de conciencia, de responsabilidad ciudadana, de protesta, de patriotismo, de absoluto hastío y rechazo a todo cuando encarna Juan Manuel Santos.
Las palabras se acabaron y los hechos nos aplastaron. La impotencia y la rabia que crecen día por día bajo su gobierno,  no deja lugar a nada más.
Es hora de que los colombianos dejen de pensar que lo que vive el país hoy es un problema de partidos o de pugnas personales. Es hora de despertar al indiferente, porque su patria, esa que un día tuvo esperanza,  está siendo asaltada cínicamente por el poder encarnado en un solo hombre, por encima de lo más sagrado de una democracia: la voluntad popular.
Somos muchos más que los arrodillados, que los enmermelados, que los cómplices y que los ingenuos e indulgentes  que todavía piensan que hubo que “tragarse algunos sapos”  y que aquí no va a pasar nada. Somos muchos más que no justificamos tantos hechos de corrupción para avalar la falsa paz con la que nos convertirán en esclavos.
El cinismo extravagante con que el gobierno maneja su íntima y evidente relación de complicidad con las FARC, es inconcebible. La desfachatez con que asume la recién destapada corrupción con que financió sus campañas, la perversa capacidad para  acomodar sus fichas en el Congreso, en las Cortes, en la Fiscalía, está llevando a la ciudadanía a límites insuperables.
Santos tradujo en Reforma Tributaria el hueco fiscal que ocasionó con su re-elección robada.
Triplicó la deuda externa, abocando al país a un endeudamiento impagable.
Legalizó el narcotráfico, el abuso sexual, el reclutamiento de menores, el secuestro y la extorsión, todo por la paz.
Armó shows mediáticos para aplaudir secuestros y asesinatos.
Ha humillado a un país entero a cambio de nada.
Se ha hecho el indiferente con los secuestrados que aún están en poder de la guerrilla, ha evitado exigir la liberación de los niños reclutados, para no poner en evidencia un crimen de lesa humanidad. Ha sobornado al Congreso para avalar el Fast Track, mediante el cual, ilegalmente, ha hecho aprobar la Justicia Especial para las FARC.
Ha permitido el increible aumento de los cultivos de coca;
ha favorecido el blanqueo de dineros de los terroristas, disfrazándolo de “conexidad con la rebelión”.
El gobierno no tiene argumentos creíbles y las FARC han aprovechado su ambición de popularidad internacional para fortalecerse, re-inventarse y seguir delinquiendo a través de su “disidencia”, mientras hacen exigencias sin cumplir por lo menos con sus compromisos.
Santos debe salir del Palacio de Nariño. En un Presidente indigno. Por eso todos los marchantes este próximo 1 de abril, entonaremos la frase “Fuera Santos ¡Fuera!”  ¡Y que se vaya!
@MariaFdaCabal 15965613_623640341155009_625288317863261449_n

Una solicitud impertinente

Bogotá, diciembre 16 de 2018

La semana pasada se hizo pública una comunicación suscrita por doce diputados europeos, de la camarilla de la izquierda internacional, pidiendo el retiro del Proyecto de Ley 131 de 2.018, de mi autoría, que modifica la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Este acto hostil, en contravía del principio de no intromisión en los asuntos internos de otros Estados, de la soberanía nacional y de la autonomía legislativa colombiana, demuestra una vez más la perversa alianza mundial que pretende subvertir todo orden natural para imponer su plataforma ideológica.

Tal como les respondí por escrito, resulta ofensivo que parlamentarios extranjeros se arroguen el derecho de impartir órdenes a quienes fuimos elegidos democráticamente, como si fuéramos una republiqueta al servicio de extraños intereses superiores.

Aseguran los eurodiputados, que el proyecto de ley pretende “beneficiar proyectos industriales o intereses extranjeros”, repitiendo la retórica aprendida de quienes defienden una ley que hoy deja a campesinos pobres y a víctimas en la total indigencia, al perder su único medio de sustento ante la imposibilidad de demostrar la buena fe exenta de culpa, teniendo que soportar la inversión de la carga de la prueba como si se tratara de narcotraficantes.

El desconocimiento y la ausencia de sustento de la irrespetuosa y descabellada solicitud, me estimuló a aclararles varias cosas que debían conocer, dada su autoproclamación de abanderados de los “derechos humanos”.

La primera, que el proyecto de ley subsana los errores jurídicos de la ley actual y está encaminado a cumplir con el mandato de la Corte Constitucional sobre la atención a los llamados “segundos ocupantes”, de acuerdo con las convenciones internacionales de protección a población desplazada.

También, que contiene una serie de garantías de carácter universal, que fueron desconocidas en la norma original: el principio de la acción sin daño, el de la confianza legítima y el de la doble instancia.

En este mismo sentido, que protege a las víctimas que sufrieron el embate de la violencia por parte de las organizaciones ilegales y hoy deben padecer además, el despojo legitimado por el Estado, al arrebatarles su único medio de supervivencia.

Así las cosas, señores eurodiputados, sobre la base de su absoluto desconocimiento y su nula injerencia… ¡Ustedes a sus cosas y nosotros a las nuestras, como corresponde!

¿Cuál aliado, Santrich o Trump?

Bogotá, diciembre 9 de 2018

La inversión revolucionaria jamás va a aceptar culpas ni delitos, aunque éstos siempre crucen el límite de lo evidente.

La multitud de argucias para solapar la barbarie, estarán respaldadas por el tribunal creado para ese propósito. Sin ningún pudor.

Nos cansamos de advertirlo desde la legislatura pasada cuando nos vimos obligados por el deber de legislar -y en contravía de nuestras más caras convicciones-, a participar en la reglamentación del tribunal diseñado a la medida de las Farc; con el convencimiento de que aquel remedo de “instrumento de justicia transicional restaurativa”, debía ser limitado, pensando que así haría menos daño.

No tardaron los sucesos en saltar a la luz a través de luchas intestinas por el poder, escaramuzas presupuestales, rapiña de cargos burocráticos y todo tipo de confrontaciones que pasaron de lo interno a lo externo por su enfrentamiento con la Fiscalía y con la opinión pública; derivadas de actuaciones contrarias a la norma, desbordando las funciones propias de su actividad.

En abril de este año, una solicitud de extradición de Estados Unidos, acompañada de una acusación por narcotráfico de un juez de New York, llevó a la captura de alias Jesús Santrich. Allí se determinaba la ocurrencia de los hechos criminales entre febrero y marzo de 2017, soportada con las pruebas correspondientes.

Este hecho inesperado encendió las alarmas de las salvaguardas establecidas para los cabecillas de las Farc, que luego de años de tener el control sobre el acuerdo de La Habana, se vieron seriamente amenazados porque la no extradición pactada, no les cubría actividades de narcotráfico ni delitos cometidos con posterioridad a diciembre 1 de 2016.

Hoy la JEP hace toda clase de maromas jurídicas para establecer si febrero de 2017 es antes o después de diciembre de 2016.

De acuerdo con declaraciones públicas, queda claro que su  pretensión es deslegitimar la existencia del hecho, obviar las pruebas presentadas por Estados Unidos y justificar la no extradición de Santrich, bajo el argumento de que “no hay certeza de la ocurrencia del hecho”.

Parece un chiste, pero han detenido un procedimiento que es normal para cualquier delincuente bajo la misma acusación, aún sin tener competencia para hacerlo.

Recordé entonces cuando denuncié el mico en la ponencia del gobierno, durante el fast track, por el artículo 74 (apodado “artículo Santrich”), que otorgaba la función de practicar  pruebas por parte de la JEP, en los procesos de extradición.

De nada valió el ejercicio de frenar desmanes, pues igual escogieron los jueces que quisieron. Ahora la lucha contra el narcotráfico, a través de la figura de la extradición, quedará en espera.

Las Farc cambiaron el modelo de sociedad, desnaturalizando los principios del deber ser, atrapando las instituciones en su imaginario pervertido de curules sin votos, paz sin justicia y víctimas sin reparación.

¡El que quiera ver, que vea!

¿Cuál verdad?

Bogotá, diciembre 2 de 2018

Jamás las diferencias podrán dirimirse si quienes los llamados al arbitraje, manifiestan una clara inclinación hacia una de las partes.
“Yo hoy estoy de fiesta porque las Farc constituyeron su partido político. No solo respeto, comparto sus principios. Buen camino”, escribía en su twitter la comisionada Lucía González, aplaudiendo la fundación del partido de las Farc.
La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, otra de las figuras veneradas por la izquierda, hizo su debut con gran despliegue mediante unas imaginativas tarjetas de invitación, que incluían un espejo. Así, al abrirla, ¡nos miramos la cara y nos enfrentamos a nosotros mismos, para decir la verdad!
A partir de este simbólico lanzamiento esperan, dentro de tres años, entregar el informe final sobre lo ocurrido en el “conflicto” con las Farc.
Parece un chiste, pero Colombia, que vive atrapada por la telaraña comunista, aún escribe y reescribe su historia, pero de la mano de quienes conviven con la barbarie disfrazada de delito político.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Centro Nacional de Memoria (o amnesia) Histórica, la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, los 33 tomos de la Unidad de Justicia y Paz… ¿y aún no terminamos por saber que nos pasó?
Lo que sí es muy curioso, es que aquellos que dicen defender a los pobres, no se sonrojan con la administración de presupuestos abultados donde pelecha su burocracia “derecho-humanitaria”, con una Jep de 200 mil millones (la partida más cara después que su directora, Patricia Linares, le ganara el pulso al ex secretario ejecutivo Nestor Raul Correa). Y la presente Comisión de la Verdad no se queda atrás, pues funciona con 140 personas y un presupuesto de más de $80.000 millones.
Encabezada por el cura Francisco de Roux, que en un video viral en redes manifestaba su “admiración” por los elenos, esta entidad es una creación de la mesa de La Habana con once “comisionados” -ninguno víctima de las Farc ni representante de alguna organización de víctimas de las Farc-, a cargo de nueve regiones y dos áreas temáticas, cuyo mandato es “explicar a los colombianos lo sucedido durante 50 años”. Como si fuéramos idiotas.
El resultado: un organismo sin garantía de imparcialidad, una burla más a las víctimas y la punta de lanza a la reedición de la “verdad”.
En el entretanto, miles de hombres que dieron sus vidas por la libertad, héroes anónimos, torturados y desaparecidos, serán intencionalmente enterrados en el olvido y otros, los que sobrevivieron enfrentando la barbarie, quedarán dibujados como responsables de culpas inexistentes, para apabullarlos moralmente.
En Perú, también fueron seleccionados comisionados arbitrariamente, hubo equiparación injusta de quienes combatieron el terrorismo con los que atentaron contra los derechos humanos de toda la sociedad, injuriaron a autoridades civiles, militares y de policía, omitieron las raices ideológicas del terrorismo genocida, elevaron la delincuencia a status político y difundieron toda clase de mentiras, amparados en “el contexto de la lucha armada”.
Al menos allá sometieron a Sendero Luminoso y a su cabecilla Abimael Guzmán, preso de por vida.
Acá, en el país del sagrado corazón, el Acuerdo de la Habana sigue su  implementación con figuras como la de esta Comisión, que en tres años nos traerá como “producto de la paz” la inversión de la verdad y la victoria del engaño. Y, seguramente, el siguiente gobierno creará otra figura que nos siga enseñando, a través de millonarios contratos, por qué siguen las Bacrim, por qué las disidencias son o no son de
las Farc y por qué los elenos merecen gobernar.

El engaño

Bogotá, noviembre 25 de 2018

La nueva estrategia evasiva del ELN pretende burlar la exigencia del gobierno de hacer efectiva la circular roja de Interpol, que pesa desde octubre sobre el capo alias Gabino, quien permanece en Cuba de manera ilegal.

Bajo la excusa de estar en tratamiento médico “por depresión”, esa guerrilla lo ha designado como jefe negociador, en caso de la reanudación de los diálogos con el gobierno.

En el entretanto, mientras la avanzada terrorista cobra vidas y destroza el ecosistema, informes de Inteligencia Militar revelan que hoy los elenos distribuyen las raciones de las cajas de comida CLAP dos veces por mes (práctica que debería ser exclusiva del régimen de Maduro), en diversas localidades de los estados fronterizos y, después de repartirlas, recomiendan sintonizar “Antorcha Estéreo”, emisora clandestina que invita a seguir su doctrina comunista.

Restando importancia a la confrontación armada de hace unas semanas entre elenos y soldados venezolanos, en la que resultaron muertos varios miembros del ejército del vecino país en un número muy superior al reportado por los medios, queda demostrado una vez más que hoy los negocios de las guerrillas colombianas con el narco régimen de Maduro, son verdaderas alianzas de sangre que permanecen y se fortifican, con grave riesgo para la estabilidad política de nuestro país.

De esta forma, mientras se pertrecha en Venezuela, el ELN ejerce presión ejecutando atentados “multipropósito” al oleoducto Caño Limón, con la intención de extorsionar a las compañías petroleras del sector -como lo ha hecho siempre-, asesina trabajadores y soldados que van en las brigadas de reparación de daños e instrumentaliza a los pobladores de las regiones aledañas, con el mejor estilo de combinación de todas las formas de lucha.  Así, dan cumplimiento a uno de sus objetivos dentro de la autodenominada “Política Minero Energética” y justifican su accionar terrorista bajo la teoría de “evitar que se roben los recursos naturales no renovables”.

Simultáneamente a que aplican todas estas estrategias, aparecen voces como las de las “Mujeres Afro del Caribe” y otras ONG’s, que piden al gobierno reanudar los diálogos; involucrando de esta manera a lo que denominan “sociedad civil” y capitalizando a su favor este hecho, como si fuera la real participación de la sociedad.

Todo un espejismo perverso con el que pretenden dar un disfraz de legitimidad a su lucha, pues sin detener sus acciones armadas, ejercen un pulso de poder para lograr la reinstalación de la mesa de negociaciones.

Una vez más y bajo la falacia de la paz, Colombia está expuesta a cometer el mismo error que con los acuerdos de La Habana, con el agravante que ya todos conocemos: una manipulación perpetua que ya le funcionó a las Farc con el anterior gobierno, cómplice y permisivo, manteniendo a las mal llamadas “disidencias”, bajo cuya sombra amparan su accionar delictivo.

Quienes no conocen la historia están condenados a repetirla.

¿Restitución o despojo?

Bogotá, noviembre 18 de 2018

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras surge como una política pública del Estado colombiano, para enfrentar el problema de miles de desplazados en uno de los países con mayor desplazamiento interno del mundo.

Bajo la premisa de la justicia transicional, se pretendió restaurar a las víctimas del despojo y traer la paz rural.

Sin embargo, una vez puesta en marcha la ley, sus efectos fueron devastadores. Contrario a lo esperado, sus objetivos primigenios no se cumplieron y en cambio sembraron zozobra, angustia y depresión en la población rural que veía cómo lo mucho o poco construido a lo largo de una vida, quedaba irremediablemente perdido por una falsa premisa: que todos los despojos y desplazamientos obedecían a tenencias irregulares y, en consecuencia, los actos realizados no podían ser merecedores de ninguna clase de protección. Una terrible injusticia se conjuraba en su contra.

Así se dio inicio a la aplanadora de un Estado que nunca asumió su propia culpa ante los despojos de la guerrilla y de los paramilitares y que, en cambio, cobraba esta cuenta a los más débiles: los campesinos.

Ajeno a su responsabilidad y dándole crédito a cualquier persona que dijera ser víctima de desplazamiento, el Estado colombiano produjo implacables sentencias donde “la culpa” era endosada a campesinos pobres como si fueran agentes criminales.

Ya no son solamente los paramilitares o la guerrilla los causantes. Es el Estado mismo, que con la excusa de proteger a las víctimas, produce un daño irreparable, revictimizando a quienes sobrevivieron a la violencia rural.

Las hoy víctimas son, en su mayoría, sujetos de especial protección constitucional y además en el pasado también fueron víctimas, incluso de desplazamiento. Ahora son condenadas, nuevamente, a la injusticia del despojo disfrazado de legalidad.

Campesino contra campesino, víctima contra víctima, miles de antiguos propietarios y poseedores vagan como indigentes pues no tienen forma de demostrar su buena fe “exenta de culpa”.

Conocemos el caso del señor Jorge Luis Ochoa, de Copey, César, quien al perder su parcela cultivada con palma y no tener cómo pagar el crédito, se suicidó. O el anciano Víctor Prieto, de 76 años de Rionegro, Santander, que sobrellevaba su pobreza rural con dos parcelas que le fueron  arrebatadas, sin ninguna compensación, cayendo en una depresión clínica profunda.

Crueles, por decir lo menos, han sido los funcionarios de la Unidad de Restitución que indujeron a campesinos vendedores a mentir. Crueles las ONG’s con contratos millonarios con esa entidad, que elaboraron contextos en zonas de violencia generalizada para crear falsas pruebas y contribuir al despojo.  Crueles también, magistrados que en única instancia, violando el principio universal de inmediación de la prueba por cuenta de una ley, valga la redundancia, violatoria de garantías judiciales, que sin escuchar directamente a los testigos ni recaudar pruebas -pues esto es obligación del juez que no decide pero instruye-, produjeron con frialdad sentencias judiciales contrarias a la verdad, convirtiendo en realidad hechos jamás sucedidos.

Hoy, gracias a una tutela interpuesta por la ANUC, la Corte Constitucional señala los vacíos jurídicos de la norma y llama la atención al Congreso y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer una política pública comprensiva con la situación de los “segundos ocupantes”, en el marco de la justicia transicional.

Es un deber de la patria proteger a los desplazados y también a quienes hoy habitan el campo y nada tuvieron que ver con el despojo de los otros. Si bien ningún estado de derecho debe renunciar a restaurar a sus víctimas, tampoco debe producir un daño irreparable a otros ciudadanos al desconocer la realidad rural y exigir lo imposible, cuando la población que afecta es también vulnerable y hoy paga con su escaso patrimonio las omisiones del Estado.

La “protesta” social

Bogotá, noviembre 12 de 2018

Los disturbios protagonizados durante las recientes movilizaciones  estudiantiles, con el pretexto de reclamar recursos adicionales para las  universidades públicas, dejaron varios interrogantes y conclusiones.

En primer lugar, exige por parte de la ciudadanía un conocimiento claro de lo que nos cuesta a todos los colombianos, entendiendo que todos tributamos directa o indirectamente, cada uno de los estudiantes de todas las universidades públicas.

Se dice que un estudiante de la Universidad Distrital cuesta en promedio 14 millones por semestre, mientras que uno de la Nacional está alrededor de los 18 millones o más, cifra superior al costo de matrícula de la universidad privada más cara del país.

Hace días el alcalde de Bucaramanga manifestó que resultaba incomprensible que la Universidad Industrial de Santander – UIS, con una asignación presupuestal de 25 millones de pesos por estudiante por semestre y con una relación de apenas 6 estudiantes por funcionario, entre docentes, empleados y contratistas, tuviera una carga burocrática tan enorme e ineficiente frente a la de cualquier universidad privada; y señalaba que el costo de una matrícula podía generar eficiencia con menos de la mitad de esa cifra, con docentes de calidad e importantes inversiones en infraestructura.

También es cierto que muchos  rectores presionaron el aumento de recursos porque su intención era hacerse reelegir. Para ello, necesitaban hacer pulso por mayor presupuesto, para poder negociar con el consejo directivo y con los mismos profesores que buscan escalafonarse.

Todo un sistema enmermelado, parecido a las transacciones entre burocracia y presupuesto que se cuecen en otros espacios del Estado.

Sin embargo, estos rectores, ávidos de ser reelegidos, le dieron la excusa perfecta a los estudiantes, algunos válidamente preocupados, y a los agitadores profesionales que forman parte del círculo incendiario de los líderes anarquistas de la izquierda, para poner contra la pared al naciente gobierno y servir de plataforma electoral para las regionales en 2019 y las presidenciales en 2022.

Sabotear el gobierno de Iván Duque les ha quedado fácil, pues ésta administración cometió un grave error de comunicación al no contarle al país el lamentable estado de las finanzas públicas que recibió del gobierno anterior; además, de no haber auditado el balance general de las universidades públicas, para que la cifras nos muestren cuál es la verdad.

Si los estudiantes consideran que tienen derecho a protestar, más aún lo tienen los enfermos que están expuestos a morir por el pésimo servicio de salud,  los ancianos que nunca pudieron cotizar a pensión y hoy a duras penas sobreviven con 120 mil pesos cada dos meses o los despojados por el Upac, que después de 20 años siguen esperando que el Estado colombiano les devuelva su vivienda, arrebatada por cuenta de los intereses hipotecarios excesivos.

Los estudiantes que hoy protestan son unos privilegiados en un país que no genera soluciones a la demanda de las clases populares por educación.

Deberíamos ser más audaces y brindar a los jóvenes sin recursos, el acceso a universidades privadas de costo promedio hasta de máximo de seis millones de pesos semestre, sin desarraigarlos de su región como lo hace erróneamente el programa Ser Pilo Paga y lograríamos, en menor tiempo y con menor inversión, la transformación educativa en dos generaciones.

Para terminar, preocupa que toda esta conjunción de sucesos desafortunados representan el combustible para la izquierda anárquica, que moviliza muchedumbres con afán de destruir y vulnerar derechos de otros invocando la jerarquía de los propios. Y todo esto con el propósito de allanar caminos para sus ambiciones a mediano plazo.

Olavo tenía razón

Bogotá, noviembre 5 de 2018

 

El triunfo de Jair Bolsonaro no hubiera sido posible sin la ola cultural gestada por el filósofo brasilero Olavo de Carvalho. Su nutrida votación no puede interpretarse sólo como un fenómeno antiestablishment, pues también había otros candidatos en contra del PT, sino como el resultado del retorno de los valores conservadores frente al cansancio de la hegemonía depredadora de la izquierda.

La percepción del elector ubicó a Bolsonaro como un ícono de la seguridad pública y de otros valores conservadores, pero la variable más importante y definitiva, se llama Olavo de Carvalho.

Desde hacía tiempo el filósofo había decidido abandonar su patria natal, entre la desilusión y el temor frente al régimen socialista. Prácticamente exiliado en los Estados Unidos, ejecutó una labor durante casi tres décadas, que hizo la conjunción para el triunfo.

A principio de los 90 Olavo lanzó el libro “El Imbécil Colectivo”, que fue un éxito en medio del monopolio que la izquierda tenía sobre escuelas, medios de comunicación y universidades en el Brasil. A pesar de las prohibiciones, Olavo escribía artículos, lanzaba cursos en internet, publicaba videos on line y poco a poco, con una argumentación lógica indestructible, empezó el proceso de rescate de la alta cultura en Brasil, para combatir el dominio psicológico y cultural de la izquierda sobre las masas.

En 2013 publicó una selección de sus artículos que masificó su pensamiento: “Lo Mínimo que Usted Necesita Saber Para no Ser un Idiota” -uno de los cuatro libros que tenía en la mesa Bolsonaro el día de su primera alocución como  presidente electo- que logró ventas por más de 300.000 copias; al mismo tiempo que 12.000 alumnos pasaban por sus cursos on line.

Todo este ejercicio desencadenó una reacción masiva de la sociedad brasilera en contra del Foro de Sao Pablo y en 2015, gigantescas manifestaciones de jóvenes contra Dilma ventilaban pancartas que decían repetidamente:  “Olavo tenía razón”.

De esta forma, con su presencia en el escenario ideológico, la izquierda por fin tuvo que enfrentarse a debates de verdad: ideologías de izquierda como la de género y el feminismo, fueron denunciadas como un proyecto de toma del poder y no como una defensa de minorías, igual que la corrupción del Foro de Sao Pablo y el apoyo del PT a las dictaduras de Cuba y Venezuela.

El periodismo empezó a ser rescatado, los hechos pasaron a ser más importantes que las ideologías y el dominio de la izquierda empezó a derrumbarse. La sociedad brasilera dejó de creer en la narrativa del PT y sus intentos de victimización y, luego del arresto de Lula da Silva,  ya no tuvieron eco.

En este nuevo escenario surgió Bolsonaro, encarnando la defensa del antipetismo y el conservadurismo. Y todo esto gracias a Olavo, que formó una generación de personas intelectualmente preparadas para el debate público y hoy varios de los diputados federales más votados en la pasada contienda, han sido alumnos suyos.

Eduardo Bolsonaro (hijo del Presidente), mayor votación por un candidato a Diputado Federal en la historia de Brasil. Joice Hasselman, periodista, presentadora de televisión e influenciadora en redes sociales, obtuvo la segunda mayor votación para Diputado Federal a nivel nacional. Marcel Van Hattem, una de las mayores sorpresas electorales del pasado 7 de Octubre, sacó la mayor votación a Diputado Federal en el Estado de Río Grande do Sul. Onyx Lorenzoni, segunda mayor votación a Diputado Federal en Río Grande do Sul y Beatriz “Bia” Kicis, tercera mayor votación a Diputado Federal por DF (Brasilia).

Tuve el privilegio de compartir con Olavo tres intensas horas de aprendizaje hace ocho años, luego de salir de un conversatorio, en una pequeña cigarrería en Bogotá,  donde le permitieron fumar libremente sin restricciones. En esa ocasión, me explicó la unión perversa de dos mentalidades psicopáticas, el comunismo y Hezbollah,  gestado desde Venezuela; y cómo la narrativa de las víctimas era “atrapada” por la izquierda progresista mundial, generando situaciones que se convertían en imposibles de controvertir.

Conceptos como “inversión revolucionaria”, “rotulación inversa”, “la tiranía de las causas justas”, “el fascismo de los buenos” o el “buenismo”, ocuparon un lugar excepcional en la capacidad lógica de entender estructuras de pensamiento pervertido que invocan “la verdad” en contravía de la verdad misma.

Buena ventura para Brasil, para Jair Bolsonaro y para Olavo, que logró crear una revolución cultural apegado a la realidad y a la verdad y para ello no necesitó de un partido, no fue profesor en ninguna universidad y fue expulsado de todos los grandes medios de comunicación. Aún así, derrotó el poder del mal, representado en caudillos psicopáticos con sus miles de seguidores alienados e instrumentalizados.

La tiranía de las causas justas (II)

Bogotá, octubre 28 de 2018

Alfredo Briceño, campesino orgulloso de su quehacer rural, cuenta que su padre, don Ciro Briceño, ya fallecido, dedicó toda su vida a cultivar arroz y caña de azúcar, en el Distrito de Riego de El Zulia, en Norte de Santander.

Hacía más de 30 años el extinto Incora le había adjudicado una parcela, que logró pagar con el fruto de su intenso trabajo y que le había dado las utilidades para crecer. Toda la comunidad de la región lo conocía y daba testimonio de su honestidad y entrega al campo.

En 1987,  cuando Alfredo tenía 11 años,  la guerrilla invadió la tierra de su familia y los desplazó violentamente de su terruño. Son recuerdos trágicos porque ese ataque obligó a Don Ciro a acercarse al Incora para negociar su predio, aunque perdiera dinero, resignándose a recibir un valor inferior al verdadero.

El Incora entonces le otorgó bonos de la nación a 10 años, los que negoció también por un valor inferior -perdiendo más dinero aún-, a cambio de recibir la plata rápidamente.

Don Ciro, insistiendo en mantenerse como agricultor en la región, compró una finca en La Represa Pedregales e intentó empezar de cero otra vez con una nueva esperanza, pero la permanente situación de amenaza e inseguridad lo llevó a huir de nuevo. Así, en cada negocio, cada desplazamiento, cada abandono, su capital familiar se iba menguando.

Con el tesón de quien tiene agallas y determinación para sacar adelante a su familia,  decide en 2006 -con lo que le quedaba- comprar una parcela en la Vereda El Pajarito, lugar donde se establece con su familia y empieza a trabajar. De esta forma le compra al Señor Daniel Palencia la parcela número 20 denominada “Diana Milena”, por la suma de $72’000.000.

Un duro revés le llega con la ola invernal que azotó a Colombia en 2010 y en 2011, años en que sus cosechas se perdieron por completo. Don Ciro intentó acceder a los subsidios y ayudas que el gobierno otorgaba a causa del desastre agrícola en todo el país, pero no lo logró. Sin embargo, poco a poco consiguió sanear sus créditos y deudas.

El 26 de junio de 2013, sólo dos años después de la pérdida de todos sus cultivos a causa del invierno, la Unidad de Restitución de Tierras se presentó con la Policía Nacional en su parcela y ejecutó su desalojo, después de acusarlo de ser un paramilitar perteneciente a las Bacrim y que, según la sentencia del tribunal, habían desplazado a Daniel Palencia -el sujeto al que su padre le había comprado su parcela en 2006-.

Ese día empezó la tragedia que ha minado el prestigio, la honra y el patrimonio de Alfredo y de su familia, dejándolo  en la absoluta quiebra económica. El Estado, aplicando la ley 1448, sin previa investigación condenó a la miseria a la familia Briceño, revictimizándola.

“Toda la vida trabajando en el campo y ahora ver cómo cambió mi vida, mi familia, mis amigos, la situación económica se fue al piso y el Estado colombiano no me reconoce ni un peso de toda mi inversión y mi trabajo. Todos los días le pido a Dios que me dé mucha fortaleza para enfrentar esta situación”. Afirma Alfredo.

Daniel Palencia fue denunciado penalmente por falso testimonio y fraude procesal. Sin embargo la lentitud de la justicia, la estigmatización a los propietarios y la ruina al perder su único medio de producción, hacen de este caso uno más en el común denominador del despojo revestido de legalidad en el que se ha convertido la Ley de víctimas y restitución de tierras. Una ley que, a pesar de su fin restaurador, terminó haciendo daño.

La tiranía de las causas justas

Bogotá, octubre 21 de 2018

Hernando Manuel Canchila Ramos,  campesino de Mundo Nuevo, Córdoba, compró en 1991 -hace 27 años- una parcela de 12 hectáreas a Calixto Jaramillo, antiguo invasor beneficiario del Incora. Para ello, entregó $400.000 pesos, asumió la deuda de su antecesor con la Caja Agraria y el Incora avaló la negociación a través de autorización de su junta directiva.

En 1993 el señor Canchila se vió obligado a vender 7 de las 12 hectáreas, para poder saldar la deuda de su antecesor y durante 27 años vivió con su mujer y sus seis hijos -uno de ellos discapacitado- en su parcela, sembrando maíz, plátano, arroz y su esposa criando gallinas y cerdos para su diario vivir.

Este campesino humilde vio perturbada su tranquilidad un día en el año 2014, cuando encontró un papel pegado en un árbol de su predio con el que le notificaban que su parcela estaba siendo reclamada por despojo.

Para sorpresa suya, la antigua compañera del señor Calixto Jaramillo, Elizabeth Pacheco, había declarado ante la Unidad de Restitución de Tierras, que su esposo había sido desaparecido en el año 1997 por un grupo armado denominado “los mochacabezas”, en compañía del mismo Canchila.

Este campesino, con escasos grados de primaria, se vió obligado a desplegar labores de policía judicial y verificar la información de la señora Elizabeth Pacheco, actividad que nunca hizo la URT.

En efecto, el presunto desaparecido fue encontrado en un barrio de Sincelejo el 12 de mayo de 2015, en una hamaca de su casa, donde le narró a Canchila que una vez había vendido la parcela, se había ido a vivir a Sincelejo con una vecina.

Canchila le pidió que se tomaran una foto con el periódico de la fecha y le pidió una declaración extrajuicio en notaría, para aportarlos ante el juez de restitución de tierras, a través de defensor público.

De nada valió este esfuerzo por demostrar su inocencia y el derecho a su legítima propiedad. El Tribunal de restitución de tierras de Antioquia, declaró a la señora Pacheco como “cónyuge supérstite” y ordenó la restitución del predio, sin indemnización ni compensación.

Desde esa fecha a hoy, su vida ha sido un calvario, esperando cada noche que el dia siguiente amanezca con la  amenaza de la presencia del Estado, con un juez acompañado de multitud de policías, para efectuar su desalojo.

Gracias a la intervención de una organización humanitaria, Canchila logró, a través de tutela, ser reconocido como “segundo ocupante” por parte de la  Corte Constitucional, para no ser echado a la calle a vivir con su familia como indigente, sino tenido en cuenta para una propiedad en condiciones similares.

No es ética,  ni jurídicamente aceptable, que hoy en Colombia la transicionalidad de una Ley sea excusa para no hacer una reforma que evite que en su aplicación, se vulneren derechos fundamentales de terceros y se haga daño a sus ciudadanos; menos a comunidades que gozan de especial protección constitucional y que en su inmensa mayoría, son también víctimas del conflicto.

Es un objetivo irrenunciable de cualquier estado de derecho devolverle la tierra a los despojados por la violencia de los últimos 60 años. Pero no es óbice para generar nuevos despojos contra quienes nada tuvieron que ver con la violencia armada.

Todas las historias recogidas, región por región, tienen similares características: Compras realizadas por campesinos -en su mayoría víctimas- a parceleros beneficiarios del antiguo Incora; todas con un trasfondo dramático y con un común denominador que aterra por la manipulación que han ejercido sectores que no fundan sus actuaciones en la honestidad. Alrededor de 40 víctimas de esta ley, contaron ante la Comisión Primera del Senado la semana pasada, su drama personal. Todos superan lo imaginable, por la recurrente injusticia que los rodea.

La Corte Constitucional ha exigido adecuar la norma para superar los yerros. Es imperiosa la necesidad de hacerlo y esperamos que los congresistas comprendan que exigir garantías para todos, los transicionales y los ordinarios, no significa desconocer víctimas reclamantes en su derecho a recuperar lo arrebatado.

Los derechos humanos no son modulables y la realidad rural es distinta a la que pretendían encontrar quienes diseñaron la norma.  Nos esperan señalamientos,  tergiversaciones y las etiquetas de siempre. Es el precio de enfrentar la tiranía de las causas justas.

(La tiranía de las causas justas – Olavo de Carvalho)

Lorent Saleh: un homenaje a la libertad.

Bogotá, octubre 15 de 2018

Hace casi cinco años, se presentó en mi oficina un joven muy delgadito, trigueño y de inmensos ojos negros, tímido hasta que entraba en confianza y daba entonces rienda suelta a su espontaneidad, arrojo y valentía.

Lorent Saleh había llegado en compañía de un activista del Centro Democrático, que en ese momento estaba en proceso de conformación. En ese primer encuentro pude percatarme de cómo éste joven buscaba, con todas sus fuerzas, los espacios que le hicieran eco a su causa: liberar a Venezuela, a través de su movimiento “Operación Libertad”.

Lorent venía de protagonizar movilizaciones, protestas y una huelga de hambre contra el régimen chavista, que lo había dejado prácticamente en los huesos. Víctima de amenazas, nos narraba en ese entonces cómo una vez se lo habían llevado en una tanqueta del Ejército y lo habían sometido a torturas, propinándole golpes severos en su cara y en su cuerpo.

Perseverante, inteligente, sacrificado y lleno de sueños, Lorent tenía objetivos claros y un amor infinito por su país. En su afán de ser escuchado, suplicaba que lo lleváramos a reuniones con jóvenes, pues él sentía la obligación de contarles su propia experiencia: él mismo pertenecía a una generación que no había elegido su futuro y era heredera del gravísimo error de sus antecesores que habían comprado el dulce envenenado del populismo.

Por eso Lorent fue un asiduo acompañante durante la campaña de 2014 y su mayor frustración era percibir la ignorancia de la juventud colombiana, frente al imaginario socialista. Él, un joven nacido en el régimen, había perdido, junto a todos los jóvenes de su generación y las posteriores, cualquier posibilidad de soñar con un futuro mejor por la economía que ya empezaba a reflejar los efectos de la planificación y el control centralizados y la persecución y confiscación de todos los medios de producción. ¡Exprópiese! era el lema de moda,  que arrancaba aplausos en un pueblo hipnotizado pensando que lo arrebatado a otros iba a ser mágicamente redistribuido.

Lorent confiaba, como cualquiera lo habría hecho,  en que desde Colombia podría construir una retaguardia de resistencia y enfrentar la perversidad del socialismo del siglo XXI. Jamás pensó que podría ser expulsado y entregado, como ave de presa, a las fauces de sus depredadores. Entre sus miedos, si alguna vez los tuvo, este no era probable. Pero sucedió.

Hacia el mes de Mayo de 2014, los organismos de Inteligencia de Colombia iniciaron seguimientos bajo las órdenes de Santos, como si fuera un criminal de la peor laya. Una vez detenido, fue enviado en vuelo charter directo desde Bogotá hacia Cúcuta, sin acceso siquiera a un defensor que tuviera la posibilidad de solicitar asilo.

Recuerdo aún el video que grabara un amigo suyo desde el puente internacional Simón Bolívar, cuando el Goes de Colombia lo entregó a la criminal Sebin de Venezuela, a sabiendas que le esperaba un encarcelamiento injusto, torturas y probablemente, la muerte.

Hoy Lorent está libre, luego de cuatro años de ver la luz una hora a la semana. No sabemos qué presiones adicionales a las lágrimas de súplica de su madre se hicieron.

Desterrado de su patria hacia España, este muchacho es el ícono de una generación que nació y creció en dictadura y que, a diferencia de la juventud colombiana, sueña con la libertad. Mientras, acá, en el país del Sagrado Corazón, se juega a cavar la fosa para enterrar la nuestra.