Alianza macabra

Bogotá, enero 20 de 2019

La laxitud del acuerdo de paz de Juan Manuel Santos nos pasó factura. Además de premiar terroristas, dejó el camino libre para que Colombia volviera a nadar en coca y por cuenta del narcotráfico, se fortalecieran estructuras conformadas por las denominadas “disidencias de las FARC” y se repotenciara al ELN, diezmado durante la época de Uribe.

El resultado, una nueva acción de barbarie y cobardía por parte del ELN, que enlutó la patria al asesinar 20 jóvenes cadetes -en su mayoría deportistas de alto rendimiento- y dejar más de sesenta heridos, en el corazón de la institución policial: La Escuela de Cadetes General Santander.

Hay que recordar que el gobierno Santos lanzó un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que terminó cargando al Estado colombiano con la responsabilidad de la erradicación concertada, donde se obliga a pagar 36 millones de pesos anuales a cada una de las 135 mil familias cultivadoras de coca, bajo la excusa de que no tenían otra forma distinta de supervivencia.

Medio punto del PIB, bailando al ritmo de los adversarios de la democracia, mientras otros campesinos que jamás han delinquido, a duras penas sobreviven ante la desatención absoluta del Estado.

Hoy los grandes beneficiarios son las mafias internacionales que se enriquecen con el negocio del narcotráfico, que a su vez financia la muerte de comunales, erradicadores y líderes sociales, por un lado, y somete nuevamente a la sociedad y al Estado a la barbarie cíclica que una vez más nos confronta y aterra.

El autor material del atentado terrorista perteneció al ELN por más de 20 años y en varias ocasiones, viajó a Venezuela a realizar entrenamientos en manejo de explosivos. Hombre de confianza de alias ‘Pablito’, del COCE, quien vive en la frontera con Arauca, desde donde se ha encargado del negocio del narcotráfico del ELN con Venezuela.

Lo novedoso y aterrador es que sus hombres estarían recibiendo entrenamiento de explosivos por parte de integrantes del grupo terrorista Hezbollah, en Venezuela, al parecer con la participación de cubanos, venezolanos, brasileños, panameños, mexicanos y, por supuesto, colombianos, a quienes les habrían distribuido importantes cantidades de explosivos.

El año pasado, tres senadores de Estados Unidos, entre ellos Marco Rubio, urgieron al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a sumar al Gobierno de Nicolás Maduro a la lista de los países “patrocinadores del terrorismo”, acusándolos de mantener nexos con “terroristas narcotraficantes”, entre ellos, las FARC y ELN.

Lo que más llama la atención, es que aún así, hay personajes en nuestro país que siguen abogando por una negociación con terroristas bajo el argumento falaz del derecho a la paz.

Nos estamos enfrentando a una nueva faceta de amenazas a la humanidad, en la que Colombia vuelve a ser, desgraciadamente, protagonista.

Se busca

Bogotá, enero 13 de 2019

El país conoció un video enviado a los medios de comunicación por el cabecilla del secretariado de las Farc alias Iván Márquez, donde abierta y descaradamente afirma que “fue un error pactar la dejación de armas antes de asegurar el acuerdo de reincorporación política, económica y social de los guerrilleros”.

En ese video, grabado desde un lugar desconocido, cita con orgullo al protagonista del mito fundacional de las Farc -y uno de los hombres que más daño le hizo a Colombia-: Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”; y revela, además, que su esencia guerrerista aún se mantiene viva, reiterando que “las armas debían preservarse como garantía del cumplimiento de los acuerdos”.

En una postura victimizante, justificando el horror de la combinación de todas las formas de lucha, como si ésta hubiera sido esencialmente justa, olvidó el señor Márquez que las Farc no han cumplido con lo pactado.

Para la muestra, están los impresionantes hallazgos de la Fiscalía que, haciendo un rastreo de las rentas ilícitas de las Farc, detectó más de 500 predios urbanos, cinco mil bienes rurales, 207 bienes baldíos, 284 establecimientos comerciales, cerca de un millar de semovientes, unos mil automotores y, por si fuera poco, 232 activos en el exterior y evidencias de caletas de dinero.

El negocio de la guerra les resultó más rentable de lo imaginable y más fácil de sostener de lo que ellos pudieron haber planificado. ¿Acaso no eran un grupo revolucionario cuyo objetivo fundamental se afincaba en la lucha por la reivindicación del pueblo desposeído?

Las Farc, como brazo militar del Partido comunista clandestino, logró con la filigrana de un artesano, tejer la telaraña en la cual quedó el Estado y la sociedad colombiana atrapados: impunidad garantizada a través de un tribunal que maquilla la justicia, llamado JEP; verdad a través de una comisión presidida por un cura afín ideológicamente al ELN -más un séquito de corifeos de la izquierda-, sin ninguna presencia de víctimas de las Farc. Tres millones de hectáreas comprometidas supuestamente “para los campesinos”, como si nunca los hubieran desplazado y asesinado; millones de pesos comprometidos en inversión en zonas donde llenaron de sangre el país, dejando desfinanciados los programas encaminados a la atención de la inmensa mayoría de los pobres en Colombia.

Las Farc y el gobierno Santos le mintieron a los colombianos, vendiendo un escenario utópico de una paz que jamás va a llegar mientras se siga premiando el crimen y no se pague un día de cárcel.

Del paradero de Iván Márquez no se sabe nada desde julio del año pasado; no se ha presentado ante las autoridades y, curiosamente, éstas tampoco lo buscan.
Parece que existiera un macabro “pacto de silencio” donde pretenden hacer creer que hay paz mientras se burlan de sus mismos acuerdos y gritan que el gobierno les está incumpliendo.

Las disidencias se fortalecen y el país se llena de muertos en las zonas de coca y control territorial, donde ahora hay tantos grupos como nunca hubiéramos imaginado.

La paz, para la mentalidad revolucionaria, es la guerra en su esencia. Así, con disfraz de sometimiento al Estado, van poco a poco socavando las ya frágiles instituciones y nos someten a ver desde la barrera, cómo colonizan la política “legal” y mantienen sus fortines -antes ocultos y ahora exhibidos como trofeos de guerra-, para seguir en el camino de la toma del poder.

Hacia una Venezuela libre

Bogotá, enero 7 de 2019

Tarde, pero al fin, Latinoamérica y el mundo comienzan a reconocer la ilegitimidad del gobierno de Venezuela y a llamar por su nombre a la pantomima que se escuda en elecciones fraudulentas, para fingir democracia y constitucionalidad.
Mucho había tardado la comunidad internacional en manifestarse de un modo contundente ante el indecente y sanguinario régimen, pero empezó la cuenta regresiva que determinará el futuro de Venezuela y, de paso, también el de Colombia.
Los gobiernos que integran el Grupo de Lima -incluido Colombia-, han acordado desconocer el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, que inicia el próximo 10 de enero; han declarado que habrá rompimiento total de las relaciones con Venezuela, considerando que el proceso electoral del pasado 20 de mayo no cumplió con los estándares mínimos de la democracia y han ratificado su pleno respaldo a la Asamblea Nacional, como órgano constitucional -ése sí- electo democráticamente.
Maria Corina Machado aplaudió la declaración del conglomerado de cancilleres y llamó a las Fuerzas Armadas venezolanas a sumarse a la línea trazada por la comunidad internacional. También se unió el Secretario General de la OEA, quien pidió a la Asamblea Nacional, como único organismo que reconocen como legítimo en el país, asumir el poder ejecutivo.
En todo este escenario de rechazo apareció  el recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a diferencia del resto de países, aisló a México de esta manifestación contra el régimen de Maduro, apoyando tácitamente el hambre, la miseria y al fin de cuentas, el genocidio del dictador.
Pero las cargas se equilibran, teniendo en cuenta que la investidura de Jair Bolsonaro en Brasil, es vista por el equipo de gobierno de Trump como una gran posibilidad de coordinación entre los paises de la región, para aislar al régimen venezolano.
Llena entonces de esperanza a los verdaderos demócratas del mundo, que el peso de los hechos sea superior al desgastado y falaz discurso socialista, que insiste en “luchar por el pueblo” cuando éste mismo lo aborrece por condenarlo a la migración, el hambre, la miseria, la injusticia y la represión.
Que Dios nos regale en este 2019 una Venezuela libre, de la mano de una heroína como Maria Corina Machado.

Doce deseos en 2019

Bogotá, diciembre 30 de 2018

Este 31 de diciembre renovaré mis expectativas como ciudadana, luego de que el Centro Democrático y las coaliciones de segunda vuelta presidencial, lograran el triunfo para recuperar el poder; bajo el legado de las políticas que transformaron a Colombia en el año 2002, de la mano del Presidente Álvaro Uribe.

Pediré doce deseos, uva a uva,  pensando en cómo construir un país que recoja los anhelos de los electores.

Primera uva: Acabar con la corruptela que nos dejó Santos. Deseable que todos los jefes de Control Interno rindan cuentas periódicamente a Presidencia de la ejecución del gasto público de cada una de sus entidades, previendo aquellas situaciones de vulnerabilidad para evitar el daño fiscal y la robadera.

Segunda uva: Que la cúpula militar renovada recupere el fuero militar y las garantías judiciales para quienes arriesgan su vida y se sacrifican por nuestra libertad. Que se exija que todas las investigaciones estén ajustadas al DIH y a los manuales operacionales.

Tercera uva: Que avancemos en la lucha contra el narcotráfico recuperando el control de territorios vedados para el Estado, a través de planes de desarrollo coherentes con la demanda nacional y sin atender las demandas de aquellos que pretenden tener control territorial y apropiarse de los recursos públicos.

Cuarta uva: Que se genere un subsidio a la demanda, para que los estudiantes de clases menos favorecidas accedan a la educación superior privada. Entretanto  se debe auditar el gasto de la educación pública para ampliar su oferta con calidad académica. No más barril sin fondo de prebendas a rectores y consejos directivos.

Quinta uva: Que se ajuste el presupuesto desmedido de la JEP para que no sea la cueva burocrática de la izquierda.

Sexta uva: Que los jueces de la JEP sean relevados si no cumplen con el principio de imparcialidad. No más jueces ideologizados con sesgos para aplicar justicia sobre nuestra fuerza pública y otorgar impunidad a las Farc.

Séptima uva: Que se limiten las funciones de la JEP al acuerdo. Que no usurpe decisiones relacionadas con la extradición. “El que la hace la paga”, así sea Santrich.

Octava uva: Que se haga justicia en el caso de Andrés Felipe Arias y le sean respetados sus derechos y garantías constitucionales. Sí a la doble instancia para que pueda demostrar su inocencia.

Novena uva:  Que el Presidente Duque gobierne con el partido que lo eligió. El Centro Demócratico tiene la obligación política de legitimar las promesas de campaña apoyando al gobierno desde el Congreso y el Presidente la de gobernar honrando el compromiso con millones de electores.

Décima uva: Que la Fiscalía imponga su autoridad, ubique y capture a los prófugos cabecillas de las Farc que se burlan de sus propios acuerdos de paz,  los lleve a la justicia ordinaria para ser juzgados y, si corresponde, extraditados por narcotráfico.

Decimoprimera uva: Que se recorte el gigantesco Estado burocrático que nos dejó Santos y se ahorren recursos eliminando agencias inútiles y embajadas que no cumplen ninguna función. Los colombianos estaríamos complacidos con estas decisiones.

Decimosegunda uva: Que se reforme la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. No más despojos infames contra propietarios y poseedores de buena fe, en su mayoría campesinos y también víctimas, que ven arrebatado su único medio de subsistencia por cuenta de un estado ladrón. Restitución sí, pero sin despojo.

Doce deseos que, de cumplirse, llevarían a este gobierno a ocupar un lugar de honor y gloria en la historia de Colombia.

Un brindis y salud, por usted, Presidente Duque, por su partido, por Colombia y por todos nosotros.

Feliz Año Nuevo.

Nuestra receta criolla

Bogotá, diciembre 23 de 2018

La razón por la cual la receta socialista jamás ha funcionado, es porque su lógica va en contravía de la esencia del individuo como generador de su propia  riqueza y del desarrollo de una conciencia moral de libertad.
Quienes defienden el ideario socialista, asumen que tienen “derechos” superiores a los del resto de la sociedad y que, además, son incuestionables. Si por alguna razón, cualquiera de estos “derechos” se ve enfrentado a cuestionamientos jurídicos o políticos, automáticamente sus seguidores invierten la realidad y proyectan su imaginario en forma de persecusión o de amenaza.
Por ello, la izquierda goza de toda suerte de privilegios, al convertir sus deseos en derechos: un escenario en que son merecedores de todo y obligados a nada.
En este sentido, se entiende por qué el enfoque  socialista de la economía igualmente transgrede toda lógica de creación y autonomía.
Desde el ámbito de lo público, el “bienestar común” como objetivo a alcanzar, es delegado en unos pocos burócratas que jamás han hecho uso de su propia capacidad productiva y sin embargo, resultan siendo los apoderados de la planificación del éxito y de las oportunidades de prosperidad del resto de la sociedad.
Así, la “redistribución de la riqueza” se convierte en la fórmula mágica para combatir la desigualdad y no el diseño institucional a través de reglas claras, que eviten los abusos de posiciones dominantes, de monopolios de élites vampiras, que combatan la corrupción a la hora de competir y que garanticen la seguridad jurídica y material.
Por esta razón, una institucionalidad atrapada por intereses particulares, en conjunción con las ambiciones de los políticos de turno y aderezada en burocracia y control socialista, va en contravía de la dinámica económica propia de  oportunidades para emprender.
Un país lleno de leyes, reglas y trabas absurdas derivadas del control y de la planificación diseñada la mayoría de las veces por quienes jamás administraron una tienda, destruye la iniciativa privada y ahuyenta la inversión.
Estas reflexiones simples, que ni siquiera son de “derecha” sino de sentido común, son un campanazo para vernos por dentro. Para ventilar nuestra estrategia criolla del desarrollo, a la colombiana, con la que el Estado a través de la planificación socialista,  sólo ha servido para que élites corruptas y sin doctrina, en su ambición desmedida, le sirvan en bandeja al discurso de los pobres -muchas veces promovido entre ellos mismos- y ambienten la alternativa de “probar” la receta del vecindario.
Colombia, mi país, donde los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, está atrapada desde hace años en la telaraña socialista, en la Patria Boba de élites ladronas y burócratas mediocres, donde atreverse a pensar diferente es una afrenta al sistema y ser anarquista es gozar de ella.

 

 

Una solicitud impertinente

Bogotá, diciembre 16 de 2018

La semana pasada se hizo pública una comunicación suscrita por doce diputados europeos, de la camarilla de la izquierda internacional, pidiendo el retiro del Proyecto de Ley 131 de 2.018, de mi autoría, que modifica la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Este acto hostil, en contravía del principio de no intromisión en los asuntos internos de otros Estados, de la soberanía nacional y de la autonomía legislativa colombiana, demuestra una vez más la perversa alianza mundial que pretende subvertir todo orden natural para imponer su plataforma ideológica.

Tal como les respondí por escrito, resulta ofensivo que parlamentarios extranjeros se arroguen el derecho de impartir órdenes a quienes fuimos elegidos democráticamente, como si fuéramos una republiqueta al servicio de extraños intereses superiores.

Aseguran los eurodiputados, que el proyecto de ley pretende “beneficiar proyectos industriales o intereses extranjeros”, repitiendo la retórica aprendida de quienes defienden una ley que hoy deja a campesinos pobres y a víctimas en la total indigencia, al perder su único medio de sustento ante la imposibilidad de demostrar la buena fe exenta de culpa, teniendo que soportar la inversión de la carga de la prueba como si se tratara de narcotraficantes.

El desconocimiento y la ausencia de sustento de la irrespetuosa y descabellada solicitud, me estimuló a aclararles varias cosas que debían conocer, dada su autoproclamación de abanderados de los “derechos humanos”.

La primera, que el proyecto de ley subsana los errores jurídicos de la ley actual y está encaminado a cumplir con el mandato de la Corte Constitucional sobre la atención a los llamados “segundos ocupantes”, de acuerdo con las convenciones internacionales de protección a población desplazada.

También, que contiene una serie de garantías de carácter universal, que fueron desconocidas en la norma original: el principio de la acción sin daño, el de la confianza legítima y el de la doble instancia.

En este mismo sentido, que protege a las víctimas que sufrieron el embate de la violencia por parte de las organizaciones ilegales y hoy deben padecer además, el despojo legitimado por el Estado, al arrebatarles su único medio de supervivencia.

Así las cosas, señores eurodiputados, sobre la base de su absoluto desconocimiento y su nula injerencia… ¡Ustedes a sus cosas y nosotros a las nuestras, como corresponde!

¿Cuál aliado, Santrich o Trump?

Bogotá, diciembre 9 de 2018

La inversión revolucionaria jamás va a aceptar culpas ni delitos, aunque éstos siempre crucen el límite de lo evidente.

La multitud de argucias para solapar la barbarie, estarán respaldadas por el tribunal creado para ese propósito. Sin ningún pudor.

Nos cansamos de advertirlo desde la legislatura pasada cuando nos vimos obligados por el deber de legislar -y en contravía de nuestras más caras convicciones-, a participar en la reglamentación del tribunal diseñado a la medida de las Farc; con el convencimiento de que aquel remedo de “instrumento de justicia transicional restaurativa”, debía ser limitado, pensando que así haría menos daño.

No tardaron los sucesos en saltar a la luz a través de luchas intestinas por el poder, escaramuzas presupuestales, rapiña de cargos burocráticos y todo tipo de confrontaciones que pasaron de lo interno a lo externo por su enfrentamiento con la Fiscalía y con la opinión pública; derivadas de actuaciones contrarias a la norma, desbordando las funciones propias de su actividad.

En abril de este año, una solicitud de extradición de Estados Unidos, acompañada de una acusación por narcotráfico de un juez de New York, llevó a la captura de alias Jesús Santrich. Allí se determinaba la ocurrencia de los hechos criminales entre febrero y marzo de 2017, soportada con las pruebas correspondientes.

Este hecho inesperado encendió las alarmas de las salvaguardas establecidas para los cabecillas de las Farc, que luego de años de tener el control sobre el acuerdo de La Habana, se vieron seriamente amenazados porque la no extradición pactada, no les cubría actividades de narcotráfico ni delitos cometidos con posterioridad a diciembre 1 de 2016.

Hoy la JEP hace toda clase de maromas jurídicas para establecer si febrero de 2017 es antes o después de diciembre de 2016.

De acuerdo con declaraciones públicas, queda claro que su  pretensión es deslegitimar la existencia del hecho, obviar las pruebas presentadas por Estados Unidos y justificar la no extradición de Santrich, bajo el argumento de que “no hay certeza de la ocurrencia del hecho”.

Parece un chiste, pero han detenido un procedimiento que es normal para cualquier delincuente bajo la misma acusación, aún sin tener competencia para hacerlo.

Recordé entonces cuando denuncié el mico en la ponencia del gobierno, durante el fast track, por el artículo 74 (apodado “artículo Santrich”), que otorgaba la función de practicar  pruebas por parte de la JEP, en los procesos de extradición.

De nada valió el ejercicio de frenar desmanes, pues igual escogieron los jueces que quisieron. Ahora la lucha contra el narcotráfico, a través de la figura de la extradición, quedará en espera.

Las Farc cambiaron el modelo de sociedad, desnaturalizando los principios del deber ser, atrapando las instituciones en su imaginario pervertido de curules sin votos, paz sin justicia y víctimas sin reparación.

¡El que quiera ver, que vea!

¿Cuál verdad?

Bogotá, diciembre 2 de 2018

Jamás las diferencias podrán dirimirse si quienes los llamados al arbitraje, manifiestan una clara inclinación hacia una de las partes.
“Yo hoy estoy de fiesta porque las Farc constituyeron su partido político. No solo respeto, comparto sus principios. Buen camino”, escribía en su twitter la comisionada Lucía González, aplaudiendo la fundación del partido de las Farc.
La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, otra de las figuras veneradas por la izquierda, hizo su debut con gran despliegue mediante unas imaginativas tarjetas de invitación, que incluían un espejo. Así, al abrirla, ¡nos miramos la cara y nos enfrentamos a nosotros mismos, para decir la verdad!
A partir de este simbólico lanzamiento esperan, dentro de tres años, entregar el informe final sobre lo ocurrido en el “conflicto” con las Farc.
Parece un chiste, pero Colombia, que vive atrapada por la telaraña comunista, aún escribe y reescribe su historia, pero de la mano de quienes conviven con la barbarie disfrazada de delito político.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Centro Nacional de Memoria (o amnesia) Histórica, la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, los 33 tomos de la Unidad de Justicia y Paz… ¿y aún no terminamos por saber que nos pasó?
Lo que sí es muy curioso, es que aquellos que dicen defender a los pobres, no se sonrojan con la administración de presupuestos abultados donde pelecha su burocracia “derecho-humanitaria”, con una Jep de 200 mil millones (la partida más cara después que su directora, Patricia Linares, le ganara el pulso al ex secretario ejecutivo Nestor Raul Correa). Y la presente Comisión de la Verdad no se queda atrás, pues funciona con 140 personas y un presupuesto de más de $80.000 millones.
Encabezada por el cura Francisco de Roux, que en un video viral en redes manifestaba su “admiración” por los elenos, esta entidad es una creación de la mesa de La Habana con once “comisionados” -ninguno víctima de las Farc ni representante de alguna organización de víctimas de las Farc-, a cargo de nueve regiones y dos áreas temáticas, cuyo mandato es “explicar a los colombianos lo sucedido durante 50 años”. Como si fuéramos idiotas.
El resultado: un organismo sin garantía de imparcialidad, una burla más a las víctimas y la punta de lanza a la reedición de la “verdad”.
En el entretanto, miles de hombres que dieron sus vidas por la libertad, héroes anónimos, torturados y desaparecidos, serán intencionalmente enterrados en el olvido y otros, los que sobrevivieron enfrentando la barbarie, quedarán dibujados como responsables de culpas inexistentes, para apabullarlos moralmente.
En Perú, también fueron seleccionados comisionados arbitrariamente, hubo equiparación injusta de quienes combatieron el terrorismo con los que atentaron contra los derechos humanos de toda la sociedad, injuriaron a autoridades civiles, militares y de policía, omitieron las raices ideológicas del terrorismo genocida, elevaron la delincuencia a status político y difundieron toda clase de mentiras, amparados en “el contexto de la lucha armada”.
Al menos allá sometieron a Sendero Luminoso y a su cabecilla Abimael Guzmán, preso de por vida.
Acá, en el país del sagrado corazón, el Acuerdo de la Habana sigue su  implementación con figuras como la de esta Comisión, que en tres años nos traerá como “producto de la paz” la inversión de la verdad y la victoria del engaño. Y, seguramente, el siguiente gobierno creará otra figura que nos siga enseñando, a través de millonarios contratos, por qué siguen las Bacrim, por qué las disidencias son o no son de
las Farc y por qué los elenos merecen gobernar.

El engaño

Bogotá, noviembre 25 de 2018

La nueva estrategia evasiva del ELN pretende burlar la exigencia del gobierno de hacer efectiva la circular roja de Interpol, que pesa desde octubre sobre el capo alias Gabino, quien permanece en Cuba de manera ilegal.

Bajo la excusa de estar en tratamiento médico “por depresión”, esa guerrilla lo ha designado como jefe negociador, en caso de la reanudación de los diálogos con el gobierno.

En el entretanto, mientras la avanzada terrorista cobra vidas y destroza el ecosistema, informes de Inteligencia Militar revelan que hoy los elenos distribuyen las raciones de las cajas de comida CLAP dos veces por mes (práctica que debería ser exclusiva del régimen de Maduro), en diversas localidades de los estados fronterizos y, después de repartirlas, recomiendan sintonizar “Antorcha Estéreo”, emisora clandestina que invita a seguir su doctrina comunista.

Restando importancia a la confrontación armada de hace unas semanas entre elenos y soldados venezolanos, en la que resultaron muertos varios miembros del ejército del vecino país en un número muy superior al reportado por los medios, queda demostrado una vez más que hoy los negocios de las guerrillas colombianas con el narco régimen de Maduro, son verdaderas alianzas de sangre que permanecen y se fortifican, con grave riesgo para la estabilidad política de nuestro país.

De esta forma, mientras se pertrecha en Venezuela, el ELN ejerce presión ejecutando atentados “multipropósito” al oleoducto Caño Limón, con la intención de extorsionar a las compañías petroleras del sector -como lo ha hecho siempre-, asesina trabajadores y soldados que van en las brigadas de reparación de daños e instrumentaliza a los pobladores de las regiones aledañas, con el mejor estilo de combinación de todas las formas de lucha.  Así, dan cumplimiento a uno de sus objetivos dentro de la autodenominada “Política Minero Energética” y justifican su accionar terrorista bajo la teoría de “evitar que se roben los recursos naturales no renovables”.

Simultáneamente a que aplican todas estas estrategias, aparecen voces como las de las “Mujeres Afro del Caribe” y otras ONG’s, que piden al gobierno reanudar los diálogos; involucrando de esta manera a lo que denominan “sociedad civil” y capitalizando a su favor este hecho, como si fuera la real participación de la sociedad.

Todo un espejismo perverso con el que pretenden dar un disfraz de legitimidad a su lucha, pues sin detener sus acciones armadas, ejercen un pulso de poder para lograr la reinstalación de la mesa de negociaciones.

Una vez más y bajo la falacia de la paz, Colombia está expuesta a cometer el mismo error que con los acuerdos de La Habana, con el agravante que ya todos conocemos: una manipulación perpetua que ya le funcionó a las Farc con el anterior gobierno, cómplice y permisivo, manteniendo a las mal llamadas “disidencias”, bajo cuya sombra amparan su accionar delictivo.

Quienes no conocen la historia están condenados a repetirla.

¿Restitución o despojo?

Bogotá, noviembre 18 de 2018

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras surge como una política pública del Estado colombiano, para enfrentar el problema de miles de desplazados en uno de los países con mayor desplazamiento interno del mundo.

Bajo la premisa de la justicia transicional, se pretendió restaurar a las víctimas del despojo y traer la paz rural.

Sin embargo, una vez puesta en marcha la ley, sus efectos fueron devastadores. Contrario a lo esperado, sus objetivos primigenios no se cumplieron y en cambio sembraron zozobra, angustia y depresión en la población rural que veía cómo lo mucho o poco construido a lo largo de una vida, quedaba irremediablemente perdido por una falsa premisa: que todos los despojos y desplazamientos obedecían a tenencias irregulares y, en consecuencia, los actos realizados no podían ser merecedores de ninguna clase de protección. Una terrible injusticia se conjuraba en su contra.

Así se dio inicio a la aplanadora de un Estado que nunca asumió su propia culpa ante los despojos de la guerrilla y de los paramilitares y que, en cambio, cobraba esta cuenta a los más débiles: los campesinos.

Ajeno a su responsabilidad y dándole crédito a cualquier persona que dijera ser víctima de desplazamiento, el Estado colombiano produjo implacables sentencias donde “la culpa” era endosada a campesinos pobres como si fueran agentes criminales.

Ya no son solamente los paramilitares o la guerrilla los causantes. Es el Estado mismo, que con la excusa de proteger a las víctimas, produce un daño irreparable, revictimizando a quienes sobrevivieron a la violencia rural.

Las hoy víctimas son, en su mayoría, sujetos de especial protección constitucional y además en el pasado también fueron víctimas, incluso de desplazamiento. Ahora son condenadas, nuevamente, a la injusticia del despojo disfrazado de legalidad.

Campesino contra campesino, víctima contra víctima, miles de antiguos propietarios y poseedores vagan como indigentes pues no tienen forma de demostrar su buena fe “exenta de culpa”.

Conocemos el caso del señor Jorge Luis Ochoa, de Copey, César, quien al perder su parcela cultivada con palma y no tener cómo pagar el crédito, se suicidó. O el anciano Víctor Prieto, de 76 años de Rionegro, Santander, que sobrellevaba su pobreza rural con dos parcelas que le fueron  arrebatadas, sin ninguna compensación, cayendo en una depresión clínica profunda.

Crueles, por decir lo menos, han sido los funcionarios de la Unidad de Restitución que indujeron a campesinos vendedores a mentir. Crueles las ONG’s con contratos millonarios con esa entidad, que elaboraron contextos en zonas de violencia generalizada para crear falsas pruebas y contribuir al despojo.  Crueles también, magistrados que en única instancia, violando el principio universal de inmediación de la prueba por cuenta de una ley, valga la redundancia, violatoria de garantías judiciales, que sin escuchar directamente a los testigos ni recaudar pruebas -pues esto es obligación del juez que no decide pero instruye-, produjeron con frialdad sentencias judiciales contrarias a la verdad, convirtiendo en realidad hechos jamás sucedidos.

Hoy, gracias a una tutela interpuesta por la ANUC, la Corte Constitucional señala los vacíos jurídicos de la norma y llama la atención al Congreso y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer una política pública comprensiva con la situación de los “segundos ocupantes”, en el marco de la justicia transicional.

Es un deber de la patria proteger a los desplazados y también a quienes hoy habitan el campo y nada tuvieron que ver con el despojo de los otros. Si bien ningún estado de derecho debe renunciar a restaurar a sus víctimas, tampoco debe producir un daño irreparable a otros ciudadanos al desconocer la realidad rural y exigir lo imposible, cuando la población que afecta es también vulnerable y hoy paga con su escaso patrimonio las omisiones del Estado.