La “protesta” social

Bogotá, noviembre 12 de 2018

Los disturbios protagonizados durante las recientes movilizaciones  estudiantiles, con el pretexto de reclamar recursos adicionales para las  universidades públicas, dejaron varios interrogantes y conclusiones.

En primer lugar, exige por parte de la ciudadanía un conocimiento claro de lo que nos cuesta a todos los colombianos, entendiendo que todos tributamos directa o indirectamente, cada uno de los estudiantes de todas las universidades públicas.

Se dice que un estudiante de la Universidad Distrital cuesta en promedio 14 millones por semestre, mientras que uno de la Nacional está alrededor de los 18 millones o más, cifra superior al costo de matrícula de la universidad privada más cara del país.

Hace días el alcalde de Bucaramanga manifestó que resultaba incomprensible que la Universidad Industrial de Santander – UIS, con una asignación presupuestal de 25 millones de pesos por estudiante por semestre y con una relación de apenas 6 estudiantes por funcionario, entre docentes, empleados y contratistas, tuviera una carga burocrática tan enorme e ineficiente frente a la de cualquier universidad privada; y señalaba que el costo de una matrícula podía generar eficiencia con menos de la mitad de esa cifra, con docentes de calidad e importantes inversiones en infraestructura.

También es cierto que muchos  rectores presionaron el aumento de recursos porque su intención era hacerse reelegir. Para ello, necesitaban hacer pulso por mayor presupuesto, para poder negociar con el consejo directivo y con los mismos profesores que buscan escalafonarse.

Todo un sistema enmermelado, parecido a las transacciones entre burocracia y presupuesto que se cuecen en otros espacios del Estado.

Sin embargo, estos rectores, ávidos de ser reelegidos, le dieron la excusa perfecta a los estudiantes, algunos válidamente preocupados, y a los agitadores profesionales que forman parte del círculo incendiario de los líderes anarquistas de la izquierda, para poner contra la pared al naciente gobierno y servir de plataforma electoral para las regionales en 2019 y las presidenciales en 2022.

Sabotear el gobierno de Iván Duque les ha quedado fácil, pues ésta administración cometió un grave error de comunicación al no contarle al país el lamentable estado de las finanzas públicas que recibió del gobierno anterior; además, de no haber auditado el balance general de las universidades públicas, para que la cifras nos muestren cuál es la verdad.

Si los estudiantes consideran que tienen derecho a protestar, más aún lo tienen los enfermos que están expuestos a morir por el pésimo servicio de salud,  los ancianos que nunca pudieron cotizar a pensión y hoy a duras penas sobreviven con 120 mil pesos cada dos meses o los despojados por el Upac, que después de 20 años siguen esperando que el Estado colombiano les devuelva su vivienda, arrebatada por cuenta de los intereses hipotecarios excesivos.

Los estudiantes que hoy protestan son unos privilegiados en un país que no genera soluciones a la demanda de las clases populares por educación.

Deberíamos ser más audaces y brindar a los jóvenes sin recursos, el acceso a universidades privadas de costo promedio hasta de máximo de seis millones de pesos semestre, sin desarraigarlos de su región como lo hace erróneamente el programa Ser Pilo Paga y lograríamos, en menor tiempo y con menor inversión, la transformación educativa en dos generaciones.

Para terminar, preocupa que toda esta conjunción de sucesos desafortunados representan el combustible para la izquierda anárquica, que moviliza muchedumbres con afán de destruir y vulnerar derechos de otros invocando la jerarquía de los propios. Y todo esto con el propósito de allanar caminos para sus ambiciones a mediano plazo.

Olavo tenía razón

Bogotá, noviembre 5 de 2018

 

El triunfo de Jair Bolsonaro no hubiera sido posible sin la ola cultural gestada por el filósofo brasilero Olavo de Carvalho. Su nutrida votación no puede interpretarse sólo como un fenómeno antiestablishment, pues también había otros candidatos en contra del PT, sino como el resultado del retorno de los valores conservadores frente al cansancio de la hegemonía depredadora de la izquierda.

La percepción del elector ubicó a Bolsonaro como un ícono de la seguridad pública y de otros valores conservadores, pero la variable más importante y definitiva, se llama Olavo de Carvalho.

Desde hacía tiempo el filósofo había decidido abandonar su patria natal, entre la desilusión y el temor frente al régimen socialista. Prácticamente exiliado en los Estados Unidos, ejecutó una labor durante casi tres décadas, que hizo la conjunción para el triunfo.

A principio de los 90 Olavo lanzó el libro “El Imbécil Colectivo”, que fue un éxito en medio del monopolio que la izquierda tenía sobre escuelas, medios de comunicación y universidades en el Brasil. A pesar de las prohibiciones, Olavo escribía artículos, lanzaba cursos en internet, publicaba videos on line y poco a poco, con una argumentación lógica indestructible, empezó el proceso de rescate de la alta cultura en Brasil, para combatir el dominio psicológico y cultural de la izquierda sobre las masas.

En 2013 publicó una selección de sus artículos que masificó su pensamiento: “Lo Mínimo que Usted Necesita Saber Para no Ser un Idiota” -uno de los cuatro libros que tenía en la mesa Bolsonaro el día de su primera alocución como  presidente electo- que logró ventas por más de 300.000 copias; al mismo tiempo que 12.000 alumnos pasaban por sus cursos on line.

Todo este ejercicio desencadenó una reacción masiva de la sociedad brasilera en contra del Foro de Sao Pablo y en 2015, gigantescas manifestaciones de jóvenes contra Dilma ventilaban pancartas que decían repetidamente:  “Olavo tenía razón”.

De esta forma, con su presencia en el escenario ideológico, la izquierda por fin tuvo que enfrentarse a debates de verdad: ideologías de izquierda como la de género y el feminismo, fueron denunciadas como un proyecto de toma del poder y no como una defensa de minorías, igual que la corrupción del Foro de Sao Pablo y el apoyo del PT a las dictaduras de Cuba y Venezuela.

El periodismo empezó a ser rescatado, los hechos pasaron a ser más importantes que las ideologías y el dominio de la izquierda empezó a derrumbarse. La sociedad brasilera dejó de creer en la narrativa del PT y sus intentos de victimización y, luego del arresto de Lula da Silva,  ya no tuvieron eco.

En este nuevo escenario surgió Bolsonaro, encarnando la defensa del antipetismo y el conservadurismo. Y todo esto gracias a Olavo, que formó una generación de personas intelectualmente preparadas para el debate público y hoy varios de los diputados federales más votados en la pasada contienda, han sido alumnos suyos.

Eduardo Bolsonaro (hijo del Presidente), mayor votación por un candidato a Diputado Federal en la historia de Brasil. Joice Hasselman, periodista, presentadora de televisión e influenciadora en redes sociales, obtuvo la segunda mayor votación para Diputado Federal a nivel nacional. Marcel Van Hattem, una de las mayores sorpresas electorales del pasado 7 de Octubre, sacó la mayor votación a Diputado Federal en el Estado de Río Grande do Sul. Onyx Lorenzoni, segunda mayor votación a Diputado Federal en Río Grande do Sul y Beatriz “Bia” Kicis, tercera mayor votación a Diputado Federal por DF (Brasilia).

Tuve el privilegio de compartir con Olavo tres intensas horas de aprendizaje hace ocho años, luego de salir de un conversatorio, en una pequeña cigarrería en Bogotá,  donde le permitieron fumar libremente sin restricciones. En esa ocasión, me explicó la unión perversa de dos mentalidades psicopáticas, el comunismo y Hezbollah,  gestado desde Venezuela; y cómo la narrativa de las víctimas era “atrapada” por la izquierda progresista mundial, generando situaciones que se convertían en imposibles de controvertir.

Conceptos como “inversión revolucionaria”, “rotulación inversa”, “la tiranía de las causas justas”, “el fascismo de los buenos” o el “buenismo”, ocuparon un lugar excepcional en la capacidad lógica de entender estructuras de pensamiento pervertido que invocan “la verdad” en contravía de la verdad misma.

Buena ventura para Brasil, para Jair Bolsonaro y para Olavo, que logró crear una revolución cultural apegado a la realidad y a la verdad y para ello no necesitó de un partido, no fue profesor en ninguna universidad y fue expulsado de todos los grandes medios de comunicación. Aún así, derrotó el poder del mal, representado en caudillos psicopáticos con sus miles de seguidores alienados e instrumentalizados.

La tiranía de las causas justas (II)

Bogotá, octubre 28 de 2018

Alfredo Briceño, campesino orgulloso de su quehacer rural, cuenta que su padre, don Ciro Briceño, ya fallecido, dedicó toda su vida a cultivar arroz y caña de azúcar, en el Distrito de Riego de El Zulia, en Norte de Santander.

Hacía más de 30 años el extinto Incora le había adjudicado una parcela, que logró pagar con el fruto de su intenso trabajo y que le había dado las utilidades para crecer. Toda la comunidad de la región lo conocía y daba testimonio de su honestidad y entrega al campo.

En 1987,  cuando Alfredo tenía 11 años,  la guerrilla invadió la tierra de su familia y los desplazó violentamente de su terruño. Son recuerdos trágicos porque ese ataque obligó a Don Ciro a acercarse al Incora para negociar su predio, aunque perdiera dinero, resignándose a recibir un valor inferior al verdadero.

El Incora entonces le otorgó bonos de la nación a 10 años, los que negoció también por un valor inferior -perdiendo más dinero aún-, a cambio de recibir la plata rápidamente.

Don Ciro, insistiendo en mantenerse como agricultor en la región, compró una finca en La Represa Pedregales e intentó empezar de cero otra vez con una nueva esperanza, pero la permanente situación de amenaza e inseguridad lo llevó a huir de nuevo. Así, en cada negocio, cada desplazamiento, cada abandono, su capital familiar se iba menguando.

Con el tesón de quien tiene agallas y determinación para sacar adelante a su familia,  decide en 2006 -con lo que le quedaba- comprar una parcela en la Vereda El Pajarito, lugar donde se establece con su familia y empieza a trabajar. De esta forma le compra al Señor Daniel Palencia la parcela número 20 denominada “Diana Milena”, por la suma de $72’000.000.

Un duro revés le llega con la ola invernal que azotó a Colombia en 2010 y en 2011, años en que sus cosechas se perdieron por completo. Don Ciro intentó acceder a los subsidios y ayudas que el gobierno otorgaba a causa del desastre agrícola en todo el país, pero no lo logró. Sin embargo, poco a poco consiguió sanear sus créditos y deudas.

El 26 de junio de 2013, sólo dos años después de la pérdida de todos sus cultivos a causa del invierno, la Unidad de Restitución de Tierras se presentó con la Policía Nacional en su parcela y ejecutó su desalojo, después de acusarlo de ser un paramilitar perteneciente a las Bacrim y que, según la sentencia del tribunal, habían desplazado a Daniel Palencia -el sujeto al que su padre le había comprado su parcela en 2006-.

Ese día empezó la tragedia que ha minado el prestigio, la honra y el patrimonio de Alfredo y de su familia, dejándolo  en la absoluta quiebra económica. El Estado, aplicando la ley 1448, sin previa investigación condenó a la miseria a la familia Briceño, revictimizándola.

“Toda la vida trabajando en el campo y ahora ver cómo cambió mi vida, mi familia, mis amigos, la situación económica se fue al piso y el Estado colombiano no me reconoce ni un peso de toda mi inversión y mi trabajo. Todos los días le pido a Dios que me dé mucha fortaleza para enfrentar esta situación”. Afirma Alfredo.

Daniel Palencia fue denunciado penalmente por falso testimonio y fraude procesal. Sin embargo la lentitud de la justicia, la estigmatización a los propietarios y la ruina al perder su único medio de producción, hacen de este caso uno más en el común denominador del despojo revestido de legalidad en el que se ha convertido la Ley de víctimas y restitución de tierras. Una ley que, a pesar de su fin restaurador, terminó haciendo daño.

La tiranía de las causas justas

Bogotá, octubre 21 de 2018

Hernando Manuel Canchila Ramos,  campesino de Mundo Nuevo, Córdoba, compró en 1991 -hace 27 años- una parcela de 12 hectáreas a Calixto Jaramillo, antiguo invasor beneficiario del Incora. Para ello, entregó $400.000 pesos, asumió la deuda de su antecesor con la Caja Agraria y el Incora avaló la negociación a través de autorización de su junta directiva.

En 1993 el señor Canchila se vió obligado a vender 7 de las 12 hectáreas, para poder saldar la deuda de su antecesor y durante 27 años vivió con su mujer y sus seis hijos -uno de ellos discapacitado- en su parcela, sembrando maíz, plátano, arroz y su esposa criando gallinas y cerdos para su diario vivir.

Este campesino humilde vio perturbada su tranquilidad un día en el año 2014, cuando encontró un papel pegado en un árbol de su predio con el que le notificaban que su parcela estaba siendo reclamada por despojo.

Para sorpresa suya, la antigua compañera del señor Calixto Jaramillo, Elizabeth Pacheco, había declarado ante la Unidad de Restitución de Tierras, que su esposo había sido desaparecido en el año 1997 por un grupo armado denominado “los mochacabezas”, en compañía del mismo Canchila.

Este campesino, con escasos grados de primaria, se vió obligado a desplegar labores de policía judicial y verificar la información de la señora Elizabeth Pacheco, actividad que nunca hizo la URT.

En efecto, el presunto desaparecido fue encontrado en un barrio de Sincelejo el 12 de mayo de 2015, en una hamaca de su casa, donde le narró a Canchila que una vez había vendido la parcela, se había ido a vivir a Sincelejo con una vecina.

Canchila le pidió que se tomaran una foto con el periódico de la fecha y le pidió una declaración extrajuicio en notaría, para aportarlos ante el juez de restitución de tierras, a través de defensor público.

De nada valió este esfuerzo por demostrar su inocencia y el derecho a su legítima propiedad. El Tribunal de restitución de tierras de Antioquia, declaró a la señora Pacheco como “cónyuge supérstite” y ordenó la restitución del predio, sin indemnización ni compensación.

Desde esa fecha a hoy, su vida ha sido un calvario, esperando cada noche que el dia siguiente amanezca con la  amenaza de la presencia del Estado, con un juez acompañado de multitud de policías, para efectuar su desalojo.

Gracias a la intervención de una organización humanitaria, Canchila logró, a través de tutela, ser reconocido como “segundo ocupante” por parte de la  Corte Constitucional, para no ser echado a la calle a vivir con su familia como indigente, sino tenido en cuenta para una propiedad en condiciones similares.

No es ética,  ni jurídicamente aceptable, que hoy en Colombia la transicionalidad de una Ley sea excusa para no hacer una reforma que evite que en su aplicación, se vulneren derechos fundamentales de terceros y se haga daño a sus ciudadanos; menos a comunidades que gozan de especial protección constitucional y que en su inmensa mayoría, son también víctimas del conflicto.

Es un objetivo irrenunciable de cualquier estado de derecho devolverle la tierra a los despojados por la violencia de los últimos 60 años. Pero no es óbice para generar nuevos despojos contra quienes nada tuvieron que ver con la violencia armada.

Todas las historias recogidas, región por región, tienen similares características: Compras realizadas por campesinos -en su mayoría víctimas- a parceleros beneficiarios del antiguo Incora; todas con un trasfondo dramático y con un común denominador que aterra por la manipulación que han ejercido sectores que no fundan sus actuaciones en la honestidad. Alrededor de 40 víctimas de esta ley, contaron ante la Comisión Primera del Senado la semana pasada, su drama personal. Todos superan lo imaginable, por la recurrente injusticia que los rodea.

La Corte Constitucional ha exigido adecuar la norma para superar los yerros. Es imperiosa la necesidad de hacerlo y esperamos que los congresistas comprendan que exigir garantías para todos, los transicionales y los ordinarios, no significa desconocer víctimas reclamantes en su derecho a recuperar lo arrebatado.

Los derechos humanos no son modulables y la realidad rural es distinta a la que pretendían encontrar quienes diseñaron la norma.  Nos esperan señalamientos,  tergiversaciones y las etiquetas de siempre. Es el precio de enfrentar la tiranía de las causas justas.

(La tiranía de las causas justas – Olavo de Carvalho)

Lorent Saleh: un homenaje a la libertad.

Bogotá, octubre 15 de 2018

Hace casi cinco años, se presentó en mi oficina un joven muy delgadito, trigueño y de inmensos ojos negros, tímido hasta que entraba en confianza y daba entonces rienda suelta a su espontaneidad, arrojo y valentía.

Lorent Saleh había llegado en compañía de un activista del Centro Democrático, que en ese momento estaba en proceso de conformación. En ese primer encuentro pude percatarme de cómo éste joven buscaba, con todas sus fuerzas, los espacios que le hicieran eco a su causa: liberar a Venezuela, a través de su movimiento “Operación Libertad”.

Lorent venía de protagonizar movilizaciones, protestas y una huelga de hambre contra el régimen chavista, que lo había dejado prácticamente en los huesos. Víctima de amenazas, nos narraba en ese entonces cómo una vez se lo habían llevado en una tanqueta del Ejército y lo habían sometido a torturas, propinándole golpes severos en su cara y en su cuerpo.

Perseverante, inteligente, sacrificado y lleno de sueños, Lorent tenía objetivos claros y un amor infinito por su país. En su afán de ser escuchado, suplicaba que lo lleváramos a reuniones con jóvenes, pues él sentía la obligación de contarles su propia experiencia: él mismo pertenecía a una generación que no había elegido su futuro y era heredera del gravísimo error de sus antecesores que habían comprado el dulce envenenado del populismo.

Por eso Lorent fue un asiduo acompañante durante la campaña de 2014 y su mayor frustración era percibir la ignorancia de la juventud colombiana, frente al imaginario socialista. Él, un joven nacido en el régimen, había perdido, junto a todos los jóvenes de su generación y las posteriores, cualquier posibilidad de soñar con un futuro mejor por la economía que ya empezaba a reflejar los efectos de la planificación y el control centralizados y la persecución y confiscación de todos los medios de producción. ¡Exprópiese! era el lema de moda,  que arrancaba aplausos en un pueblo hipnotizado pensando que lo arrebatado a otros iba a ser mágicamente redistribuido.

Lorent confiaba, como cualquiera lo habría hecho,  en que desde Colombia podría construir una retaguardia de resistencia y enfrentar la perversidad del socialismo del siglo XXI. Jamás pensó que podría ser expulsado y entregado, como ave de presa, a las fauces de sus depredadores. Entre sus miedos, si alguna vez los tuvo, este no era probable. Pero sucedió.

Hacia el mes de Mayo de 2014, los organismos de Inteligencia de Colombia iniciaron seguimientos bajo las órdenes de Santos, como si fuera un criminal de la peor laya. Una vez detenido, fue enviado en vuelo charter directo desde Bogotá hacia Cúcuta, sin acceso siquiera a un defensor que tuviera la posibilidad de solicitar asilo.

Recuerdo aún el video que grabara un amigo suyo desde el puente internacional Simón Bolívar, cuando el Goes de Colombia lo entregó a la criminal Sebin de Venezuela, a sabiendas que le esperaba un encarcelamiento injusto, torturas y probablemente, la muerte.

Hoy Lorent está libre, luego de cuatro años de ver la luz una hora a la semana. No sabemos qué presiones adicionales a las lágrimas de súplica de su madre se hicieron.

Desterrado de su patria hacia España, este muchacho es el ícono de una generación que nació y creció en dictadura y que, a diferencia de la juventud colombiana, sueña con la libertad. Mientras, acá, en el país del Sagrado Corazón, se juega a cavar la fosa para enterrar la nuestra.

 

 

A veces llegan cartas…

Bogotá, octubre 7 de 2018

 

La semana pasada llegó una carta a la Comisión de Paz del  Senado de la República. Y no cualquier carta. Esta misiva venía aparentemente suscrita por alias El paisa y alias Iván Márquez.

No creo realmente que sea redactada por ellos. Seguramente cualquiera de sus aliados profesores universitarios la escribió, cumpliendo órdenes de quienes aún continúan con la jerarquía de mando de una organización qué pasó a ser como la Hidra de Lerna.

Alegan, como inconformes  ciudadanos, el incumplimiento por parte del gobierno con expresiones como “perfidia, trampa y conejo”. En términos coloquiales, todos los colombianos les salimos a deber.

Pero siempre ha sido y será así. Desde los inicios del proceso de negociación, quienes hemos seguido la historia de los grupos de impronta comunista, sabíamos que jamás iban a estar satisfechos. Y es obvio: Su esencia es la guerra; su ilusión la sociedad colectivista y su inspiración el conflicto a través de la lucha de clases, con el odio como carburante. Y a todo esto lo llaman “anhelo de paz”.

En la misiva, señalan que la JEP de hoy es distinta a la acordada en la Habana y aducen que es por culpa del Fiscal General y de los “enemigos de la concordia”. Claro, todos los tribunales diseñados por dictaduras totalitarias no operan bajo preceptos de imparcialidad como principio, sino ideológicos, desfigurando la esencia de la justicia.

Pero desde su nacimiento, este remedo de tribunal demostró  las falencias que advertimos desde que participamos en la campaña del NO en el plebiscito.

No puede haber tribunales a la medida de las Farc, que midan con el mismo rasero a los miembros de la fuerza pública que cumplieron con un deber constitucional.  Escogieron como quisieron a sus miembros, se enfrascaron en disputas presupuestales indignantes como piratas al botín y se convirtieron en una cueva burocrática derrochona sin ningún viso de estatura jurídica y moral para asumir el reto de ser un tribunal para la paz.

Aún se desconoce el paradero de los viajeros que suscriben la carta; la JEP no los ha requerido siquiera y es vox populi que no regresarán, porque temen correr la misma suerte de Santrich. Y no volverán, creo yo.

Se especula que están en Caquetá, en el Vichada, en Venezuela, en Cuba. Yo diría que de pronto en Noruega, por la complicidad propia de los escandinavos que juegan a enseñar paz mientras reparten nóbeles según su interés.

Al fin y al cabo, las Farc se quedaron sin su mito revolucionario que con tanto esfuerzo dibujaron con Tirofijo y Bandidos Inc.; ya son lo que siempre fueron: Narcotraficantes con disfraz revolucionario. Pero impunes y con curules, jugando a una doble vida mientras afincan sus ejércitos territoriales, de la mano de los inmensos cultivos de coca que les dejo la paz de Santos.

Por ahora, se requiere discernimiento y firmeza para enfrentar estos retos, que son un desafío para la supervivencia misma de las instituciones. Pues como dice el refrán popular, lo que mal empieza, mal acaba.

El juez Kavanaugh y la fabricación de culpables

El día viernes 28 de septiembre, se paralizó la audiencia norteamericana ante un nuevo episodio de “puritanismo progresista”: Tres mujeres saltaron al ruedo acusando al juez y candidato conservador Brett Kavanaugh, nominado por el Presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia.

El objetivo principal, eliminar su opción de nominación a este máximo tribunal,  ya que inclinaría la balanza en favor de los conservadores, garantizando una sólida mayoría.

El método, una vieja estrategia macabra de destrucción de la moral y la voluntad de lucha, mediante acusaciones de acoso sexual imposibles de probar, pero también de controvertir; justo ahora, 36 años después de ocurridos los presuntos hechos.

Kavanaugh es un republicano  seguidor de la filosofía “originalista” de interpretación de la Constitución (que algunos denominan “construccionismo estricto”), que corresponde a la misma línea de pensamiento del ya fallecido célebre juez Antonin Scalia, famoso por sus extraordinarios salvamentos de voto, recogidos en varias obras.

Enlodar la imagen pública de quien garantizará por las próximas décadas una línea de pensamiento conservador,  es, por consiguiente, un propósito de la izquierda estadounidense.

Una vez nominado Kavanaugh, como por arte de magia apareció Christine Blasey Ford, una mujer que aseguró haber sido “acosada sexualmente” por el juez cuando ella tenía 14 años y él, 17.  ¿Por qué no lo denunció antes? ¿Por qué mientras rendía declaración ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, leía en un papel?  ¿Acaso uno olvida un episodio de esta magnitud?

Estos shows prefabricados con boom mediático asegurado, se suman al ingrediente de los grupos progresistas que marchan con frenesí exigiendo la cabeza de sus víctimas, sin importar la veracidad de la información ni las garantías que el derecho impone a un debido proceso. Y es, además, parte de la agenda mundial que cumplen estos grupos  que tildan de radical y fascista- lo que ellos mismos son- a sus opositores y a todo cuanto represente los valores republicanos de una sociedad. Esa es la agenda del maléfico George Soros.

Exactamente esta misma historia de Kavanaugh le sucedió al juez conservador Clarence Thomas en 1991, nominado por George Bush como candidato a la Corte Suprema de Justicia. Dicha nominación  “refrescó” la memoria de Anita Hill, una mujer que lo acusó de acoso sexual en episodios ocurridos, según ella, 10 años atrás.

Finalmente y a pesar del escándalo suscitado, la mujer no logró frenar la confirmación de Thomas como miembro del máximo tribunal. El juez aún ejerce funciones en la Corte y acompañó en sentencias y salvamentos de voto al fallecido juez Scalia.

Todos estos eventos conservan un mismo patrón, con sospechosa recurrencia, en los países donde el marxismo cultural anida sus huevos y donde la izquierda promovida a través de ingentes recursos económicos motiva, mediante la mentira y el odio, el desorden mundial. Y cualquiera está expuesto a caer bajo esta aplanadora de fabricación de  culpables.

Los votos de “la Cabal”

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Bogotá, septiembre 23 de 2018

Desde hace tiempo hace carrera en Colombia el linchamiento mediático, las conclusiones amañadas con base en suposiciones sin sustento legal, el matoneo encarnizado y la sevicia del señalamiento; que no son otra cosa que una eficaz arma de guerra para destruir la voluntad de lucha.

Esta estrategia se aplica, metódicamente, a quienes como yo, jamás hemos obrado ilícitamente.
La acusación mediática, que no judicial, que hoy se esgrime contra mí, es un instrumento para afectar mi reputación a sabiendas que hago política en defensa de causas y no de intereses politiqueros, que es lo único que tengo para lograr que la opinión me identifique como vocera de sus convicciones. El escandaloso señalamiento es tan inverosímil como audaz: hacer creer que soy cómplice de un soborno a profesoras en una celebración que no organicé, en la que no participé, con personas que no identifico, para obtener votos, es una estupidez sólo creíble en un medio plagado de noticias falsas y maledicencia.

Mi firmeza parte de convicciones férreas del deber ser de un país. Sin embargo, el costo político de manifestar sin ropajes las verdades en Colombia, trae este tipo de consecuencias: verme sometida al acoso del juzgamiento sin pruebas, como mecanismo para el agobio emocional.

La perversidad de ocasionar daño moral, conduciendo a la agresividad de la opinión, es una estrategia con la que he lidiado por más de cuatro años; porque en Colombia hay temas vedados. Si se cruza la frontera de aquello que los medios y la izquierda empoderada consideran “políticamente incorrecto”, hay que enfrentar la avalancha apabullante de los titulares de prensa, que condenan sin investigar.

Muchas de mis declaraciones en el Congreso disgustan porque no representan otra cosa que la verdad dicha sin arandelas ni disfraces.

El fango y la miseria humana que he tenido que enfrentar por decir la verdad cruda y desnuda, hoy me pasa una nueva cuenta de cobro. Siento la inmensa frustración de considerar que quien pretende permanecer políticamente en Colombia, tiene que ser naturalmente tramposo.

Mi campaña fue una emocionante aventura con la que logré un triunfo de 38.000 votos de opinión, por los que hoy estoy en el Senado. Opinión pura y dura; construída con mi trabajo en todo el país.

Como siempre, una vez más, haré frente con valor civil y conciencia moral a este nuevo embate de quienes, por debajo de la mesa, pretenden aislar y satanizar las pocas voces que se atreven a decir la verdad. ¡Firmes y sin miedo!

¿Más curules para las Farc?

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Bogotá, septiembre 16 de 2018

La obsesión de las Farc, en asocio con sus franquiciados,  disidentes y aliados clandestinos (PC3), es poder lograr cada día el mayor control territorial posible en las zonas de predominio cocalero.

No podemos olvidar la cita de Iván Márquez, según la cual, “la tierra está indisolublemente ligada al territorio”. Tampoco podemos desdeñar la instrumentalización de la población, que termina siendo afectada por la inexistencia del “principio de distinción”, establecido en el DIH.

Tanto a nivel oficial -ahora, como partido político-, como en el más bajo mundo del hampa organizada, los terroristas buscan el control del territorio. Desde la primera posición, buscando leyes que coadyuven con sus intereses y desde la segunda, disputándoselo  con otras bandas criminales y usando a los pobladores como escudos humanos, para evitar la erradicación de los cultivos de coca. El resultado: la trágica violencia que genera el narcotráfico.

La herencia que dejó al país el proceso de paz, fué claramente un pacto desequilibrado, amañado e inclinado totalmente a favorecer el gran negocio del tráfico de drogas.

El gobierno anterior aseguró ante la ONU que las Farc “colaborarían” para eliminarlo, mientras  estimulaba a sus enmermelados congresistas para conseguir la aprobación de 16 circunscripciones electorales “de paz”, justamente en las zonas en donde se cultiva coca y predomina la minería ilegal.

Este proyecto se hundió en el Congreso por falta de quórum y nuevamente, el gobierno Santos lo radicó antes de terminar su mandato, bajo el mismo argumento de “dar representación a las  víctimas”.

Yo me pregunto: ¿Por qué pretenden que las víctimas hagan campaña en lugares bajo control del hampa que hoy se disputa los corredores criminales en esas regiones?

El show de la paz, ahora en implementación, está enfocado en hacer simetría con las fuerzas armadas legítimas y dominar zonas estratégicas para el favorecimiento de sus negocios.

Las 16 circunscripciones especiales que insisten en reclamar, representan el 36% del territorio nacional, pero apenas el 6.7% del censo electoral. ¿Para qué las quieren entonces?

Si el proceso de paz hubiera cumplido con la promesa de poner a las víctimas en el centro del acuerdo, éstas tendrían ya curules asignadas directamente y sin pasar por el riesgo de una campaña en medio del fuego cruzado de cualquier grupo armado ilegal. Y las niñas -hoy adultas-, abusadas, torturadas y esclavizadas por las Farc, tendrían su voz para contarle al mundo el drama que vivieron y su permanente lucha por justicia.

Las víctimas están en todo el país, a lo largo y ancho del territorio nacional y no propiamente asentadas en las zonas establecidas por las circunscripciones en el acuerdo de paz.  Por eso, lo prioritario hoy en Colombia es reconocer a las personas que han sido víctimas, por encima del territorio. No al revés.

La visita de Trump

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Bogotá, septiembre 9 de 2018

En medio de la anarquía institucional en Colombia, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vendrá en visita oficial para discutir temas de vital importancia bilateral como la seguridad, la lucha antidrogas y la crisis en Venezuela.

Mientras en casa las instituciones han sido elásticas con la delincuencia, Estados Unidos exigirá resultados: Los millonarios desembolsos para lucha antidrogas en Colombia, no pueden ser desestimados.

El proceso de paz ha arrojado las peores cifras en crecimiento de cultivos de coca y el gobierno Trump ha pedido la extradición de alias Jesús Santrich, uno de los grandes capos del narcotráfico.

Pareciera entonces que los caminos que han escogido recorrer las Cortes en Colombia y el nuevo ente de justicia JEP, van en contravía de las sanas relaciones bilaterales con Estados Unidos, nuestro socio más importante;  pues el engranaje normal de las relaciones comerciales, diplomáticas y de cooperación contra los delitos transnacionales, se ha visto vulnerado por todas las trapisondas del proceso de paz.

El Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, anunció este viernes que abrió indagación preliminar contra funcionarios de la JEP por presuntos encubrimientos en la salida de nueve delincuentes de las FARC de las zonas de normalización. Asimismo declaró que la Fiscalía tiene evidencias de funcionarios que estarían planeando fraudes procesales para que la JEP no actúe como debe, cumpliendo con la Constitución y la ley, lo que llevaría al incumplimiento por parte de las FARC con el acuerdo, con las obvias consecuencias que ellos aceptaron al firmarlo.

No es de poca monta el nivel de los compromisos de Colombia frente a su aliado más poderoso. Por eso, preocupa mucho el resultado de la demanda de inconstitucionalidad que cursa en la Corte Constitucional, con la que se pretende tumbar el artículo que prohibe a la JEP “practicar pruebas para determinar la fecha de ocurrencia de hechos delictivos”, competencia que hoy está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia.

Pretender buscar la declaración de inconstitucionalidad del Artículo 502 de la Ley 906 de 2004, podría acabar con la extradición en Colombia y, en consecuencia, incumplir con el  tratado internacional relacionado con el lavado de activos.

El caso Santrich ha conducido a un entramado debate constitucional en materia de extradición, tratando de adjudicar a la JEP competencias que no le corresponden y queriendo incorporar a su reglamentación artículos leguleyos para favorecer al capo.

¿Qué seriedad, ante nuestro más importante aliado estratégico, puede reflejar que este proceso de paz otorgó privilegios sorprendentes a los terroristas y ahora los beneficiados continúen delinquiendo, con la pretensión de seguir siendo cobijados con la impunidad?